Judiciales

Fiscal deja prescribir 43 expedientes penales en cuatro años y medio

Funcionario alega que situación se debió al exceso de trabajo y a que colaboró en otros asuntos de la oficina. Poder Judicial lo suspendió en dos ocasiones por negligencia al desempeñar el cargo.

Un fiscal auxiliar de la Fiscalía Adjunta de Puntarenas dejó que prescribieran 43 expedientes, mientras que otros legajos pasaron largos períodos sin movimientos, entre diciembre del 2013 a junio del 2018. El dato se conoció el pasado 8 de junio, cuando el Consejo Superior del Poder Judicial impuso una suspensión de un mes sin goce de salario al funcionario de apellido Solórzano, de 48 años.

La medida se adoptó porque en una pesquisa realizada por la Unidad de Investigación Fiscal (UIF) del Ministerio Público se demostró que entre el 4 de diciembre del 2013 y el 15 de junio del 2018, Solórzano permitió que prescribieran 10 asuntos y tuvo un retraso significativo en la tramitación de otros 17 procesos judiciales.

Ese no fue el primer castigo que recibió el servidor por el descuido en el trámite de los casos, pues el mismo Consejo Superior, el 5 de marzo del 2020, lo había suspendió del cargo, sin sueldo por un mes y 15 días. En esa ocasión se le atribuyó la prescripción de 33 asuntos entre el 6 de enero del 2014 al 25 de enero del 2018, dato que se obtuvo de una “revisión de escritorio” entregada al fiscal adjunto de Puntarenas, Fernando Cubero Pérez, y que luego pasaron al Tribunal de la Inspección Judicial, para que abriera un proceso administrativo.

En las dos investigaciones internas se constata que los números de expedientes prescritos son diferentes y suman en total 43.

El Consejo Superior calificó las infracciones cometidas como faltas graves y estimó que la medida sancionatoria, de un mes en el último caso, y de un mes y medio en la primera investigación, eran “proporcionales respecto de la falta cometida por el accionado, que se espera lo lleve a una profunda reflexión para que hechos como los investigados no vuelvan a presentarse”.

Demasiado trabajo

El fiscal auxiliar castigado en ambos procesos internos alegó que cuando sucedieron los hechos tenía una carga excesiva de trabajo resultado del rezago de expedientes que debió asumir de la persona a quien relevó. Además, dijo que dedicaba buena parte del tiempo a colaborar con los compañeros en la resolución de otros asuntos propios de la oficina.

Entre los argumentos expuestos por Solórzano está que sus superiores le encargaron llevar pesquisas de pesca ilegal, lo cual demandaba mucho tiempo y que también debía asistir a charlas y conferencias sobre el tema de pesca.

“La carga laboral con la que contaba, las múltiples actividades que hacía, como colaboraciones a mis compañeros, el impartir talleres y coordinaciones con otras instituciones en materia de delitos de pesca, inevitablemente incidieron en los atrasos en la tramitación de los expedientes”, señaló en su defensa.

Asimismo, en un recurso de apelación que presentó dijo: “La sentencia recurrida transmite un mensaje y precedente nefasto para el correcto ejercicio judicial, pues promueve que no exista solidaridad en medio de las altísimas cargas laborales entre compañeros.

“Promueve el egoísmo para que nadie deje su escritorio para atender asuntos ante choques de agenda y promueve que no exista traslado de la experiencia y se expone al subalterno ante una dicotomía, en donde se le obliga simultáneamente a que cumpla labores más allá de las ordenadas y a su vez cumpla con su carga judicial, aún sin sustitución”.

Inactividad excesiva

Tras analizar los hallazgos de las pesquisas internas, tanto la Inspección Judicial como el Consejo Superior llegaron a la conclusión de que había una “inactividad excesiva” en el trabajo asignado a Solórzano, que consideraron no solo provocó atrasos “considerables en la tramitación, sino que también algunas de ellas tuvieron que ser finalizadas de manera anormal, mediante el dictado de un sobreseimiento definitivo por prescripción de la acción penal”.

Para los órganos judiciales, la conducta del encausado generó una afectación a las víctimas y la imagen del Poder Judicial, pues no fue posible cumplir con el principio constitucional de justicia pronta y cumplida, al violentarse el derecho de acceso a la justicia de las personas ofendidas.

Asimismo, en la resolución del pasado 8 de junio se señaló: “Este Consejo comparte el razonamiento de la Inspección Judicial, en el sentido de que el encausado se encontraba en la obligación de darle el trámite y seguimiento a las causas bajo su responsabilidad, por lo que de haber considerado que las cargas laborales y las demás circunstancias que alega impedían cumplir con efectividad sus labores, debió trasladar oportunamente el riesgo a su jefatura”.

La Comisión de Relaciones Laborales del Poder Judicial, un órgano que media entre los trabajadores y el patrono, señaló que en este caso se observó “una omisión de seguimiento por parte del encausado, para que cumpliera con todas las actuaciones necesarias y así evitar atrasos injustificados y que acaeciera el plazo prescriptivo”.

El órgano avaló la sanción impuesta para que “el administrado asuma en el futuro una actitud más proactiva con respecto a los expedientes puestos bajo su control”.

Ejemplos de la lentitud

Estos son algunos expedientes con largos períodos sin movimiento o prescritos.

Expediente: 16-200377-0431-PE: por un delito de peculado. Los hechos se dieron el 22 de febrero y 3 y 4 de marzo del 2016. La última diligencia, realizada el 23 de setiembre del 2016, fue una solicitud de información al rector de la Universidad Técnica Nacional. Inactivo sin trámite, un año, ocho meses y 22 días, desde el 23-09-2016 hasta el 14-06-2018.

Expediente 13-400228-0928-FA: informe no menciona el delito. Recibido el 10 de diciembre del 2013 y no hay diligencias de ningún tipo. Período de inactividad cuatro años, seis meses y cuatro días, desde el 10-12-2013 hasta el 14-06-2018.

Expediente 13-200036-431-PE: delito de administración fraudulenta. Los hechos ocurrieron en julio del 2010. La denuncia ingresó el 20 de diciembre del 2012 y la última diligencia fue en octubre del 2016, cuando se planteó una solicitud de ampliación de informe a la Sección de Delitos Económicos. Período de inactividad un año, ocho meses y dos días desde el 12-10-2016 hasta el 14-06-2018.

Expediente 13-201395-0431-PE: delito de incumplimiento de deberes. Asignado al fiscal el 30 de julio del 2013. Cuando se revisó el 15 de junio del 2018 no había solicitado la investigación respectiva, por lo que el 5 de julio del 2018 se solicitó el sobreseimiento definitivo de la causa por prescripción de la acción penal, desde el 30 de julio del 2015.

Expediente 16-001147-0431-PE: delito de tentativa de homicidio. El hecho sucedió el 22 de junio del 2016 cuando el imputado agredió con cuchillo a la víctima. Causa se abre el 10 de agosto del 2016. El imputado declara el 3 de noviembre del 2016. Período de inactividad un año, siete meses y 11 días del 03 de noviembre de 2016 al 14 de junio del 2018.

Fuente: Expediente 18-002777-0031-IJ de la Inspección Judicial.

Carlos Arguedas C.

Carlos Arguedas C.

Periodista en la sección de Sucesos. Trabaja en La Nación desde el 2000 siempre en la cobertura de asuntos de Sucesos y Jurídicos.