EscucharEl Ministerio Público sostuvo ayer que la acción penal contra el exmandatario Miguel Ángel Rodríguez y otros siete imputados en el caso ICE-Alcatel nunca prescribió, como determinó el Tribunal de Apelación de Sentencia de Goicoechea.
Tal argumentación fue hecha por la Fiscalía de Impugnaciones en el primer día de la audiencia de casación ante la Sala Tercera.
Dicha Fiscalía fue representada por José Alberto Rojas, Manuel Gómez, Greysa Barrantes y Cristian Fernández.
En su exposición, Gómez alegó que en el 2005 la Sala IV entró a conocer dos acciones de inconstitucionalidad sobre un artículo de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, el cual se refería a la prescripción de causas por delitos en la función pública.
El fiscal agregó que, con base en la Ley de la Jurisdicción Constitucional, el plazo de prescripción de los procesos en los que se tuviera que aplicar dicha norma quedaban suspendidos hasta que la Sala IV resolviera.
“Eso se dio hasta el 2008. Estamos hablando de cerca de tres años”, dijo a los jueces.
La Fiscalía recurrió a la Sala Tercera luego de que, el 21 de diciembre del 2012, el Tribunal de Apelación de Goicoechea anuló una primera sentencia condenatoria del 2011 y argumentó prescripción de la acción penal e ilegalidad de una prueba.
Con la resolución se beneficiaron el expresidente Rodríguez (quien había sido condenado a cinco años de prisión); Guido Sibaja Fonseca, Édgar Valverde Acosta, Luis Adrián Quirós Carmona (con penas de 15 años); Joaquín Fernández Alfaro, Eliseo Vargas García y Eduardo Fonseca García (dos años). Otro imputado era Alfonso Guardia Mora, quien falleció en noviembre del 2011.
Ellos fueron culpados de recibir dádivas para que se adjudicara a la firma Alcatel una licitación de 400.000 líneas celulares.
Legalidad. Otro de los principales razonamientos expuestos por el Ministerio Público ayer fue que el Tribunal de Apelación no justificó por qué declaró ilegal la prueba bancaria traída de Panamá.
Según el fiscal Rojas, el Ministerio Público gestionó esas pruebas con base en el Tratado de Asistencia Legal Mutua, pero el Tribunal de Apelación consideró que se requería aval de un juez tico.
“El problema que tenemos, señores magistrados, es que no hay justificación para esa tesis. ¿Por qué se tenía que solicitar aval al juez de garantías costarricense? La recolección del elemento probatorio se hizo en una nación distinta, con base en la Constitución Política y legislación del país requerido”, alegó Rojas.
La vista por este caso continuará durante la semana. Los magistrados que lo conocen son María Elena Gómez Cortés (quien presidirá), Jorge Desanti Henderson (juez instructor), Rafael Sanabria Rojas, Rosibel López Madrigal y Rónald Cortés Coto.
