Katherine Chaves R.. 8 julio
Luany Valeria Salazar Zamora, de 23 años, fue hallada sin vida en el patio de una casa en Linda Vista de Río Azul, La Unión, Cartago. Foto: Cortesía
Luany Valeria Salazar Zamora, de 23 años, fue hallada sin vida en el patio de una casa en Linda Vista de Río Azul, La Unión, Cartago. Foto: Cortesía

Cuando la mamá de Luany Valeria Salazar perdió el rastro de su hija el martes 9 de junio pasado en Cartago, llamó al Sistema de Emergencias 9-1-1 para alertar sobre la desaparición de la muchacha, de 23 años.

Según explicó hace una semana a este medio su abogado, Joseph Rivera, el operador supuestamente le indicó que debía esperar entre 24 y 48 horas para poder generar la denuncia, por lo cual, justificó, la madre esperó dos días para avisarle al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de lo ocurrido.

“Doña Patricia (Zamora, madre) hace una serie de llamadas al 9-1-1 y le dicen que tiene que esperarse de 24 a 48 horas, porque sino no le reciben la denuncia. Por eso, ella va hasta el jueves, e insiste e insiste porque quería hacer presión (para que encontraran a su hija)”, apuntó Rivera.

Sin embargo, luego de una consulta de La Nación, el Sistema de Emergencias 9-1-1 desmintió que algún operador le haya hecho esa indicación a la madre de Luany, quien el 15 de junio apareció asesinada y enterrada en el patio trasero de una casa vecina, en Linda Vista de La Unión.

La oficina de prensa de esa institución puntualizó que, efectivamente, se recibieron llamados donde se informaba de la desaparición de la joven.

Indicó que la primera llamada relacionada al caso se dio el 12 de junio a las 10:54 a. m.; es decir, la madre llamó al 9-1-1 casi un día después de haber interpuesto la denuncia en el OIJ y no antes, como había indicado.

“En todas las llamadas los operadores cumplieron con los protocolos establecidos y tomaron los datos esenciales para este tipo de situaciones.

“Revisando las grabaciones de las llamadas podemos indicar y asegurar que ninguno de los operadores del Sistema de Emergencias 9-1-1 le indicó a alguno de los usuarios que debía esperar entre 24 y 48 horas para poder generar la denuncia”, aseguró Gerardo García, vocero de la entidad.

Ahondó en que dichos protocolos significan transmitir la información, de forma simultánea, tanto a la Fuerza Pública como a la Policía Judicial, para que allí se tomen las acciones necesarias. Y, confirmó, así fue cómo se hizo en este caso de Luany Salazar.

“Por lo anterior expuesto no es necesario realizar una investigación en contra de los operadores que atendieron las llamadas, porque es claro que siguieron los protocolos establecidos para ese tipo de emergencias”, concluyó.

Se le consultó a la Policía Judicial sobre cuándo recibieron esa alerta por parte del 9-1-1, a dónde llegó y cuál fue el trámite que se le dio.

Por medio de su oficina de prensa, el OIJ confirmó que su Central de Comunicaciones recibió ese reporte el 12 de julio, a las 10:54 a. m.; es decir, el 9-1-1 la remitió de forma inmediata.

“(La alerta) se trasladó a la Delegación Regional de La Unión, donde ya tenían la denuncia que había interpuesto la señora Patricia Zamora, madre de Luany Salazar, el día anterior. Cabe señalar que la denuncia inicialmente había sido interpuesta en San José; sin embargo, se pasó de inmediato a la Delegación de La Unión, a quienes les correspondía continuar con las labores de investigación.

“Las diligencias realizadas habían comenzado desde el día anterior por parte de los compañeros que estaban en servicio, tal como ya se ha informado a la prensa, con diversas diligencias como la entrevista a la señora denunciante, en la que se le solicitó una foto de la desaparecida para solicitar la publicación a la prensa, etc.”, detalló.

Luany Valeria Salazar Zamora, de 23 años, fue vista por última vez el 9 de junio. Foto: Cortesía Patricia Zamora
Luany Valeria Salazar Zamora, de 23 años, fue vista por última vez el 9 de junio. Foto: Cortesía Patricia Zamora
Lo que se ha dicho

Luany Valeria Salazar, de 23 años, conversó con su familia por última vez la tarde del 9 de junio pasado. En ese momento le indicó a su madre que iba a salir con una amiga, de apellido Urbina.

Una vez estando con Urbina, fumaron un cigarrillo y luego departieron en una casa vecina. En un momento dado, llegó un sujeto, de apellido Mejía y conocido como Hippie.

Salazar se fue con Mejía y esa fue la última vez que se le vio con vida. Aparentemente se fueron a la vivienda en la que el joven vivía y ahí él le habría dado muerte al apuñalarla siete veces.

Dos días después de su desaparición, el 11 de junio, la mamá interpuso la denuncia ante el OIJ.

Sin embargo, el 15 de ese mismo mes, el hermano de Luany pidió permiso para ingresar a la vivienda en la que vivía Hippie y, al ver tierra removida en el patio trasero, escarbó y encontró una bolsa con el cadáver de la muchacha adentro.

En medio de la situación, la familia comenzó a repartir culpas y aseguró que la Policía Judicial no hizo su trabajo, ya que, consideró, no se le dio importancia al caso.

A partir de ahí, Espinoza fue llamado a comparecer en dos ocasiones frente a diputados.

En uno de esos encuentros, el jerarca dio a conocer situaciones que terminaron en dos grandes polémicas. La primera fue cuando reveló los resultados de la victimología que realizaron para conocer el contexto que rodeaba a Luany Salazar, cuando aún la estaban buscando.

Como parte de lo descubierto, dijo, estaba que ella fue novia de un sicario de la banda de Luis Ángel Martínez Fajardo, alias Pollo, que trabajaba en el hotel El Rey, en San José centro, que era drogadicta y que, hace un tiempo atrás, estuvo envuelta en una balacera ocurrida dentro de un motel en Paso Ancho.

Esas declaraciones generaron un revuelo tanto en grupos activistas como a lo interno del Poder Judicial.

Los primeros repudiaron los comentarios y aseguraron que lo hacía para intentar esconder las supuestas deficiencias del OIJ en este caso. Asimismo, solicitaron que fuera destituido.

De momento, la Fiscalía tramita dos denuncias en contra de Espinoza por supuesto incumplimiento de deberes: una interpuesta por el abogado de la familia y otra por estos grupos sociales.

La segunda gran polémica que surgió tras esa comparecencia fue cuando el director señaló que la madre nunca mencionó que tenía a un sospechoso de la desaparición de la joven. No obstante, en la denuncia de la cual La Nación tiene copia, la señora sí da pistas sobre el sujeto con quien fue vista por última vez.

Más allá de eso, Espinoza defendió la labor al indicar que entre el jueves 11 y el 15 de junio realizaron entre 15 y 18 diligencias policiales para dar con el paradero de la muchacha.

Aunado a eso, trabajaron en la ubicación y detención del sospechoso de asesinarla, de apellido Mejía. Él fue capturado en Heredia horas después de que la familia encontrara el cuerpo de la joven.

Permanecerá seis meses en prisión preventiva.