Este reo dice que pasa frío en las noches y, por eso, se enferma de gripe continuamente. Pagó ¢4.000 por una colchoneta y duerme en el suelo, mientras sufre porque sus dos hijos menores dependen económicamente de él.
Desde que entró a prisión preventiva –dos meses y medio atrás– ha perdido 10 kilos. Está recluido en una celda para 30 privados de libertad, pero hay 52. Su esposa, embarazada, lo visita cada 15 días.
Los datos fueron consignados por un juez penal de Puriscal, durante una visita que realizó el 26 de setiembre a la cárcel de San Sebastián para conocer cómo estaba el imputado al que impuso la medida cautelar.
Luego de la entrevista, el juez, de quien se reserva su identidad, consignó: “El hacinamiento es evidente; el calor, insoportable”.
Esa inspección se debió al reglamento aprobado desde el pasado 28 de julio por la Corte Plena, el cual obliga a los jueces penales que dicten medidas cautelares, a visitar, cada tres meses, a los reos sin condena. En ese momento se trataba de 2.894 presos.
Los jueces deben verificar si las condiciones de reclusión respetan los derechos fundamentales y rendir informes trimestrales. Sin embargo, hasta octubre, solo siete funcionarios habían obedecido esa disposición.
Entre los hallazgos, señalaron que los detenidos duermen en el suelo, en ámbitos hacinados, asimismo, detectaron problemas de atención médica y amenazas de muerte (en un caso). Incluso, en uno de los penales no se pudo completar la visita porque había una epidemia de varicela.
Esos siete funcionarios laboran en los juzgados penales de Puriscal, Liberia y Buenos Aires, el Juzgado Penal Juvenil de Cañas y en los Tribunales de Juicio de San Carlos y Puntarenas. Las entrevistas fueron en las cárceles de San Sebastián, La Marina, Zurquí, Liberia, El Roble y Pérez Zeledón, entre setiembre y octubre.
El Juzgado Penal de San Carlos presentó al Consejo Superior una inquietud, ya que los reos se molestaban cada vez que el juez acudía a investigar cómo se encontraban pues, desde la primera visita, le habían manifestado que dormían en el piso y, sin embargo, el problema no fue solucionado.
Pero el Consejo sostuvo que la visita debía mantenerse y los hallazgos, comunicarse a la cárcel.
Preocupados. La Nación conversó con cuatro jueces del Tribunal de Juicio de San José, quienes están preocupados porque se pretende que tengan acercamientos en privado con una de las partes.
Juan Carlos Pérez, coordinador de ese despacho, dijo que no pretenden desobedecer y que varias veces han pedido a la Corte Plena escuchar sus inquietudes sobre la efectividad, conveniencia y peligrosidad de esas visitas.
La jueza Patricia Solano sostuvo que el contacto tan cercano con un imputado en prisión pone en riesgo la pureza del proceso. Ella preguntó, por ejemplo, ¿qué sentiría la víctima de una violación si el juez que resuelve el caso se reunió con el sospechoso?
Para ella, puede generarse una simpatía o antipatía, lo que afecta la objetividad. Añadió que ellos tampoco pueden girar órdenes a Adaptación Social sobre cómo administrar una prisión.
Por su parte, Pérez recordó que los defensores de los privados de libertad y la Defensoría de los Habitantes revisan las condiciones de los reclusos.
Otras dudas expresaron las juezas Irena Barrantes y Nuria Villalobos. La primera cuestionó que la medida sirva para humanizar al juez, pues ellos no toman en cuenta temas como el hacinamiento para dictar prisión preventiva o liberar a un reo; en tanto, Villalobos resaltó que además tienen una agenda llena de juicios que no pueden suspender para realizar estas diligencias.
Ellos y la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud), pidieron a la Corte Plena que suspenda las visitas para poder discutir y analizar la medida.
