Un juicio contra la jefa de seguridad del BCR, como sospechosa de incurrir en los delitos de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias, develó una serie de líos en una familia dueña de ocho empresas comerciales.
El debate comenzó el miércoles y continuó este jueves en el Tribunal de Juicio de Goicoechea. En el proceso aparece como imputada la abogada Monserrat Alfaro Valenciano, del Banco de Costa Rica (BCR), cuyo nombre tomó relevancia pues estuvo a cargo de las pesquisas internas del conocido caso del cemento chino.
También fue acusado el empresario Miguel Gerardo Muñoz Nanne, de 64 años, a quien se le vincula con los delitos de administración fraudulenta, tráfico de influencias y falsedad ideológica.
La acusación la presentó el Ministerio Público porque, presuntamente, en los años 2012 y 2013, Alfaro se habría aprovechado de su puesto para ayudar a Muñoz Nanne a apoderarse de los dineros de las empresas Muñoz & Nanne.
Miguel Muñoz está en prisión, pues el 16 de enero del 2015 se le impuso una condena de dos años como autor del delito de explotación de adulto mayor en perjuicio de su padre; y, además, enfrenta otra causa como sospechoso del delito de estafa, por el cual se le impuso prisión preventiva.
Los hechos
En la acusación, llevada por los fiscales Natalia Sarkis y Heyser Córdoba, se detalló que durante el año 2012, Monserrat Alfaro, "actuando contra el deber de probidad en la función pública y prevaleciéndose de su puesto como funcionaria de la Oficina de Investigaciones Jurídicas del Banco de Costa Rica, procedió a consultar al acusado Miguel Gerardo Muñoz Nanne en el Sistema Centralizado de Investigaciones Jurídicas del Banco de Costa Rica, denominado SICI, para investigar si había alguna gestión administrativa presentada por sus hermanos en su contra".
Para la Fiscalía, esa acción permitió "darle una ventaja indebida a dicho imputado, la cual pudiese utilizar para el aprovechamiento del patrimonio ilícitamente obtenido".
Asimismo, el Ministerio Público señaló que Alfaro presuntamente acrecentó de forma ilegítima su patrimonio por "dádivas" que habría recibido de Muñoz Nanne por $38.321,73, para lo cual abrió una cuenta de ahorro en dólares en el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR).
La Fiscalía argumenta que el mismo día de la apertura recibió la suma de $18.106,00 "correspondientes a las dádivas otorgadas por el acusado Muñoz Nanne, a cambio de los actos contrarios a sus deberes (...), que consistieron en influir sobre otros funcionarios bancarios para obtener información de las gestiones realizadas por los hermanos del acusado" ante el mismo Banco, con respecto a los dineros familiares.
Rechazan cargos
Luego de escuchar tanto la acusación como la querella, el abogado Francisco Dall'Anese, defensor de Monserrat Alfaro, calificó de "falsa" la acusación.
"Se trata de una acusación falsa y calumniosa (...), está engañosamente redactada (...). El dinero que se le deposita (a Alfaro) es por el pago que le hace Muñoz & Nanne a René Antonio Argeñal Castro (compañero sentimental de Alfaro y quien era el notario de la familia Muñoz)", alegó Dall’Anese.
Posteriormente, Monserrat Alfaro, quien hizo una declaración de poco más de una hora, en la cual aceptó responder preguntas de su abogado y de los jueces, rechazó que ella hiciera trámites que favorecieran a Miguel Muñoz.
Además, explicó que en una ocasión recibió una llamada telefónica de Muñoz, quien alegaba que lo estaban amenazando de muerte y revisando sus cuentas. Agregó que luego de verificar la identidad del denunciante y de chequear en el sistema, le contestó a Muñoz que ese tipo de asuntos debía tramitarlos en la Contraloría de Servicios.
Alfaro agregó que incluso una vez presentó una nota en la cual les dijo a sus superiores que ella no quería hacer ningún tipo de trámite a los Muñoz, y que así consta en el expediente de este caso.
"Rechazo absolutamente todos los cargos que a mí se me han ligado (...). Yo le dije al fiscal que investigó el caso que, si necesita pruebas, yo se las muestro. Yo le entregué toda la información", aseguró.
La funcionaria calificó este caso como "muy extraño" y que siente que es como "una especie de montaje" para perjudicarla; además, sostiene que no ha tenido la oportunidad de defenderse. "Los documentos que yo presenté nadie los validó", añadió.
Acusación a fiscal
Monserrat Alfaro dijo en el sala de juicio que en una ocasión, cuando salió a almorzar a un restaurante capitalino, observó al fiscal que llevó la investigación del caso por el cual ahora se le juzga, de apellidos Rojas Hernández, sentado en una mesa con uno de los demandantes.
Agregó que esa situación le pareció anormal y fue cuando, en conjunto con su abogado, realizó una investigación, durante la cual lograron determinar que la familia del fiscal recibió un vehículo mediante donación, que provenía de los Muñoz Nanne.
Alfaro precisó que el 24 de octubre del 2016 presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público contra Rojas, la suegra de este, de apellido Gamboa, y uno de los hermanos Muñoz Nanne, por los delitos de cohecho impropio y penalidad del corruptor.
"El vehículo que recibió el fiscal; perdón, el vehículo que recibió la suegra del fiscal, lo maneja la esposa del fiscal y lo sigue manejando hasta el día de hoy", sentenció.
En la denuncia, de la que La Nación tiene copia, se precisa que el carro pertenecía a un hombre de apellido Gómez (exempleado de Muñoz & Nanne), quien lo inscribió en el Registro Nacional el 11 de noviembre del 2012, y al día siguiente se lo vendió a una mujer de apellido Muñoz.
El 26 de enero del 2016, esa mujer, según la denuncia, donó el auto a un desconocido de apellido Brenes y, el 10 de marzo de ese mismo año, "sin razón aparente", dona el vehículo a una mujer de apellido Gamboa, quien es la suegra del fiscal Rojas Hernández.
En el documento presentado ante la Fiscalía, Alfaro hace ver que esta situación se presentó en un momento en que el fiscal Rojas realizaba diversos trámites judiciales referidos al caso que en este momento se juzga.
Uno de esos trámites –señalado en la denuncia– tiene que ver con la solicitud del fiscal, con fecha del 10 de marzo del 2016, para allanar las oficinas del BCR, con el fin de decomisar expedientes. Esta acción se realizó el 17 de marzo de ese año.
Ante una consulta hecha por La Nación para conocer el estado de esta denuncia, la oficina de prensa del Ministerio Público comunicó que "La Fiscalía del I Circuito Judicial de San José informó que bajo la causa 16-000097-1218-PE se investiga un aparente delito de cohecho propio en contra de un hombre de apellido Rojas Hernández.
"En este momento, la Fiscalía se encuentra a la espera de que el OIJ remita una ampliación del informe policial. Debido a que el caso se encuentra en investigación, no será posible ampliar más detalles, lo anterior amparados en el artículo 295 del Código Procesal Penal".
Incluso, el pasado 8 de enero, la fiscala general de la República, Emilia Navas, rechazó permitir que Monserrat Alfaro se convirtiera en querellante de esa pesquisa.