EscucharCasi 11.000 educadores constituyen la mayor parte de los 14.876 funcionarios públicos de más de 30 dependencias estatales y 2.584 pensionados que, a inicios de agosto, sufrieron un rebajo en sus planillas sin su consentimiento.
El detalle brindado por la Tesorería Nacional revela que, en el mismo Ministerio de Hacienda, 158 personas fueron afectadas por la Cooperativa Coopeeducación R. L. Por razones que siguen en investigación judicial, a esas 17.460 personas se les dedujeron ¢15.000 por concepto de afiliación, aunque no están asociadas a dicha cooperativa.
El 21 de agosto, el Ministerio de Hacienda confirmó el trámite de reintegro, pues ese cobro se realizó sin el aval de los afectados. Esto representó más de ¢261,8 millones que la Tesorería Nacional tuvo que devolver ante las quejas de los afectados y una denuncia presentada ante la Fiscalía. A los empleados se les reintegraron un total de ¢223,1 millones y a los jubilados ¢38,7 millones.
La entidad tuvo que realizar de manera rápida un trabajo adicional debido a ese inconveniente, en aras de no afectar a los miles de empleados públicos y jubilados a los que se retuvo ese monto. La mayoría de reintegros se hizo por medio del Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (Sinpe).
De acuerdo con el Ministerio Público, el caso sigue en investigación en la Sección Especializada Contra la Estafa y el Fraude Registral del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), y se están llevando a cabo las diligencias pertinentes bajo la coordinación de la Fiscalía del Primer Circuito Judicial de San José.
Añaden que, al tratarse de un caso en investigación y de acuerdo con lo estipulado en el artículo 295 del Código Procesal Penal, todavía no pueden proporcionar detalles.
Además de los docentes, resultaron afectados funcionarios de más de 30 dependencias estatales, como los ministerios de la Presidencia, Planificación, Obras Públicas, Agricultura y Comercio Exterior. A ellos se suman policías de los ministerios de Seguridad y de Justicia y hasta una persona de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, una entidad pública que no es parte del Estado, ya que tiene personería jurídica y patrimonio propio.
Jonathan Flores, representante sindical del Ministerio de Seguridad Pública, donde más de 2.500 policías y funcionarios sufrieron la rebaja, comentó que, luego de realizar una manifestación con decenas de funcionarios y sindicalistas en la Tesorería Nacional el 19 de agosto, para expresar su inconformidad, no han recibido ninguna comunicación oficial de esa entidad.
Sobre el accionar del OIJ, Flores afirmó que el esquema judicial es algo lento, pero confían en que la investigación sirva como precedente para que el Gobierno tome medidas y esto no vuelva a ocurrir. Agregó que la intención es prevenir un fraude futuro, considerando las facilidades que tienen ciertos entes para inscribirse en el Ministerio de Trabajo y el Registro Nacional, con la potestad de obtener fondos por deducción de planillas.
Policía considera que fue un abuso y pide investigar a fondo
Jessie Gerardo Cruz, policía penitenciario de Puntarenas afectado por la rebaja, confirmó que el 27 de agosto se le reembolsó el monto que le había sido deducido sin su consentimiento, y que en la segunda quincena, recién pagada, no se aplicó ninguna deducción para Coopeeducación R.L.
Añadió que no conoce esa cooperativa y no tiene, por ahora, ningún interés en afiliarse. Considera que fue un abuso realizarles el cobro por concepto de afiliación a una entidad que ni siquiera conoce y con la que nunca ha tenido contacto.
Afirma que, aunque Hacienda reintegró los fondos tras las denuncias, no ha dado ninguna explicación a los afectados. “Cuando vi que faltaba plata, pensé que me habían embargado, y si no hubiéramos averiguado, creo que muchos no se habrían dado cuenta de lo que pasaba”, declaró Cruz, de 31 años, vecino de Barranca.
Más allá del monto deducido, lo que le sorprende es el abuso y la facilidad con que se puede burlar el sistema, sin que la Tesorería Nacional asuma responsabilidades y aclare la situación. Nunca se ha visto que 17.000 personas se afilien a una cooperativa al mismo tiempo. A su juicio, podría haber una intención criminal en el asunto.
Los números telefónicos registrados para Coopeeducación R.L. son el 8642-7281 y el 8710-1002, pero en ambos solo responde una contestadora que remite al correo de voz.
Como gerente general figura Donovan Marenco Molina, quien expresó mediante un mensaje de WhatsApp al medio crhoy que lamentan lo ocurrido, atribuyéndolo a “problemas internos entre esa institución y sus asociados activos o pasivos”. “Fue simplemente un problema de sistema interno que se está mejorando”, afirmó Marenco a ese medio, sin dar más detalles sobre la cooperativa.
El Ministerio de Hacienda no interpuso ninguna denuncia por este caso, aunque asegura que ha brindado todo el apoyo a las autoridades con la información requerida. El expediente de la causa judicial es el N.° 24-023677-0042-PE.
Según esa entidad, en el presente caso los fondos no se transfirieron a la cooperativa involucrada, de manera que así como se retuvieron inicialmente, luego fueron devueltos a todos los afectados. De igual forma se eliminó el código deductor a Coopeeducación R.L.
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