EscucharEl exboxeador Carl Davies y otros cinco imputados por una presunta estafa de ¢337 millones, detenidos el pasado martes, quedaron libres sin medidas cautelares mientras se investiga el caso.
“Tras realizarse una valoración de los arraigos procesales (laboral, familiar y domiciliar) de estos imputados, se determinó que, por ahora, puede permanecer apegados al proceso sin la necesidad de cumplir medidas cautelares”, informó el Ministerio Público ante consulta de La Nación.
Otros siete investigados tampoco quedaron presos, pero sí recibieron diferentes medidas cautelares por parte del Juzgado Penal de Goicoechea. El presunto líder de la organización, un catequista de 51 años, de apellidos Vindas Aguilar; así como un imputado de apellidos Amador Mejía, tienen impedimento de salida del país y deberán presentarse a firmar cada 15 días. Estas medidas fueron apeladas por la Fiscalía, que busca la prisión preventiva.
De igual forma, una técnica judicial de apellidos Peralta Elizondo y una funcionaria bancaria de apellidos Córdoba Mora fueron suspendidas de sus cargos por seis meses y deberán firmar una vez al mes.
A otros tres imputados, de apellidos Ávila Gómez, Matamoros Bonilla y Gutiérrez Alpízar, solo se les impuso firmar una vez al mes.
Estas personas son investigadas por integrar una banda que estafó cerca de ¢337 millones de remanentes judiciales depositados en cuentas del Banco de Costa Rica (BCR).
La investigación por este caso se inició en el 2021 cuando al parecer los imputados llegaban a esa entidad bancaria con poderes falsos y haciéndose pasar por otros ciudadanos. Una vez ahí intentaban retirar dineros de cuentas del Poder Judicial.
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Los remanentes son dineros provienen de litigios judiciales, los cuales no son notificados a los beneficiarios y, por lo tanto, quedan en las cuentas bancarias.
Este grupo organizado habría suplantado identidades y también utilizado herramientas notariales como poderes especiales o generalísimos. Para ello contaron con el apoyo de funcionarios públicos que suministraron información sensible de los expedientes que se pueden vulnerar, así como notarios públicos y terceras personas que se presentaron a realizar los retiros de dinero.
“Ubicaban cuentas judiciales donde se depositara algún tipo de dinero y con base en eso, mediante alguna persona a lo interno, consultaban esas cuentas y se percataban que había dineros remanentes y hacían un poder ficticio” para retirar los fondos, explicó Randall Zúñiga, director a.i. del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
El martes, el OIJ realizó allanamientos simultáneos en Heredia, Alajuela y San José. La Policía Judicial indicó que el líder del grupo era Vindas, mientras que Davies operaba como frenteador, es decir, prestaba su nombre y su cuenta bancaria para hacer los retiros del dinero.
La funcionaria bancaria Córdoba, al parecer, verificaba si el dinero estaba disponible en las cuentas.
El BCR indicó, en un comunicado de prensa, que a partir de que se detectaron supuestas irregularidades, la Gerencia de Seguridad e Investigaciones colaboró con las autoridades policiales y judiciales en el proceso indagatorio, asimismo, puso a disposición todos los elementos requeridos para el desarrollo de la investigación.
