Judiciales

Corte pide un año más para poner a funcionar tribunales de crimen organizado

Ley obliga a poner en funciones despachos especializados en octubre; Poder Judicial requiere presupuesto, adecuar edificio y capacitar personal

Falta de presupuesto, un edificio con más seguridad y personal especialmente capacitado para tratar casos de crimen organizado.

Estos son algunos de los argumentos que planteó el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla, para pedirle a los diputados que le den más tiempo para poner en funcionamiento los juzgados y tribunales que conocerán los procesos por casos vinculados a organizaciones de narcotraficantes, grupos dedicados a la trata de personas, pornografía o bandas de asaltantes bancarios.

Según la Ley de Creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada aprobada por la Asamblea Legislativa el 3 de setiembre de 2017, estos despachos deben estar en funcionamiento el 19 de octubre de 2018, es decir, en siete meses.

El plan incluye especialización de jueces penales, fiscales, defensores públicos y otros funcionarios de los tribunalesespecializados y tribunales de apelación en delincuencia organizada.

No obstante, según Chinchilla, no van a estar listos para entonces. Para posponer la fecha hace falta una reforma legal.

La Corte elaboró un proyecto de ley con un único artículo que trasladaría la fecha de entrada en operación de los tribunales especializados para octubre del 2019. Ese texto fue enviado al Poder Ejecutivo para que esta misma semana lo ponga en la corriente legislativa, como confirmó el miércoles, el viceministro de la Presidencia, Luis Paulino Mora.

“Al ser un tema tan importante, creemos que debemos seguir el criterio de la Corte”, manifestó Mora.

Según Chinchilla, para cumplir a cabalidad con la legislación hacen falta ajustes presupuestarios, más infraestructura y realizar nombramientos especializados.

La razón, dijo, es que el presupuesto de 2018 no tenía previstos los recursos para poner en marcha las nuevas disposiciones, pues el plan de gastos de cada año se tramita con mucha antelación y la ley se ratificó cuando ya estaba listo.

De acuerdo con el viceministro Mora, esperarían que la prórroga sea dictaminada rápidamente en el plenario, por ser algo muy simple.

Su pretensión es que el plan quede aprobado antes de que termine funciones la actual Asamblea Legislativa, el 30 de abril. Es decir, deberán darle trámite, discusión y votación en las 20 sesiones que les quedan, ya que en Semana Santa estarán en receso.

La principal justificación para crear jurisdicción especializada, según el proyecto de ley, es "prevenir, identificar y combatir la penetración del crimen organizado y del narcotráfico, con el fin de asegurar la integridad del sistema de administración de justicia costarricense".

Están expuestos a ese riesgo, por ejemplo, funcionarios de zonas que están en la ruta del narcotráfico, por ejemplo. Entre los puntos vulnerables figuran Corredores, Pérez Zeledón, Liberia, Puntarenas, Nicoya, Alajuela y Limón.

Difícil panorama

A pesar de las razones del presidente de la Corte, el proyecto para trasladar la fecha para abrir los nuevos tribunales se ve complicada.

Así lo señala el diputado oficialista Marco Vinicio Redondo, para quien es difícil que en las cuatro semanas que les quedan se pueda aprobar.

“Es importante ver qué es lo que ellos están planteando para determinar qué podemos realizar. En 40 días no es que sea imposible, pero la probabilidad es muy baja, sin embargo, si se logra sensibilizar, eso se puede ver de la noche a la mañana”, dijo.

Para Mario Redondo, del partido Alianza Demócrata Cristiana, no solo es difícil es que no considera que sea conveniente.

“Me parece que si hay algo urgente en este país es devolverle la paz y la tranquilidad a la gente, que el crimen organizado y el narcotráfico están casi que a sus anchas en el país, con una enorme cantidad de recursos”, explicó.

Ambos legisladores son miembros de la Comisión Legislativa de Asuntos Jurídicos a la que correspondería conocer la propuesta de ley.

Fuera del Congreso, el ministro de Seguridad, Gustavo Mata, coincidió en la urgencia de que entre a operar esta jurisdicción, pero comprende la falta de presupuesto, que atribuye a la crisis del país.

“Eso provoca que un proyecto de ley tan importante y tan necesario en este momento como ese sufra este atraso”, dijo.

A su juicio, el próximo gobierno debe hacer un ejercicio donde se le brinde a la Corte el dinero necesario para que esa ley sea una realidad.

Igualmente, llamó a pronta aprobación de la Ley de Extinción de Dominio y a abrir la posibilidad de extraditar nacionales vinculados a crimen organizado.

Esta normativa vendría a complementar la Ley Contra la Delincuencia Organizada (N.° 8754), aprobada en 2009. Otros avances son la puesta en marcha de la sección especializada contra el crimen organizado que tiene tanto el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como el Ministerio Público.

