Escuchar
Unas 17 personas que en el 2010 invirtieron sus ahorros e hicieron préstamos para comprar vivienda en el fallido condominio Las Vistas, en Santa Ana, valoran la posibilidad de un arreglo extrajudicial con la empresa responsable.
Los abogados de quienes invirtieron millones de colones en ese proyecto fantasma y los representantes de los desarrolladores a cargo, el Grupo Brenes Pozuelo, pidieron al Tribunal Penal de Pavas una semana de plazo para tratar de arreglar extrajudicialmente el asunto.
El condominio se ubicaría a dos kilómetros de la Cruz Roja de Santa Ana, San José.
Olman Monge, uno de los perjudicados, asegura que pagó $35.000 dólares, que era su ahorro de todo años, pero no supo más de ellos.
“Llevamos ocho años de sufrir. Simularon tener una propiedad valiosísima en Santa Ana. Había propaganda en redes sociales y en Internet así como en ferias de la vivienda e incluso un banco privado puso un rótulo en la finca y nos hicieron caer”, dice.
Las casas en el proyecto Las Vistas nunca se construyeron porque había un problema con el terreno, ya que la propiedad ni siquiera pasó a manos de los desarrolladores.
El costo de las viviendas superaba los $186.854 (¢114 millones) y los interesados debían dar como adelanto al menos el 20% o más, es decir $37.370 (unos ¢22 millones). Además, les llegaba un cobrador puntualmente para la tarifa mensual o les cobraban por transferencias.
Parejas recién casadas entregaron todos sus ahorros para iniciar su proyecto de vida familiar en nueva casa, dijo Monge, quien a los seis meses vio que la obra no avanzaba, fue al municipio y le dijeron que la empresa solo había pedido permiso para construir la tapia.
Una finca a cambio
A las 9 a. m. las partes llegaron al inicio del debate que estaba programado desde este viernes y hasta el 28 de marzo.
No obstante, los jueces acogieron la solicitud consensuada de buscar a un acuerdo sin necesidad del juicio. De no ser así, el debate empezaría el 18 de marzo.
En la sala 5 del Tribunal de Pavas, el abogado Rafael Gairaud, representante de los empresarios, propuso entregar una finca de 25.000 metros cuadrados en Tamarindo, Guanacaste, cerca de Hacienda Pinilla, para resarcir la inversión de los afectados.
La iniciativa fue bien vista en primera instancia por los abogados de las víctimas, quienes van a verificar si la propiedad está libre de gravámenes, hacer un avalúo para determinar el precio real del metro cuadrado en esa zona, dialogar con sus clientes y ver si un fideicomiso o una persona jurídica se encargaría eventualmente de los dineros que pueda generar ese terreno y la posterior distribución.
Oscar Brenes Pozuelo, uno de los empresarios demandados, afirmó que a él lo estafó un sujeto que le vendió la propiedad con problemas y no pudo desarrollar el condominio
“Se varó el proyecto. Mi padre y yo perdimos millones”, sostuvo.
Según él, han arreglado con algunos de los afectados, (al principio eran 25), pero con otros hay problemas, porque exigen más dinero del que habían entregado originalmente.
Dijo que son inocentes y que han propuesto devolver lo que realmente corresponde a los afectados que quedan pendientes, mediante la entrega de la finca en Tamarindo, que era un patrimonio familiar.
Ante la propuesta de las partes, el juez que presidió el arranque del juicio, Geovanny Hernández, los citó de nuevo para el 18 de marzo a las 8:30 a. m. “Si no hay acuerdo, ese día empieza el juicio, que se extenderá más allá de lo que originalmente se había planeado”, advirtió.
Erick Ramos, abogado de tres de los afectados, dijo que sus clientes perdieron aproximadamente $100.000 cada uno.
“Las partes lo que necesitamos es verificar el alcance de esas propuestas, ver si son viables y que les permitan recuperar los recursos defraudados”, dijo.
Recordó que la ley permite que haya arreglos individuales, por lo que si alguien quiere arreglar y otros no, el juicio seguirá con quienes se opongan a conciliar.
Didier Mora, representante de otros tres afectados, manifestó que aun recibiendo la finca, no se resarce en su totalidad el daño sufrido. "Sin embargo estaríamos de acuerdo en solucionar el caso así, siempre y cuando se cumplan las condiciones que propondrán.
“Esto viene desde hace casi casi ocho años y hasta hoy es que logramos reunirnos todos para tratar de concretar un acuerdo que solo tiene pendiente el cumplimiento de las condiciones que estamos pidiendo para adquirir la propiedad”, dijo.
Buscan no perderlo todo
Zudik Hernández, abogado de Marialaura Salom y José Salazar, relató que sus clientes son una pareja joven, cuyo sueño era tener una casa y por eso entregaron unos $40.000 que habían pedido prestados.
Este viernes, Hernández comunicó al Tribunal que llegó a un acuerdo días atrás con los empresarios y por eso desiste de la querella y la acción civil planteadas inicialmente.
“Para nosotros ya terminó el juicio. Arreglamos bajo cláusula de confidencialidad, no con dinero, porque sabíamos que no había. La idea era perder menos. Si íbamos a juicio podríamos condenarlos, pero ellos no tienen dinero con qué responder y la gente quería la restitución de su dinero”, dijo.
María Nela Mora, lamentó que la Fiscalía, por tecnicismos, desistiera de la causa judicial. Resaltó que en una fase posterior la jueza de la etapa preliminar consideró pertinente llevar el caso a juicio.
Ella habla en nombre de Douglas Fonseca y Bernal Pacheco, quienes invirtieron sin el retorno esperado. “Consideramos que en un proceso tan largo como este es muy grosero tratar de llevarlo a juicio si existe la posibilidad de conciliar. De no existir una medida alternativa o reparación integral del daño vamos a continuar", puntualizó.
La Dirección de Apoyo al Consumidor del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) recibió en el 2017 un total de 167 denuncias contra 45 empresas del sector inmobiliario. Hasta el 21 de noviembre del año pasado, la cifra alcanzaba las 209, contra 43 empresas.
Por lo anterior ahora rigen reglamentos separados cuyo control está bajo responsabilidad de ese Ministerio.
LEA MÁS: Nuevas reglas elevarán controles a proyectos de vivienda
