"Manifiesta que no está en condiciones de continuar realizando sus labores habituales en el Poder Judicial debido a que es portadora del síndrome de Sjögren, diagnosticado en el 2008 (...). También se le diagnosticó fibrosis pulmonar intersticial".
Basándose en ese dictamen, el 25 de abril del 2017, tres médicos, pertenecientes al Consejo Médico Forense del departamento de Medicina Legal del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), recomendaron jubilar a la exjueza María Victoria Salas Ruiz, de 33 años.
El Consejo Superior del Poder Judicial acogió el criterio y la pensionó el 6 de junio del 2017, decisión que fue ratificada este mes. Sin embargo, ella continúa la lucha para revertir la decisión, pues insiste en que esta se tomó con base en un dictamen "falso".
Salas Ruiz admite que padece el síndrome de Sjögren, el cual es una enfermedad autoinmune crónica que se caracteriza, principalmente, por la sequedad de mucosas, sobre todo ocular y oral. Por ello, debe usar saliva, lubricante y lágrimas artificiales durante todo el día. Pero esto no le impide laborar.
No obstante, rechaza que sufra fibrosis pulmonar, afirmación que respalda con un documento emitido por la jefatura de consulta externa del Hospital México, fechado el 25 de setiembre del 2017.
Esa enfermedad, según la abogada, la "inventaron" los doctores para "hacer creer que sí tenía un alto porcentaje de incapacidad y darle peso a su recomendación".
Los médicos afirmaron que Salas ha perdido el 67% de su capacidad orgánica por esa fibrosis, la cual es un grupo de enfermedades que causan inflamación o cicatrización de los pulmones.
Por eso, la exjueza denunció a los tres doctores, de apellidos Vargas, Paguaga y Rodríguez, ante la Fiscalía General, el 8 de noviembre pasado.
El Ministerio Público confirmó que el caso se tramita bajo el expediente 17-34-033-PE, por el presunto delito de falsedad ideológica, pero fue trasladado a la Fiscalía de San Joaquín de Flores, en Heredia, porque ahí se localizan las instalaciones de la Medicatura Forense.
El Código Penal establece se castiga con penas de prisión de uno a seis años "al que insertare o hiciere insertar en un documento público o auténtico declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio".
En este momento, el caso se encuentra en etapa preparatoria de investigación, la cual es privada para personas ajenas al proceso penal, confirmó la Fiscalía.
La oficina de prensa del Poder Judicial confirmó que la Inspección Judicial le abrió un procedimiento administrativo a los tres doctores. El caso se tramita bajo el expediente 17-002067-037-IJ, el cual se encuentra en trámite, pendiente de elevar a juicio oral y privado.
Por su parte, la jefatura de Medicina Legal indicó, por medio de la oficina de prensa del OIJ, que no se referirá al tema por tratarse de una causa en investigación.
Consulta
A solicitud del Consejo Superior del Poder Judicial, el 25 de abril del año pasado le realizaron la valoración médica a Salas Ruiz.
En el documento 2017-0000970, del cual La Nación tiene copia, se indica que la jueza padece del Síndrome de Sjögren y que, además, se le diagnosticó fibrosis pulmonar intersticial.
“Es portadora de una enfermedad crónica, irreversible, con tendencia a un mayor deterioro clínico (...) dadas las circunstancias la funcionaria judicial no tiene idoneidad para desempeñar puestos del tipo para los que fuera contratada en el Poder Judicial”, fundamentaron los médicos Vargas, Paguaga y Rodríguez.
Sin embargo, pese a que el resultado lo tenían desde abril, la juzgadora no pudo acceder al diagnóstico completo hasta setiembre pasado.
¿Por qué? Cuando ella los solicitó, le entregaron resúmenes del dictamen en julio del 2017, en el que omitieron que le habían encontrado esa fibrosis pulmonar; solo le hablaban del Síndrome de Sjögren.
"Cuando los doctores hicieron mención de esa enfermedad crónica en el documento, supuse que era el síndrome, porque en ningún momento me indicaron que se trataba de una enfermedad pulmonar y jamás lo supuse porque nunca he padecido de eso", mencionó Salas en entrevista con La Nación.
Además, ella aseveró que está extrañada con tal diagnóstico, porque en ningún momento los doctores le hicieron una revisión minuciosa.
"Me hicieron una revisión física breve que consistió en verme la boca, los ojos, los brazos y hacerme caminar de un extremo a otro del consultorio y presionarme un ganglio que tenía en la clavícula (...) La valoración completa duró unos 15 minutos aproximadamente", detalló en la denuncia interpuesta ante la Fiscalía.
Entonces, cuando se enteró de que el dictamen le había señalado tal enfermedad, pidió una constancia en el Hospital México, firmado por el doctor André Castillo Barquero el 25 de setiembre del 2017.
"En Neumatología atendida el 14 de julio del 2017, se anotó: 'No hay evidencia de enfermedad pulmonar intersticial. No hay compromiso neumológico clínico funcional o radiológico'", se lee en el documento.
Lucha por una oficina
Este caso se remonta a febrero del 2016, cuando la jueza solicitó un traslado de su plaza en propiedad como jueza supernumeraria de la zona Atlántica a San José, porque las condiciones de trabajo le empeoraban el síndrome de Sjögren.
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En junio del 2016, la reubicaron, de forma interina, en la Sala Constitucional.
En paralelo, el Consejo Superior la remitió a Medicina Legal de Medicatura Forense para que determinaran la situación de la jueza. Allí se recomendó reubicarla a un puesto en el que no tuviera que hacer uso prolongado del computador y donde no se viera expuesta al polvo o al aire acondicionado, según se lee en el informe rendido el 27 de setiembre del 2016.
El proceso continuaba, y el 8 de febrero del 2017, el Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional sugirió que Salas fuera trasladada en propiedad a la plaza que ocupaba desde el 2016 en la Sala Constitucional.
Ella llegaría, entonces, a sustituir a su jefa, apellidada Salas, quien actualmente funge como directora del despacho de Presidencia de la Sala.
Cuando le notificaron la resolución, la jueza consultó cuál sería el espacio físico que utilizaría, puesto que ese Tribunal se trasladaría a un edificio ubicado en La Sabana, el cual tendría aire acondicionado. Eso, señaló, iba en contra de las indicaciones médicas.
En un oficio del 7 de marzo del 2017, el Centro de Apoyo le respondió: dejó sin efecto la recomendación anterior y, ahora, proponía que ella fuera reubicada en una plaza en el Programa contra el Retraso Judicial.
Una de las razones por las que tomaron dicha decisión fue porque, en conversación con la jefa Salas, ella manifestó "preocupación" porque la jueza no puede exponerse a aire acondicionado y la estructura lo iba a tener.
"Esa nueva recomendación va en contra del criterio médico, pues en esta me trasladaban a dictar sentencias (...) que requieren de muchas horas de lectura y de digitalización, lo que no permite la alternancia de funciones, ni tampoco me permite descansar la vista", apuntó la juzgadora en entrevista con La Nación.
En marzo del 2017, el Consejo Superior acordó trasladar a Salas a una plaza en San José y dispuso que la funcionaria debía ser valorada por el Consejo Médico Forense, para determinar si podía desempeñarse de forma idónea el cargo que ostentaba. Ahí comenzaron las situaciones que denunció la jueza.
Luego, llegó la decisión de jubilarla permanentemente y, pese a que había logrado que como medida cautelar la dejaran hacer teletrabajo, el 13 de febrero anterior el Consejo volvió a ratificar su decisión de junio pasado y la jubiló.