El Ministerio Público confirmó que investiga a Paola Mora Tumminelli, expresidenta del Banco de Costa Rica (BCR), por presuntamente favorecerse de la compra de un centro educativo privado por parte de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (SAFI) del BCR.

Así lo dio a conocer la fiscala general, Emilia Navas Aparicio, en una conferencia de prensa realizada este martes por la mañana.

La jerarca del Ministerio Público destacó que la exfuncionaria bancaria es sospechosa de tres delitos de tráfico de influencias. Uno relacionado con el caso del cemento chino, otro por el otorgamiento de patrocinios a una asociación relacionada con el equipo de fútbol de la Universidad de Costa Rica (UCR) y el tercero con la compra de la institución educativa.

“El tráfico de influencias es porque se otorgaron créditos, facilidades y privilegios para presuntamente favorecer a las personas involucradas en los negocios (...). La diligencia que se realizó el viernes anterior tuvo relación con tres casos, porque en la investigación principal se determinó posible tráfico de influencias en otros hechos y con otras entidades, entonces la diligencia fue justificada en los tres casos”, precisó Navas.

Mora fue detenida el viernes 17 de agosto durante nueve allanamientos realizados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía en Curridabat y Escazú, en San José, así como La Unión de Cartago.

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Un día después, la expresidenta del BCR quedó libre, pero el Juzgado Penal de San José le decomisó el pasaporte y se le dictó impedimento de salida del país. Además, debe firmar cada 15 días en un despacho judicial y se le prohibió tener contacto con testigos de la causa penal.

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Defensa alega inocencia

José Miguel Villalobos, abogado de Paola Mora, manifestó este martes por la tarde que existe intención de perjudicar a su representada, ya que las únicas pruebas que utilizó la Fiscalía para los allanamientos fueron denuncias anónimas, según consta en la documentación con la que él cuenta.

Asegura que más bien fue la exfuncionaria del BCR quien alertó a la Junta Directiva del SAFI sobre un rumor de petición de comisiones para cerrar la venta del centro educativo.

“Cuando llega la solicitud de vender el colegio a la SAFI, como una inversión del banco, doña Paola (Mora) y otro funcionario denuncian en la Junta Directiva de la SAFI que los dueños del colegio están diciendo que hay personas que les están pidiendo comisiones para la venta. Es decir, que ellos denuncian eso, pero entonces, para la Fiscalía la persona que hace la denuncia de que hay gente pidiendo comisión es la que pide la comisión”, explicó Villalobos.

El defensor agregó que el Ministerio Público concluye que Mora indujo a los vendedores del colegio a darle un beneficio a ella y a un amigo suyo a partir de una declaración de un funcionario del BCR, quien aparentemente, conversó con el expropietario de la institución educativa y aportó los datos.

“Eso es absolutamente falso, solo en la mente perversa de ese funcionario bancario, quien será querellado por falso testimonio por nosotros, cabe semejante mentira. Además, es mentira que estuvieran involucrando al hermano de Paola (Mora)”, puntualizó.

Sobre el patrocinio a una asociación relacionada con el equipo de fútbol de la UCR, Villalobos dijo que su cliente recibió una nota del rector de la casa de educación superior, cuando el conjunto académico subió de la Liga de Ascenso a la Primera División.

En la misiva, el jerarca universitario expresó el deseo de seguir contando con el respaldo económico del BCR en la máxima categoría, por lo que el único trámite hecho por Mora fue pasar la carta al entonces gerente bancario, Mario Barrenechea.

"Dice la Fiscalía que la UCR tenía un patrocinio de $10.000 cuando estaba en Segunda División, cuando pasa a Primera División, en el 2015, por alguna razón le quitan el patrocinio y luego se lo vuelven a poner ahora por $100.000.

“En su solicitud, dice la Fiscalía, que doña Paola (Mora) fue la que intervino para que le dieran nuevamente el patrocinio porque con eso un amigo de ella iba a recibir una comisión sobre ese monto”, detalló el abogado de la expresidenta del BCR.

De acuerdo con la fiscala Emilia Navas, de momento los montos de los favorecimientos están en investigación, ya que no están completamente establecidos y no descartó que haya otras personas involucradas en los casos, por lo que es posible que se den otras detenciones a futuro.

Validez de audio

La jerarca del Ministerio Público, en la misma conferencia de prensa, afirmó que también se ratificó la “validez plena” de un audio aportado durante la investigación del cemento chino.

Se trata de una grabación en la que participan el empresario Juan Carlos Bolaños y el ex subgerente del BCR Guillermo Quesada, donde el primero le dice a Quesada que valora la posibilidad de presentar una demanda contra el Banco de Costa Rica (BCR), por “violar el secreto bancario de Sinocem”, la empresa que él usa para importar cemento desde China.

Dicho audio fue cuestionado en los tribunales, pero este martes Navas confirmó su validez. “No es ninguna preocupación para el Ministerio Público”, aseveró.

Por su parte, José Miguel Villalobos, mencionó que dicha grabación es falsa.

“Según el perito del OIJ la grabación se hizo a las 7:18 p. m. y no al mediodía, como dice la Fiscalía. Además, una señora testifica que Juan Carlos Bolaños (importador de cemento chino) no estuvo en el hangar del aeropuerto Tobías Bolaños el 3 de abril del 2017, donde supuestamente se hizo la grabación”, añadió.

El jurista, quien también es defensor de Bolaños, contradijo a la fiscala general, en el sentido de que la grabación había adquirido validez.

“Lo que se determinó es que este no es el momento para resolver ese tema (lo del audio) y que será hasta juicio”, finalizó.

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