Para concretarlo, la sección de Desarrollo Humano y la Escuela Judicial coordinarían para realizar pruebas de jueces aspirantes, por citar uno de los aspectos necesarios.

También, para cumplir la ley, el Ministerio de Hacienda debe girar recursos que serían solicitados por la Corte en el presupuesto del 2019. La discusión de ese plan de gastos se inició este miércoles en el Poder Judicial.

Además, una de las disposiciones de la nueva ley señala la seguridadque requiere el personal del Ministerio Público, de la Defensa Pública yOIJ que se desempeñe de manera exclusiva en la JurisdicciónEspecializada en Delincuencia Organizada.

“Luchar contra los carteles, contra la agrupaciones criminales que vanen aumento cada día, de alguna manera obligan a fortalecer esasinstancias judiciales”, acotó.

El Ministro de Seguridad, Gustavo Mata, hizo énfasis en proteger a losjueces, fiscales, policías y demás empleados judiciales que vayan aestar en ese ámbito porque la lucha contra el crimen organizado esfrontal y muy riesgosa.

La Ley de Creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada fue presentada por el Gobierno en el 2015 y los diputados la ratificaron, de forma unánime, dos años después.

Esa ley implica una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial para crear el Juzgado Penal de Delincuencia Organizada, el Tribunal Penal de Delincuencia Organizada y el Tribunal de Apelación de Sentencia de Delincuencia Organizada.

Corresponderá a la persona que encabece la Fiscalía General, determinar cuáles temas van a esa jurisdicción.

Por delincuencia organizada se entiende un grupo estructurado de dos o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente para cometer uno o más delitos graves.

Los golpes del crimen organizado en nuestro país muestran un crecimiento por parte de organizaciones locales y extranjeras.

Uno de los casos mas recientes lo perpetró un grupo de delincuentes mexicanos que en octubre del año pasado asaltó dos joyerías en San José.

El OIJ atribuye más del 40% de los homicidios del año pasado a venganzas y ajustes de cuentas relacionados en su mayoría con crimen organizado, El 2017 cerró con la cifra récord de 603 asesinatos, muchos de ellos se cometieron con ensañamiento.

  • La Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada se aplicará cuando  se trate un grupocompuesto por tres o más personas, que no haya sido formadofortuitamente para la comisión inmediata de un delito, un grupo organizado con división de tareas y permanencia en el tiempo.
  • También cuando se trate de la investigación y el juzgamiento de un delito grave, con  una pena mayor de cuatro años, así como de los delitos conexos, independientemente de la penalidad de estos últimos.
  • La Plataforma de Información Policial (PIP), creada en el 2009, será parte de la estructura administrativa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), como un instrumento de consulta integrada de datos de diferentes fuentes de información pública y privada relevantes a las investigaciones judiciales y al mantenimiento de la seguridad pública. Tiene por objetivo funcionar como una plataforma de información homologada, capaz de integrar todos los datos requeridos para que los cuerpos estatales de policía y de investigación judicial de todo el país la consulten y retroalimenten, como parte de las actividades de investigación, prevención y combate al delito.
  • El Ministerio de Hacienda deberá girar, de forma efectiva y completa, los recursos necesarios que permitan al Poder Judicial la creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada.
  • En toda investigación por delincuencia organizada procederá el levantamiento del secreto bancario de los imputados o de las personas físicas o jurídicas vinculadas a la investigación, el Ministerio Publico y demás sujetos legitimados puedan solicitar la intervención de las comunicaciones o la escucha de las comunicaciones entre presentes o por las vías epistolar, radial, telegráfica, telefónica, electrónica, satelital o por otro medio.
  • Asimismo, debe haber actuación concertada para cometer uno o más delitos graves.
  • La delincuencia organizada exige que exista durante cierto tiempo o por un período de tiempo indefinido.
  • Debe existir una estructura organizada, con un rol o una tarea específica para cada miembro del grupo.
  •  Los tribunales especializados en delincuencia organizada estarán conformados por secciones independientes de al menos cuatro jueces y se integrarán, en cada caso, con tres de ellos.
  • Para ser jueza o juez del Juzgado Especializado en Delincuencia Organizada, se requiere: 1) Ser costarricense en ejercicio de sus derechos ciudadanos. 2) Tener al menos treinta años de edad. 3) Poseer el título de abogado o abogada, legalmente reconocido en el país. 4) Haber ejercido como jueza o juez en materia penal por un mínimo de cuatro años. 5) Poseer capacitación especializada en delincuencia organizada, impartida por la Escuela Judicial. 
  • Estos jueces devengarán un incentivo salarial respecto de los demás jueces del tribunal colegiado.
Hugo Solano C.

Hugo Solano C.

Periodista en la sección de Sucesos y Judiciales. Licenciado en Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

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