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La defensa de la jefa de Seguridad del Banco de Costa Rica (BCR), acusada de supuesto tráfico de influencias, lanzó fuertes críticas al Ministerio Público por presuntas fallas en la investigación que llevó a la realización de un juicio contra la funcionaria.
El cuestionamiento lo hizo el abogado Francisco Dall' Anese Ruiz, durante las conclusiones de un debate que se realiza en los Tribunales de Goicoechea, contra Monserrat Alfaro Valenciano y el empresario Miguel Gerardo Muñoz Nanne.
El defensor de Alfaro alegó que la Fiscalía, durante la pesquisa de este asunto, fue imparcial y le faltó objetividad.
Asimismo, manifestó que a la defensa, ante la inercia del Ministerio Público, le correspondió la tarea de buscar prueba de descargo, que dijo es una función que le corresponde al ente acusador del Estado.
Monserrat Alfaro y Miguel Muñoz enfrentan este juicio desde el 17 de enero pasado por hechos que sucedieron entre los años 2012 y 2013.
Según la acusación fiscal, la funcionaria, presuntamente consultó la cuenta bancaria de Miguel Gerardo Muñoz Nanne en el Sistema Centralizado de Investigaciones Jurídicas del BCR, denominado SICI, para conocer si había alguna gestión administrativa presentada por los hermanos Muñoz Nanne contra Miguel Gerardo. Esa acción, de acuerdo a la Fiscalía, le permitió posteriormente a Miguel Gerardo obtener ilícitamente patrimonio de la familia Muñoz Nanne.
Asimismo, se atribuye a Alfaro acrecentar de forma ilegítima su patrimonio por “dádivas” que habría recibido de Miguel Muñoz por $38.322, para lo cual abrió una cuenta de ahorro en dólares en el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR).
Por esas actuaciones se le atribuye cometer dos delitos de tráfico de influencias (generar un beneficio económico para un particular) y dos de cohecho propio, conducta en la que incurre quien acepte dádivas o promesa de dádivas por hacer un acto contrario a sus deberes.
Para el Ministerio Público la funcionaria debe ser castigada con una pena de prisión de 22 años.
En cuanto al empresario Miguel Gerardo Muñoz Nanne, de 64 años, se pidió una condena de 21 años de prisión por los delitos de falsedad ideológica (incluir información falsa en documentos públicos), tráfico de influencias (influir en un funcionario para obtener un beneficio económico) y administración fraudulenta (alterar cuentas bajo su administración).
En este debate los otros hermanos Muñoz Nanne figuran como querellantes y víctimas, aunque no presentaron ningún reclamo para la recuperación de dinero.
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Alegato de descargo
Francisco Dall'Anese, en su alegato de defensa, explicó que la consulta que hizo la jefa de seguridad del BCR en el sistema SICI fue porque el propietario de la cuenta (Miguel Muñoz) la solicitó, pues temía que hubiese ocurrido algún movimiento irregular.
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Según el abogado defensor, esa es la función que debe desempeñar la jefa de seguridad bancaria cuando algún cliente de la entidad tiene dudas sobre sus dineros. "Ella verifica y después le dice a Miguel Muñoz que debe presentar la queja a la Contraloría de Servicios, que es el trámite que sigue la entidad", manifestó.
Respecto a la apertura de la cuenta en el BNCR, dijo que los $38.322 no son dádivas, sino que corresponden al pago que hizo Miguel Muñoz Nanne a René Argeñal Castro (compañero sentimental de Monserrat Alfaro), por su actividad como abogado y notario, en la confección de 13 escrituras y la respectiva constitución de hipotecas.
Agregó que Monserrrat Alfaro abrió dicha cuenta porque Argeñal no tenía orden patronal, que era un requisito que pedía el banco.
El abogado defensor explicó que debieron aportar los documentos que justificaban los pagos por $38.322, pues la Fiscalía nunca hizo un seguimiento de la procedencia del dinero.
Francisco Dall'Anese solicitó durante la disertación que se absuelva a su representada de los cargos que le atribuye el Ministerio Público.
Este debate continúa este jueves con las conclusiones de Carlos Ibarra, defensor de Miguel Muñoz. Posteriormente, el tribunal integrado por Sergio Quesada, Diego Espinoza y José María Arguedas, deberá fijar la fecha para dictar la sentencia.
