EscucharCinco oficiales de Tránsito sospechosos de formar parte de una banda dedicada a cometer fraudes registrales quedaron en libertad, este jueves, según se determinó en una audiencia del caso Madre Patria.
La liberación fue confirmada por el abogado William Anderson, defensor de los agentes, durante la vista preliminar realizada en la sala de juicio 1 en los Tribunales del Primer Circuito Judicial, en San José.
Los funcionarios son de apellidos Campos Bolaños, Alvarado Amador, Morera Quesada, Ramírez Zumbado y Pérez Alcázar.
A ellos se les vincula con un grupo criminal liderado por los españoles Unaí León Nuñez y Fernando Gómez González, quienes se hacían pasar por empresarios de bienes raíces en Costa Rica.
Según la investigación judicial, la organización se dedicaba a fraudes registrales con propiedades que, después de modificar sus datos, vendían a terceros inocentes.
La banda también legitimaba el dinero recaudado mediante inversiones en autobuses de transporte público y criptomonedas, así como en la compra y venta de vehículos de alta gama.
Precisamente, Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), indicó que los oficiales investigados emitían partes a líneas de buses “rivales” con la intención de afectarlas.
Anderson indicó que, a pesar de que no se les dictó prisión preventiva, sus clientes continuarán “amarrados al proceso” y a la espera de que el Ministerio Público solicite otro tipo de medidas cautelares.
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Consultado sobre las declaraciones del jerarca del OIJ, el abogado manifestó que aún están estudiando el expediente y que será más adelante cuando se refieran al respecto.
La Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada también tomó declaración este jueves a los imputados Solano Acosta, Castro Segura, Mora Badilla, Araya Cascante, Rubí Leiva y Corrales Murillo.
“Tras valorar su situación particular, determinó que, por ahora, pueden permanecer apegados al proceso, sin la necesidad de cumplir medidas cautelares”, según se informó.
En el caso Madre Patria se investigan delitos de asociación ilícita, falsedad ideológica, estafa mayor, legitimación de capitales, cohecho (en modalidad de penalidad del corruptor) y procuración de impunidad.
Las autoridades judiciales vinculan a más de 40 personas en relación con este expediente. De ellas, 34 fueron detenidas, el pasado martes, gracias a 47 allanamientos simultáneos.
