La nueva ley crea el concepto y tipificación del crimen organizado como delito y aumenta la capacidad de respuesta e intervención del Ministerio Público para combatirlo. También se amplía el plazo de la prisión preventiva en 12 meses adicionales.
Según Arias, con esta nueva ley se cierran "fisuras legales y técnicas por las que se escurrían los esfuerzos de los funcionarios, se malgastaban los recursos públicos, y se desperdiciaban otros provenientes de las incautaciones al narcotráfico".
La ley también contempla el levantamiento del secreto bancario de los imputados o de personas físicas o jurídicas vinculados a la investigación. La orden será emitida por el juez cuando lo requiera el Ministerio Público.
Asimismo, se crea la Plataforma de Información Policial, que estará en manos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), para acceder a las bases de datos de todos los cuerpos policiales del país.
También prevé la creación del Centro Judicial de Intervención de las Telecomunicaciones, dependiente del Poder Judicial, que se encargará de la intervención o de la escucha de las comunicaciones de los investigados.