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Son muchas las casas a la orilla de la quebrada Común, en Concepción de Alajuelita; sin embargo, solo Miguel Sandoval tuvo la suerte de recibir una denuncia en su contra.
Ahora, deberá botar la vivienda que construía desde el 2011 por invadir el área de protección de la quebrada y, además, tendrá que pagar la demolición, según determinó el Tribunal Penal de Pavas el pasado 5 de julio.
Incluso, fue condenado a seis meses de cárcel por desacatar una primera sentencia del 5 de diciembre del 2017, pero evitó la prisión por no tener antecedentes penales.
Sandoval, vecino de Concepción, es porteador y llegó al país hace 25 años proveniente del municipio salvadoreño de San Miguel. Él alega que lo denunciaron por ser extranjero.
El caso comenzó en el 2014, cuando el dueño de un cafetal al otro lado de la quebrada, acusó a Sandoval ante el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) por invadir 139,72 m² del área restringida de la quebrada. En el sitio, se levantó una losa de cemento sobre columnas del mismo material.
El caso lo tomó posteriormente la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental.
El sector frontal de la casa, que no invade la quebrada, sigue en construcción. Allí Sandoval vivirá con su esposa e hijo.
“Ellos (los otros vecinos) tuvieron suerte de que no los denunciaron, es como con los asesinatos, que hay diez y se resuelven solo dos, yo fui el premiado”, afirmó Sandoval.
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Ley vulnerada con frecuencia
La Ley Forestal establece un área de protección para ríos y quebradas de 15 metros en zona rural y 10 metros en zona urbana.
El Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), ente encargado de inspeccionar el cumplimiento de esta legislación, investiga solo si hay una denuncia de por medio.
Del 2011 al 2017, el Sinac recibió 7.545 quejas por invasión a las áreas de protección. Después de los estudios técnicos, 2.297 (30%) fueron remitidas a tribunales.
Los informes pueden alertar sobre edificaciones que violan la Ley Forestal aunque no hayan sido denunciadas, pero los tribunales tienen la última palabra.
Rafael Gutiérrez, director de la Región Central del Sinac, aseguró que son usuales los casos como el de la quebrada Común.
“En un estudio puede determinarse que no solamente hay un inmueble invadiendo, sino que hay diez, 15 edificios en el área de protección. Hemos tenido esas situaciones en donde el informe técnico puede decir que hay varias casas invadiendo la zona de protección, aunque no haya habido denuncias”, dijo Gutiérrez.
Un estudio del 2014 de la Contraloría General de la República (CGR) advirtió que 6,22 hectáreas de áreas de protección estaban invadidas por ocupación humana, principalmente a lo largo de los ríos Torres, Cañas y Toyogres en su recorrido por 10 de cantones de San José, Cartago y Alajuela. De estas, 4,58 hectáreas estaban ocupadas por edificaciones y 1,64 tenían cultivos.
La gran cantidad de obras a la orilla de ríos y quebradas provocan inundaciones y desbordamientos en época lluviosa, principalmente en el Valle Central.
