Elección de jerarca de la Fiscalía General queda para el año entrante

La elección del nuevo fiscal o fiscala general de la República quedará para el año entrante, posiblemente para después de los comicios presidenciales del 6 de febrero, pues de momento el proceso aún requiere superar varios pasos antes de que la Comisión de Nombramientos del Poder Judicial proceda con las entrevistas a los seleccionados, las cuales están previstas para enero.

Ya las evaluaciones psico-laborales y de antecedentes de quienes postularon sus nombres para ese cargo están en la etapa final de notificaciones y en este momento solo se tramita una apelación. En total, 22 abogados presentaron su nombre para ocupar el cargo que dejó el pasado 29 de junio Emilia Navas Aparicio, quien se acogió a su pensión. Ante ello, el Poder Judicial abrió un concurso el 23 de agosto, el cual quedó cerrado a la medianoche del 3 de setiembre.

De acuerdo con la Directora de Gestión Humana del Poder Judicial, Roxana Arrieta Meléndez, ya se realizó la notificación de los resultados obtenidos en las evaluaciones de los estudios técnicos realizados a los oferentes, lo cual es un requisito, ya que quienes se postulan pueden interponer cualquier observación que consideren pertinente en un plazo de tres días hábiles después de dicha notificación.

Una vez resueltas las apelaciones, se comunican los listados de las personas preseleccionadas, con todos sus antecedentes, a la Comisión de Nombramientos del Poder Judicial y se proyecta que en enero del 2022 comenzarán las entrevistas públicas, luego sigue la ponderación de las notas y se trasladaría la nómina final de quienes superaron la entrevista a la Corte Plena para su debida discusión y designación del nuevo fiscal o fiscala general.

Esta vez el Poder Judicial puso entre los requisitos a los aspirantes, declarar si tienen parentesco con personas litigantes en materia penal y especificar si tienen algún conflicto de interés en el Poder Judicial, es decir si el esposo o esposa, hijos o hermanos trabajan en la institución. Así como si alguno de ellos participa en algún proceso penal, es proveedor o vende algún servicio a la entidad.

Entre los actuales aspirantes al cargo está el fiscal general interino Warner Molina Ruiz; el abogado penalista Ewald Acuña Blanco, la investigadora en fraudes y corrupción, Yara Quirós Soto y Ronald Segura Mena, fiscal de juicio en Cartago, quien ya había aspirado a ese cargo en la anterior elección.

A los aspirantes se les exige ser costarricenses por nacimiento o naturalización con domicilio en el país no menor de 10 años, ser licenciado en Derecho, incorporados al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, pertenecer al estado seglar y ser mayor de 35 años. También, haber ejercido la profesión de abogado durante al menos 10 años, salvo que se trate de funcionarios judiciales con práctica judicial no menor de cinco años.

Asimismo, se pide un mínimo de tres años de experiencia en la supervisión de personal, no tener parentesco de consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive, con un miembro de la Corte Suprema de Justicia. El cargo es por un periodo de cuatro años.

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