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La Corte Plena suspendió este lunes la orden a los jueces penales de visitar a los reos que enviaron a cumplir prisión preventiva, por lo que esa inspección queda ahora a voluntad de cada uno de los funcionarios.
El pasado 28 de julio, los magistrados habían aprobado un reglamento que obligaba a los jueces penales que dictaran medidas cautelares, a revisar, cada tres meses, las condiciones en las que se encontraban esos privados de libertad.
La medida entró a regir en setiembre pero, tres meses después, solo siete jueces informaron al Consejo Superior sobre los resultados de sus visitas.
Desde el inicio, el reglamento había causado preocupación y resistencia en el gremio, por lo que los magistrados comenzaron a recibir peticiones de despachos de todo el país para que suspendieran la medida.
Entre las razones alegadas, estaba que un encuentro en privado del juez con una de las partes contaminaría el proceso. Además, se criticó la inseguridad a la hora de entrar en los centros penales, además de denunciar amenazas y ofensas, junto a la eventualidad de tener que suspender audiencias programadas con anterioridad.
La Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud) también coadyuvó en la petición y gestionó la suspensión de las visitas, con el fin de que la medida fuera discutida y se analizara su conveniencia.
Reacciones. Carlos Chinchilla, presidente de la Sala Tercera, explicó que la suspensión es temporal, para dar paso a una discusión y así la Corte pueda resolver definitivamente.
“Dicen los jueces que han recibido amenazas, maltratos de palabra; hay cuestiones de hecho que están provocando situaciones en las cuales van a tener que excusarse de conocer un caso porque tuvieron contacto directo con el imputado. Esto causaría excusas e inhibitorias de jueces y entorpecería las audiencias programadas”, indicó.
Por su parte, José Manuel Arroyo, vicepresidente del Poder Judicial, lamentó la decisión de la Corte y consideró que los jueces deben seguir haciendo visitas por una cuestión moral y ética.
“Las visitas deben mantenerse. Se suspende la obligación, pero los jueces de todo el país deben hacerlo. Hay una obligación jurídica para que la autoridad judicial visite, vigile y controle la ejecución de las medidas y penas impuestas en prisión”, expresó.
En ese sentido, Arroyo señaló que la ley prevé la figura del juez de ejecución de la pena para reos que ya tienen una condena en firme; pero para los casi 3.000 prisioneros que esperan su sentencia, el responsable es el juez penal.
Roy Murillo, juez de Ejecución de la Pena de San José, resaltó que ellos no tienen competencia sobre reos en prisión preventiva; por ejemplo, si un reo se encuentra enfermo, solo un juez penal puede decidir qué hacer, por lo que defendió la permanencia de la medida.
“La visita de todos los jueces a las cárceles es importante porque le da legitimación y transparencia al sistema y ya ha habido resultados favorables en las visitas de jueces de juicio”, afirmó.
