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La Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa le pedirá al Ministerio de Justicia y Paz usar brazaletes de vigilancia electrónica en los reos que “libera” para bajar el hacinamiento.
Los legisladores harán esta solicitud el 3 de diciembre, luego de ir a la cárcel La Reforma, en San Rafael de Alajuela, según detalló el liberacionista Antonio Álvarez, presidente de dicha comisión. Esa visita se dará en medio de las críticas que ha recibido el Ministerio por reubicar a 570 reclusos en centros de atención semiinstitucionales (CASI), entre el 16 de setiembre y el 2 de noviembre.
“Si existe la Ley sobre Mecanismos Electrónicos de Seguimiento en Materia Penal, con la cual se permite poner a la gente en libertad con un dispositivo, entonces, ¿por qué no hacerlo?
”Lo lógico sería que si (la ministra de Justicia, Cecilia Sánchez) está urgida de poner a la gente en libertad, la ponga con los mecanismos que faciliten su control”, expresó el congresista.
No obstante, hace dos semanas, Justicia comunicó que la contratación de la empresa para el plan piloto de esos dispositivos con 200 indiciados fracasó por el alto costo de los aparatos, por lo que sacarán un nuevo cartel en una fecha no estimada.
Por lo tanto, Álvarez aseguró que la entidad deberá agilizar la nueva contratación.
El parlamentario añadió que le pedirán cuentas a Justicia sobre el proceso que han llevado a cabo para comprar los aparatos.
“Queremos saber cuál es el plan que tiene la ministra con la salida del nuevo cartel.
”No tenemos elementos de juicio para probar que vaya lento; nada más sentimos que se ha atrasado mucho. Lo que queremos es es que camine rápido y nos preocupa que no esté caminando”, manifestó el verdiblanco.
De acuerdo con la ley sobre mecanismos electrónicos, los brazaletes debían estar completamente implementados a partir de noviembre de este año; empero, la Sala IV reconoció en marzo que la utilización requiere de tiempo.
‘Es insuficiente’. Justicia aseguró que la propuesta de los diputados es válida, pero no es tan viable.
“Uno no podría apostar a resolver las reubicaciones con mecanismos electrónicos, porque son mecanismos caros.
”Los brazaletes tienen un alcance limitado, considerando la población penitenciaria que tenemos (...). No es una medida suficiente; no bastaría”, afirmó el viceministro de Justicia y Paz, Marco Feoli.
Asimismo, Feoli dijo que la reunión entre los diputados y los jerarcas de Justicia será para aclarar ese tipo de dudas.
En cuanto a las críticas hechas al proceso de licitación, el viceministro expresó que toda contratación pública es “lenta”.
“Cuando tuvimos que declarar desierta la primera licitación, fue lamentable”, agregó.
Pero, añadió, desde ese momento, la unidad ejecutora del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se reúne para estudiar los requisitos y sacar un nuevo cartel.
“Vemos si se puede flexibilizar algún requisito, pero esto no tiene injerencia en la calidad. Es flexibilizar requisitos tales como los años de experiencia de la empresa”, ejemplificó. Feoli calificó de “improbable” que la licitación salga en este 2015.
Juan Manuel Cordero, defensor adjunto de los Habitantes, calificó como una medida interesante la propuesta que harán los diputados a Justicia.
“Con el tema de la reubicación, hubo mucha desinformación y eso provocó la crisis. Con esta alternativa, me parece que la gente podría estar más tranquila”, aseguró.
Se intentó conseguir el criterio de algún representante de la Defensa Pública, pero no se obtuvo respuesta.
