Este martes el Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública acogió en parte la solicitud que hizo la Fiscalía Adjunta de Probidad, Anticorrupción y Transparencia, de manera que ordenó una prórroga de las medidas cautelares que rigen contra 28 de las 75 personas relacionadas con el caso de supuesta malversación de fondos con obras viales, que dejó un déficit de ¢78.000 millones al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), entre el 2018 y el primer trimestre del 2020.
“Se prorrogan las medidas cautelares por el plazo de 5 meses a vencer el próximo 26 de marzo del 2022. Sin perjuicio que sean revisadas las condiciones por las cuales se prorrogaron estas medidas a fin de determinar si las mismas se mantienen”, dice el documento enviado a las partes por la jueza penal Juliana Jiménez Alpízar. La Fiscalía había solicitado que la prórroga fuera por ocho meses, pero la jueza determinó cinco.
Ese plazo toma en consideración que faltan diligencias puntuales, como la apertura de evidencia y ampliación de informes, “por lo que se considera que un plazo de cinco meses en más que razonable para que el ente fiscal concluya esta etapa. Asimismo, se debe de tomar en cuenta que en este caso hay gran cantidad de imputados con medidas cautelares y dos de ellos con la medida más gravosa de la prisión preventiva, por lo que deberá el Ministerio Público diligenciar con celeridad”, dice la jueza.
Con base en esa resolución, los empresarios Carlos Cerdas y Mélida Solis, representantes de constructoras MECO y H Solís, respectivamente, pasarán la Navidad y el año nuevo tras las rejas, a menos de que prospere la apelación a la que tienen derecho los defensores y que ya anunciaron que van plantear.
Las otras 26 personas están libres, pero la mayoría con medidas como arresto domiciliario con tobillera, firmar de forma periódica en el Juzgado, no salir del país, no acercarse a testigos y la suspensión del cargo, para aquellos que eran servidores públicos.
Una de las imputadas a las cuales le cambiaron medidas fue a Sonia Solís Vargas, hermana de Mélida Solís. Su abogado defensor, Luis Alonso Salazar, dijo que ella anteriormente tenía impedimento de salida, depositar su pasaporte, firmar una vez al mes y no acercarse a menos de un kilómetro de Conavi, y ahora le impusieron mantener domicilio fijo y la prohibición de comunicarse con testigos.
De igual manera, el abogado de Erick Rodríguez Araya, empleado del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, acreditó ante la jueza que su cliente tiene domicilio fijo, por lo que se le eliminó la medida de firmar una vez al mes, pero se mantiene el resto, es decir, impedimento de salida, entrega del pasaporte, no comunicarse con testigos y no acercarse a un kilómetro del Conavi.
La Fiscalía investiga a los empresarios Solís y Cerdas, así como a otras 73 personas entre funcionarios públicos, empleados de constructoras y particulares, así como 12 empresas por una serie de delitos con obras viales agrupados en el Caso Cochinilla, el cual es de tramitación compleja. Un total de 57 operativos que desarrolló el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) permitieron detener el 14 de junio a 30 de los sospechosos por delitos de cohecho propio, tráfico de influencias y estafa en perjuicio del Estado.
Apelarán
La defensa de la empresaria Mélida Solís insiste en que su permanencia en prisión sigue representando un altísimo riesgo para su salud y su vida, ya que padece displasia fibromuscular, por lo que lamentan la resolución emitida este martes, que le extiende la prisión preventiva.
Alegan que el perito oficial del OIJ no logró determinar suma alguna del presunto daño causado al erario público, y agregan que las condiciones del centro penal Vilma Curling no le permiten a su representada contar con la atención requerida para que su salud no se agrave.
El equipo legal anunció que prepara una apelación con el fin de dejar claro que es razonable y proporcional otorgar una medida cautelar sustitutiva a la empresaria y esperan que el Tribunal de Juicio haga preponderar el derecho humano al resguardo de la salud y de la vida sobre cualquier otra razón. Sin embargo, el dictamen médico forense realizado a Solís revela que su salud no se ha visto afectada durante su estadía en prisión. Ese informe fue adjuntado al expediente, aunque también fue apelado por los defensores de la empresaria.
“La resolución es abiertamente ilegal y arbitraria. Se procederá en el momento oportuno a formular el recurso de apelación por evidentes vicios que la misma contiene”, sostuvo Erick Gatgens, codefensor de Solís. Añade que la jueza Jiménez dedicó dos páginas a indicar las razones por las cuales no acogió los argumentos expuestos, “evidenciando su desidia hacia el caso”, indicó.
Por su parte, Erick Ramos, codefensor del empresario Carlos Cerdas Araya, afirmó que van a recurrir la resolución, la cual dijo respetar pero califica como lamentable, pues estima que “obedece a un análisis poco riguroso y contrario al ordenamiento jurídico, que no toma en cuenta los argumentos de las partes”.
Para él, la resolución obedece a factores como la presión mediática, pues estima que la filtración del expediente generó una efervescencia social, así como a la propia situación del Poder Judicial y a la coyuntura que atraviesa el país. “Influyeron de manera perniciosa en una decisión que debió ser eminentemente jurídica y en este caso no lo es, porque no existe ninguna necesidad procesal de continuar con la medida cautelar de prisión preventiva”.
Ramos añadió que en lugar de cárcel, le sugirieron al despacho diez medidas cautelares diferentes, pues dice que del total de demandados civiles, hay al menos 17 personas con más cargos que Cerdas y todos gozan de la libertad en este momento.
Sin embargo la jueza Jiménez indica en la resolución que “el ofrecimiento de medidas alternas en esta etapa no es válido, porque como ya se indicó no existe una variación en las circunstancias que se valoraron a la hora de interponer la medida cautelar”.
Ramos afirma que lo resuelto por la jueza desnaturaliza la medida de prisión preventiva, pues lo que existe es una pena anticipada. “En momentos en que Costa Rica está siendo demandada internacionalmente por la situación en las cárceles, resulta más lamentable la posición resuelta”, puntualizó.
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