La defensa de Carlos Andrés Pérez Sánchez, trabajador de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) condenado en noviembre del año pasado por sabotaje, pidió un nuevo juicio y la liberación inmediata de su defendido.
Henry Loaiza Méndez, abogado del empleado de mantenimiento, hizo las dos solicitudes este martes durante la audiencia de apelación, la cual se realizó en los Tribunales de Goicoechea, en el Segundo Circuito Judicial de San José.
De acuerdo con el defensor, hubo una omisión de consideraciones que para él probarían la inocencia de Pérez.
“Existe una errónea valoración en cuanto a la prueba de descargo, ya que no valora nuestra declaración y prueba documental.
“Lo único para poder solventar estos fallos es que se realice un nuevo juicio, con un tribunal distinto, por lo que se solicita que el Tribunal de Apelación declare la ineficacia de la sentencia y que ordene el reenvío, para que un nuevo tribunal conozca la causa. Además, la solicitud de que no se trate en flagrancia sino mediante un juicio ordinario”, explicó Loaiza.
Durante la audiencia de este martes, Pérez se dirigió al Tribunal de Apelación para cuestionar las pruebas presentadas por la Fiscalía, así como la versión de los ingenieros de Recope utilizados como testigos.
Otro de los cuestionamientos, es que el acta presentada por los oficiales de la Fuerza Pública dista mucho de la declaración brindada durante el debate.
El caso
Pérez Sánchez, de 27 años, fue condenado el 27 de noviembre del 2018 a dos años de prisión por el delito de daños agravados, los cuales habrían sido provocados contra una esfera de almacenamiento de gas ubicada en la planta de Moín, Limón.
La sentencia fue emitida por el Tribunal de Flagrancia de Limón, en relación con hechos ocurridos el martes 11 de setiembre, en el segundo día de huelga contra la reforma fiscal, en la que participaron empleados de la Refinadora.
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Pérez, con ocho años de laborar en Recope, fue declarado responsable por el juez Sergio Céspedes Rivera, quien le negó el beneficio condicional de la pena, por lo cual tendrá que cumplir los dos años de encarcelamiento.
Además, el juez lo inhabilitó durante una década para trabajar en el sector público.
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