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Cargos por incendio, fabricación o tenencia de materiales explosivos, asociación ilícita y hasta apoyo para el terrorismo figuran en la acusación planteada por el Ministerio Público contra seis hombres y una mujer sospechosos de colocar bombas artesanales frente a Teletica y el Congreso.
De esa manera, la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos confirmó a La Nación que ya tiene lista la acusación en contra de estas personas que, al parecer, integran una banda que colocó los artefactos explosivos entre junio y julio del 2019.
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Dichos delitos son castigados con penas que van desde los cuatro años hasta los 20 años de prisión.
Los imputados en este caso son el supuesto líder del grupo Miguel Alejandro Gutiérrez Pizarro, quien es abogado; Manfred Sandoval Alvarado, alias Macuá; Tobby Rafael Borbón Navarro; Luis Diego Navarro Naranjo; Jerry Humberto Calderón Navarro y Álvaro Ureña Wong.
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Así lo indicó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en octubre del año pasado.También figura como sospechosa una mujer llamada Aida Patricia de los Ángeles Fernández Castro, quien era una maestra con 22 años de experiencia
Según detalló la Fiscalía, la acusación quedó conformada de la siguiente manera:
- Dos delitos de incendio o explosión contra Ureña, Sandoval y Borbón.
- Un delito de incendio o explosión contra Gutiérrez y Navarro.
- Dos delitos de fabricación o tenencia de materiales explosivos contra Calderón.
- Un delito de fabricación o tenencia de materiales explosivos contra Gutiérrez, Ureña, Sandoval, Borbón y Navarro.
- Un delito de apoyo y servicio para el terrorismo contra Fernández.
- Un delito de asociación ilícita contra todo el grupo.
Dicha acusación ya fue comunicada a las partes, “por lo que estas se encuentran en el plazo establecido por Ley para determinar si desean constituirse en querellantes o no”, aseveró el Ministerio Público.
Una vez que el expediente regrese al ente acusador, el despacho lo remitirá al Juzgado Penal para que programe la audiencia preliminar, en donde solicitará que el caso se eleve a juicio.
Actualmente, todos los hombres se encuentran en prisión preventiva, luego de haber sido detenidos por la Policía Judicial en octubre del año pasado.
Pese a que la Fiscalía había solicitado que a Fernández también se le impusiera una medida privativa de libertad, tanto el Juzgado Penal como el Tribunal Penal rechazaron la solicitud. Por eso, la mujer cumple otras medidas cautelares, pero se desconoce cuáles.
El caso corresponde al expediente 19-018537-042-PE.
| Delito | Sanción |
| Incendio o explosión | Se castiga con penas entre los cinco y diez años de cárcel. Si se tratara de un incendio agravado, la condena podría ser de hasta 20 años. |
| Fabricación de explosivos | Se sanciona con prisión de cuatro a ocho años. |
| Apoyo y servicio para el terrorismo | Se pena con hasta diez años de reclusión en un centro penal. |
Bombas y audios con amenazas
El primer caso con el que se vincula a esta organización ocurrió el 26 de junio del año pasado cuando los imputados supuestamente colocaron, a eso de la 1:30 a. m., un artefacto explosivo en la ventana de la diputada Zoila Rosa Volio, del Partido Integración Nacional (PIN).
La bomba tipo molotov provocó daños menores en el despacho. No obstante, la legisladora aseguró que había recibido amenazas en, al menos, dos ocasiones.
Casi un mes después, el 27 de julio, tres sujetos colocaron un extintor lleno de pólvora negra cerca de un ventanal de la Televisora de Costa Rica (Teletica), en Sabana oeste.
Esta vez, el artefacto fue detonado a eso de las 11:30 p. m. y reventó una gran ventana del edificio, según denunció el propio medio en su página de internet. Nadie resultó herido.
Un día después de esa explosión, se divulgaron varios audios en Whatsapp que amenazaban de muerte al presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, e incitaban a atacar medios de comunicación.
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Agentes del OIJ realizaron un allanamiento, el 22 de octubre del 2019, como parte de un operativo para dar con la banda que detonó artefactos explosivos en Teletica y la Asamblea Legislativa. La acción se desarrolló en San Rafael de Quircot, en Cartago. Foto: Alonso Tenorio (Allanamiento)
En una de esas grabaciones, se escuchaba a una mujer asegurando que había que dispararle al mandatario
Desde aquel momento, la mujer se identificó como una maestra de quinto grado y con 22 años de experiencia en educación.
Luego de tres meses de pesquisas y de dar a conocer videos para que la ciudadanía reconociera a los involucrados, el OIJ detuvo a los siete sospechosos durante varios allanamientos simultáneos en Quircot de Cartago, Concepción de Alajuelita, Miravalles de Pérez Zeledón y Guadalupe de Goicoechea, San José, así como en Palmar Norte y Río Claro de Golfito, Puntarenas.
Wálter Espinoza, director de la Policía Judicial, confirmó que en las viviendas de algunos de los sospechosos decomisaron extintores, una bomba de turno, pólvora negra, nitrato de potasio y un temporizador para hacer explotar dispositivos.
La mayoría de estos artefactos, agregó, se utilizan para confeccionar explosivos artesanales.
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