El director de la cárcel La Reforma, en Alajuela, deberá tomar vacaciones forzadas por el supuesto nexo que existe entre él y un reo que lideraba una banda ligada a una estafa por ¢500 millones.

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La información fue confirmada por el Ministerio de Justicia y Paz, un día después de que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizara una serie de allanamientos para desarticular esta agrupación y los cuales permitieron la detención de otras 15 personas.

Se trata del funcionario, de apellido Pérez, quien ayer solo fue identificado por las autoridades; es decir, no fue capturado.

Sin embargo, además de él, la directora del módulo D de ese centro penal, apellidada Bocam, también deberá tomar vacaciones. En ese sitio era desde donde al parecer el preso, con sus cómplices, realizaba las estafas telefónicas y, según la investigación, ambos directivos les daban las comodidades para cometer los delitos.

Bocam tampoco fue detenida durante las acciones de este miércoles.

La decisión de separarlos momentáneamente de sus puestos fue de la ministra de Justicia, Fiorella Salazar, quien ordenó a la Dirección General de Adaptación Social y a la Dirección General de la Policía Penitenciaria “que se proceda a iniciar investigaciones preliminares en razón de los eventos informados por la prensa y los allanamientos”, reza el comunicado de prensa enviado por el Ministerio.

Además de esos dos altos mandos de esa cárcel, la Policía también ligó a un policía penitenciario, de apellidos Irigoyen Cruz, por supuestamente ayudar a esta banda. Él sí fue detenido este miércoles y las 5 p. m. de este jueves ya había sido indagado y estaba a la espera de la audiencia de solicitud de medidas cautelares en su contra, confirmó la Fiscalía.

Sobre este caso puntual, Justicia indicó: “Nos mantenemos atentos a cualquier medida cautelar que nos sea notificada por el Poder Judicial”.

¿Y el resto de la banda?

Luego de los allanamientos realizados en Alajuela, Heredia y Cartago, la Fiscalía informó de que detuvo a 15 personas. Como líder del grupo identificó al recluso Edwin Alexis Tencio Rodríguez y quien descuenta una condena de 43 años por homicidio simple, calificado y hurto agravado.

Ese día fueron aprehendidos Tencio Rodríguez (líder), fueron aprehendidos Tencio Villegas (papá del cabecilla), Irigoyen Cruz (oficial), Alvarado Cruz (esposa del jefe), Solís Dávila y Delgado Ruiz. Ellos ya fueron indagados y están detenidos a la espera de la audiencia de solicitud de medidas cautelares.

También fueron capturados los sujetos, apellidados Picado Mesén, Rodríguez Jaime, Rodríguez Barquero y Barquero Gamboa. La indagatoria de ellos estaba aún en proceso a las 5 p. m. de este jueves; una vez que terminen el ente acusador hará la solicitud respectiva de medidas cautelares en contra del Juzgado Penal correspondiente.

Por último, los agentes detuvieron a Tencio Pérez, Rodríguez Pérez, Cascante Ugalde y Méndez Salas, sin embargo, luego de que la Fiscalía valorara sus arraigos procesales (laboral, familiar y domiciliar), determinaron dejarlos en libertad sin ninguna medida cautelar en su contra.

No obstante, pese a que están libres, siguen sujetos al proceso penal y, en cualquier momento, el Ministerio Público podría pedir que cambien sus condiciones.

Estafaban y luego buscaban legitimar dinero

Ni la condena tan fuerte que tiene Tencio Rodríguez sobre sus hombros fue obstáculo para que montara su propia banda dedicada a hacer estafas telefónicas.

Pese a que no trascendió desde hace cuánto operaba este grupo, las autoridades estimaron el perjuicio económico en ¢500 millones.

Según indicó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los miembros de esta banda, quienes en su mayoría son familia del líder, estudiaban todo sobre sus víctimas para, cuando se hiciera el contacto, poder generar empatía con ellos y así hacerlos caer en el engaño.

Una vez que obtenían el dinero, lo trasladaban a una cuenta destino, las cuales pertenencían a terceras personas que, según la investigación, conocían de la ilicitud del movimiento.

Luego, una parte de ese efectivo lo intentaban legitimar al comprar bienes muebles e inmuebles, los cuales ponían a nombre de sociedades anónimas o bien de otros familiares del cabecilla. Para ello, contaban con la supuesta ayuda de un notario, cuya oficina quedaba en Grecia, Alajuela.

Entre lo adquirido por la organización criminal destacan joyas, 180 cabezas de ganado (valoradas en ¢50 millones), dos vehículos lujosos.

También compraron una gran finca en Katira de Guatuso, en la cual supuestamente iba a vivir el líder, una vez que saliera de prisión, dijo el OIJ.

La otra parte de ese dinero la mantenían oculta en distintas propiedades.