Ellos, indicó la Policía, autorizaban el traslado del reo con el único objetivo de brindarle un espacio más privado, el cual Tencio usaba para mantener el liderazgo de su banda dedicada a estafar, vía telefónica, a terceros y la cual sería responsable de robarle a sus víctimas ¢500 millones en los últimos meses.

“Él (Tencio) podía hacer acciones de manera libre, con mucha permisividad y con el uso de la tecnología que requería para los delitos”, apuntó Wálter Espinoza, director del OIJ.

Por esos hechos, la Fiscalía Adjunta de Fraudes y Cibercrimen indicó que hay 12 detenidos.

Por su parte, el OIJ facilitó la identidad de 11 de ellos: tres hombres de apellido Tencio, así como Delgado, Solís, Palacios, Méndez, Irigoyen (policía penitenciario) y Pérez. También hay dos mujeres de apellidos Ugalde y Alvarado (la esposa del líder).

Entre las personas aprehendidas están el reo, los dos funcionarios administrativos del centro penal, cuyas identidades de momento no han trascendido, así como el oficial.

Para lograr desarticular este grupo, las autoridades judiciales realizaron 17 allanamientos en Grecia, Turrúcares y Guatuso, en Alajuela; en Barva de Heredia y en Cartago.

También irrumpieron en el módulo D de la cárcel La Reforma, que es en donde actualmente Tencio descuenta una pena de 43 años por homicidio simple, homicidio calificado y hurto agravado, confirmó el Ministerio de Justicia y Paz. Él ingresó al sistema penitenciario el 30 de mayo del 2002 por una falsedad ideológica, agregó.

Como parte de la decomisado hay joyas, ¢1,5 millones, 180 cabezas de ganado (valoradas en ¢50 millones) y dos vehículos lujosos.

Por su parte, se le pidió criterio al Ministerio de Justicia sobre la presunta actuación anómala de sus funcionarios, pero respondió: “Como es habitual, la institución está a disposición del Poder Judicial para atender cualquier requerimiento en torno a procesos de investigación que ellos lleven a cabo”.

También se intentó conocer si La Reforma es uno de los centros penales que, desde la primera semana de octubre, tiene funcionando el bloqueo de la señal celular; sin embargo, Justicia se mostró hermético al asegurar que, por motivos de seguridad, no pueden brindar ese tipo de información.

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Grupo familiar

De momento no ha trascendido desde hace cuánto es que esta banda opera, pero Espinoza indicó que el perjuicio económico de los ¢500 millones ocurrió en los “últimos meses”.

Lo que se conoce del caso es que Tencio Rodríguez está preso y que la banda está formada, principalmente, por familiares suyos.

De hecho, el segundo al mando en este grupo es un hermano de Tencio, quien, por estar en libertad, se encargaba de la logística. “Él recolectaba el dinero conseguido, reclutaba las personas que prestarían sus cuentas, adquiría los chips y los celulares”, detalló Espinoza.

El papá, por su parte, también se encargaba de receptar el dinero que el grupo sustraía.

Sin embargo, señaló Espinoza, a lo interno de la prisión también maneja a un grupo de sujetos que, de manera constante, llamaban a terceros para intentar despojarlos de su dinero.

El modo de operar de este clan era bastante organizado, ya que hasta hacían una especie de inteligencia previa para conocer a sus víctimas, los movimientos de dinero que hacían y su contexto.

“Un segmento de la banda se dedicaba a estudiar víctimas, a conocer su entorno para que cuando se hiciera el contacto haya empatía, se genere confianza”, detalló Espinoza.

Entonces, una vez que contactaban a la persona, la convencían de facilitar los datos personales, así como los datos de seguridad de sus dispositivos de cuentas bancarias.

“Una vez que las personas aportaban la información personal, el grupo ingresaba al sistema automatizado de datos de la entidad bancaria y traslada el dinero a cuentas de terceras personas o también organizan pagos de operadoras en Internet”, señaló la Fiscalía en un comunicado.

Otra forma de operar era provocar que las víctimas introdujeran sus datos en páginas web falsas o clonadas.

Luego, los criminales sacaban el dinero de las cuentas destino y lo invertían.

¿Y el dinero?

Las autoridades señalaron que una vez que obtenían el efectivo, buscaban la forma de legitimarlo.

Para ello, manejaban contacto con personas que, conociendo la ilicitud del dinero, compraban bienes muebles e inmuebles con ese dinero y hasta ganado, el cual fue decomisado hoy y entregado al Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) para su identificación y tratamiento especial.

Según Espinoza, la organización tuvo apoyo de un notario, ubicado en Grecia y cuya oficina fue allanada esta mañana. Él se encargaba de crear sociedades anónimas para poder inscribir propiedades bajo esa figura. También ponían bienes a nombre de otros familiares.

De hecho, uno de los movimientos que detectaron durante la investigación fue la compra de una gran finca en Katira de Guatuso, en la cual supuestamente iba a vivir el líder, una vez que saliera de prisión.

"Invierten en fincas, vehículos, propiedades de otra naturaleza. Manejaban, también, un importante nivel de dinero en efectivo, el cual ocultaban en las mismas propiedades. Por ejemplo, adquirieron una finca en la Katira. En ese sitio han invertido hasta en ganado, en construcción de infraestructura.

“También compraron un taxi, que inscribieron a nombre del abuelo paterno para poder moverse durante las restricciones vehiculares sanitarias dictadas por la covid-19”, reprochó Espinoza.

Justamente por todos estos movimientos que hacía la estructura es que el fiscal adjunto de fraudes y cibercrimen, Miguel Ramírez López, calificó la investigación como “sumamente compleja”.

"Tiene declaratoria de crimen organizado, porque involucra varios fenómenos criminales para lograr cometer los delitos”, explicó.

El caso se investiga bajo el expediente 19-017027-0042-PE.