El Ministerio Público investiga cómo un vehículo que era propiedad de la hija de un denunciante por fraude, fue a dar, aparentemente, a manos de una pariente del fiscal que llevaba el caso.
De acuerdo con las pesquisas, el caso se inicia con un acto de donación del automotor de la hija del empresario a un tercero y luego, del tercero a la suegra del fiscal. Al final, el vehículo lo usó en al menos una ocasión la esposa del funcionario.
Los movimientos se realizaron en un lapso de 44 días naturales, según comprobó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y se tramitaron mientras el fiscal dirigía un caso por varios delitos económicos que fueron denunciados por el empresario.
El fiscal implicado, de apellidos Rojas Hernández, fue separado de cualquier investigación y actualmente realiza funciones de fiscal auxiliar en la Unidad Centralizada deDesestimaciones.

La Fiscalía aseguró que esa oficina "no tramita ninguna investigación, sino que se aboca a revisar o realizar resoluciones de asuntos que no son delito”.
La Nación intentó localizar a Rojas pero los dos números de teléfonos celulares asignados a su nombre fueron desactivados. También se procuró contactar a su abogado, Giovanny Bello Muñoz, pero no respondió los recados telefónicos.
No obstante, en una nota que el implicado envió el 1.° de agosto del 2017 a la fiscala Lina Spinelli, encargada de la pesquisa en su contra, expresó: “Abogando a mi derecho de defensa le pido señale fecha y hora para realizar mi declaración indagatoria, esto con el fin de formalizar mis manifestaciones y coadyuvar en la investigación y así lograr una pronta resolución de esta absurda persecución de la cual he sido víctima (...) desde el año 2012”.
La donación, que es la entrega voluntaria de algo que se posee, se concretó entre enero y marzo del 2016, confirmó la oficina de prensa del Ministerio Público.
Esta información forma parte de la investigación preliminar que realizó la Fiscalía del Primer Circuito Judicial de San José.
La semana pasada el asunto fue trasladado a la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción. Se trata del expediente 16-000097-1218-PE.
Paralelamente, la Inspección Judicial también abrió un proceso (causa 16-001650-031-IJ), que está suspendido hasta tanto no se resuelva el asunto penal.
Almuerzo sospechoso
Este caso tiene su origen en una denuncia que presentó, el 24 de octubre del 2016, Monserrat Alfaro Valenciano, jefa de seguridad del Banco de Costa Rica (BCR).
La mujer señaló que en el año 2015 un hombre de apellidos Muñoz Nanne la denunció porque supuestamente durante los años 2012 y 2013, ella se habría aprovechado de su puesto para ayudar a otro hermano de la familia Muñoz, para que presuntamente se apoderara de los dineros de las empresas del mencionado grupo familiar.
Agregó que entre diciembre del 2015 y enero y marzo del 2016, algunos medios de prensa hicieron publicaciones sobre el hecho y que en mayo de ese mismo año allanaron su oficina en el Banco. Precisó que el fiscal encargado de toda la pesquisa fue Rojas Hernández.
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En la queja, Monserrat Alfaro agregó que el 19 de agosto del 2016 fue a almorzar a un restaurante de comida asiática en San José (ella precisa el nombre), y observó en el mismo lugar, al hombre que la había denunciado, al fiscal Rojas y una mujer que es abogada.
"Me senté en una mesa y volví a ver hacia el fondo y vi a (...) Esto fue el 19 de agosto. Tomé fotografías de ellos. No pude comer. Solo tomarme una coca. De hecho, me puse a llorar. Yo le dije a la persona que me acompañaba que yo no podía estar ahí. Pagué y nos fuimos", consta en la denuncia de la cual La Nación tiene copia.
Dicha reunión le pareció sospechosa por lo que junto a sus abogados Francisco Dall'Anese Ruiz y Juan Antonio Mainieri Acuña, realizaron una investigación en la cual detectaron la donación de un carro, que pertenecía a una hija de Muñoz (el denunciante) y que finalmente pasó a poder de la suegra del fiscal Rojas.
Sobre esta denuncia, agentes de la Sección de Delitos Económicos y Financieros del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en el informe 160-DEF-R-254-17, comprobaron que el vehículo donado fue un automóvil marca Hyundai, modelo 2007.
Dicho automotor era propiedad de una hija del denunciante de la funcionaria del BCR, que es apellidada Muñoz. El 26 de enero del 2016, esta mujer donó el carro a un hombre de apellidos Brenes Quesada y este hombre, el 10 marzo del mismo año, lo traspasó también como donación, a la suegra de Rojas.
La Policía Judicial determinó que dichos traspasos se hicieron en un lapso de 44 días naturales y ambos fueron realizados por un abogado de apellidos Rodríguez Castro.
Posteriormente, en el informe 1029-F-17-CI del OIJ, se aportaron fotos en las cuales se verifica que el 26 de abril del 2017, el fiscal Rojas sacó el autómovil Hyundai de la cochera de su casa y lo estacionó al frente. Luego subió al asiento del acompañante y su esposa lo manejó hasta los Tribunales de Justicia de San José, donde dejó al fiscal.
En este caso, las autoridades también realizaron estudios de llamadas entre las personas investigadas.
Paralelamente, Brenes Quesada, en una declaración que rindió ante la Fiscalía, en noviembre del 2017, alegó que compró el carro a la mujer de apellido Muñoz en ¢4,3 millones, dinero que pagó de contado y que en esa ocasión decidieron hacer el traspaso como una donación para evitar el pago de impuestos que se genera de hacerlo como una venta.
Agregó que luego le vendió el carro a Gamboa en ¢4,3 millones y que al igual llegó a un acuerdo para realizar la transacción como una donación.
Este hombre, quien no tiene bienes inscritos a su nombre ni cuentas en los bancos, dijo a los fiscales que no deposita el dinero en bancos porque le da miedo y prefiere guardar el él mismo su dinero.
Todos estos detalles de la investigación trascendieron pues varios documentos del expediente fueron hechos públicos durante el juicio que se realiza en Goicoechea y en el cual figura como imputada Monserrat Alfaro.
El Ministerio Público comunicó que por el momento no podía suministrar más detalles de esta investigación.
