Carlos Arguedas C.. 14 diciembre, 2019
El pasado 9 de setiembre del Tribunal de Juicio de Goicoechea sentenció a María Marta Silva a cuatro años de prisión. en ese momento la imputado pidió no tomar su imagen. Foto Alonso Tenorio
El pasado 9 de setiembre del Tribunal de Juicio de Goicoechea sentenció a María Marta Silva a cuatro años de prisión. en ese momento la imputado pidió no tomar su imagen. Foto Alonso Tenorio

La corredora de bolsa, María Marta Silva Meneses, salió de la cárcel el pasado 2 de diciembre, en condiciones confusas, tres meses después de haber sido condenada a cuatro años de prisión por un fraude de $1,2 millones (¢685 millones), el 9 de setiembre.

La mujer permanecía en el centro penitenciario Vilma Curling, en San Rafael Arriba de Desamparados.

El día que la liberaron, el 2 de diciembre, expiró el periodo de prisión de preventiva que un tribunal le había impuesto por otra causa pendiente de ir a juicio, en la que se le acusa de otro fraude por más de $32 millones (¢18.270 millones).

Sin embargo, desde octubre pasado, había quedado en firme la pena de cuatro años de cárcel por el caso de los $1,2 millones, sin derecho a ejecución condicional.

La sanción se la impuso el Tribunal Penal del II Circuito Judicial de San José, con sede en Goicoechea, mediante un proceso abreviado al que ella se acogió.

Incluso, Silvia había sido puesta a la orden del Instituto Nacional de Criminología, para que cumpliera con la sentencia.

Dos órdenes distintas en un mismo día

La abogada Gloriana Valladares Navas, representante de 19 víctimas en el caso de los $32 millones, declaró que la corredora de bolsa no debió ser liberada y que su liberación se produjo en condiciones extrañas, por lo que pidió a la Fiscalía investigar.

Relató que, el mismo 2 de diciembre, el Tribunal Penal de San José, que tramita el expediente por la presunta estafa de $32 millones, en el cual hay 19 afectados, realizó una audiencia de prórroga de la prisión preventiva de Silva.

No obstante, debido a que la mujer cumplió el plazo máximo que un imputado puede estar encarcelado sin ser sometido a juicio, de 36 meses, el tribunal ordenó excarcelarla.

Por esa razón, a las 4:28 p. m., la justicia envió una comunicación al centro penal Vilma Curling informando de que la imputada María Marta Silva debía ser puesta en libertad, si otra causa no lo impedía.

Empero, en la misma audiencia, la parte acusadora le recordó al tribunal la existencia de la sentencia firme por el fraude de $1,2 millones, por lo cual el mismo despacho remitió a las 5:40 p. m., una segunda comunicación al Vilma Curling, en la cual le informaba que Silvia tenía una condena en firme. Sin embargo, para esa hora, la mujer ya había salido de la cárcel.

Según Valladares, el paradero de Silva se desconoce 10 días después de su liberación, pues no ha actualizado su domicilio en el Tribunal de Goicoechea. No descartó que, en las próximas horas, se pueda emitir una orden de captura.

Empero, el abogado Mauricio Brenes, defensor de María Marta Silva, rechazó cualquier acción anómala en este caso, al tiempo que advirtió que su representada se encuentra en el país.

Precisó que tiene tiempo hasta el martes 17 de diciembre para informar al despacho judicial sobre el domicilio de Silva y advirtió de que presentó un incidente al Juzgado de la Ejecución de la Pena, porque en su criterio la corredora de bolsa ya cumplió la sentencia de los cuatro años por el tiempo que pasó en prisión preventiva.

“No fue oscuro lo que sucedió ni hubo ningún error. No hay orden de captura. Estoy pidiendo que se haga una liquidación de la pena con la prisión preventiva que descontó mi representada”, manifestó el abogado.

Recuento del caso

María Marta Silva una empresaria ligada al financiamiento de equipos de triatlón, fue detenida el 2 de diciembre del 2016, como sospechosa de cometer un millonario fraude.

En aquel momento, la Fiscalía le atribuyó que, desde el año 2009, se dedicó a recibir dinero de inversionistas por el cual pagaba altos intereses. Los fondos los invertía en la bolsa de valores, creando fideicomisos y adquiriendo certificados de depósitos a plazo.

Sin embargo, en el 2016, dejó de honrar los pagos, por lo cual los afectados llevaron el caso ante el Ministerio Público.

La Fiscalía abrió un proceso penal por los delitos de estafa, administración fraudulenta, intermediación financiera, uso y falsificación de documentos.

Desde el 2 de diciembre del 2016, Silva descontaba prisión preventiva por estos hechos, los cuales se tramitaron en dos causas penales, ambas en Goicoechea.

El 9 de setiembre pasado, la mujer fue llevada a juicio en un proceso en el cual había dos afectados. En el debate, estas personas aceptaron un procedimiento abreviado mediante el cual se les devolvía $1,2 millones y Silva recibió una condena de cuatro años, sin posibilidad de ejecución condicional de la pena.