El exdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Rafael Ángel Guillén Elizondo (1990-1994), reclama al Estado $3 millones por una “injusta” acusación de estafa que se tramitó contra él y su hijo.
El funcionario jubilado presentará una demanda por ese hecho en el Tribunal Contencioso Administrativo, el próximo lunes, según detallaron sus abogados Gustavo Corella, Luis Lechtman y Carlos Porras.
En criterio de estos juristas, la cifra se justifica por el daño moral sufrido por Guillén ($ 2 millones) y su hijo ($1 millón) durante los 11 años que duró el proceso penal, el cual finalizó el 5 de mayo de este año, cuando el Tribunal Penal de San José los absolvió y enfatizó en que los hechos denunciados no configuraban delito.
Los jueces consideraron que el Ministerio Público persiguió a Guillén y allanó su casa por ser una figura pública.
Guillén y su hijo (del mismo nombre) fueron denunciados en el 2003 por un matrimonio de colombianos, con quienes inició una compañía de seguridad.
El negocio no prosperó y los foráneos aseguraron que fueron estafados por $300.000. El Tribunal que resolvió el caso señaló que fue un negocio fallido y que nunca hubo delito.
El fiscal que asistió al juicio pidió la absolutoria.
Afectación. Los abogados de Guillén se basaron en el análisis hecho por los jueces para plantear el reclamo económico.
“Cuánto cuestan 11 años de su vida? ¿Cómo los pesa uno ? No es la misma afectación que sufre una figura pública, un profesional del nivel de don Rafael, que quien no lo es”, reflexionó el jurista Corella.
“La calidad de vida desmejoró a nivel anímico, personal, profesional, e inclusive su proyección institucional-política porque con su experiencia y formación, era para que diera aportes en cualquier cargo público”, agregó Corella.
Por su parte, Porras mencionó que la afectación fue más grave por el largo tiempo del proceso. “No es lo mismo perseguir a un inocente por dos años que durante 11. Este es un caso que no debió durar ese tiempo, porque no era de tramitación compleja; recabar la prueba fue un asunto de meses”, dijo.
Falla. Lechtman comentó que la acusación hecha por el Ministerio Público no especificó cómo se comprobaría que hubo un perjuicio económico contra la víctima y un beneficio patrimonial ilegal.
“El delito de estafa es patrimonial y eso es lo primero que se debe tomar en cuenta. Esto es simbólico, porque demuestra que quien la redactó, lo hizo apurado”, expresó.
El Ministerio Público comunicó en junio que se abrió una investigación sobre la forma en la que se llevó a cabo esta pesquisa.
La entidad dijo ayer que el estudio fue analizado. “Oportunamente se brindarán detalles del mismo, así como de los correctivos a implementar”, agregó la Fiscalía.
Guillén dijo a La Nación que espera que su caso marque un precedente. .
