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El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) finalizó sus labores de investigación y entregó a la Fiscalía los informes correspondientes a las diligencias relacionadas con el homicidio de Allison Pamela Bonilla Vásquez.
Sin embargo, en caso de que exista alguna petición a futuro de parte del Ministerio Público, del Tribunal Penal que asuma el caso o, incluso, de los abogados de la familia de la joven o el imputado, se podría realizar algún trabajo adicional.
Así lo manifestó Wálter Espinoza Espinoza, director de ese cuerpo policial, ante consulta de La Nación.
“En tesis de principio nosotros ya entregamos toda la información que nos han pedido, si hubiese necesidad de entregar algún otro dato dependerá de lo que la Fiscalía nos señale, que es en este momento la que asume el asunto, lo prosigue y tendrá que definir y decidir cuál va a ser el destino procesal del asunto.
“Nosotros tenemos el caso cerrado; no obstante, estamos absolutamente dispuestos a realizar diligencias adicionales que pueden ser pedidas por la Fiscalía, por los tribunales, de manera muy excepcional y esporádica, e incluso por la propia defensa”, explicó el jerarca judicial.
Allison Bonilla, de 18 años, fue vista con vida por última vez cuando se dirigía a su vivienda, en la urbanización Florencio del Castillo, en Ujarrás de Paraíso, Cartago, el 4 de marzo anterior. Un día después, su familia interpuso la denuncia por la desaparición y, a partir de eso, comenzaron los trabajos de los agentes judiciales.
El 29 de marzo agentes judiciales de Cartago allanaron una casa ubicada en Ujarrás y decomisaron un vehículo marca BMW, propiedad de un sujeto de apellidos Sánchez Ureña.
Desde ese momento, el hombre de 28 años, conocido como Sukia, se convirtió en sospechoso de la desaparición y después de otras diligencias, se procedió con su captura el 2 de setiembre, casi seis meses después de la desaparición de Bonilla.
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Al día siguiente, el 3 de setiembre, Sánchez manifestó en su indagatoria que había asesinado y violentado sexualmente a su vecina; sin embargo, menos de un mes después se retractó y afirmó que era inocente.
En su primera versión, Sukia contó que había lanzado el cadáver de Allison Bonilla en un botadero clandestino de San Jerónimo de Cachí, en Paraíso, por lo que el OIJ, en conjunto con cuerpos de socorro y rescatistas, realizó varias incursiones que no dieron fruto.
No obstante, un grupo de voluntarios que coordinó con la familia siguió realizando incursiones en los alrededores del lugar, y el 27 de setiembre localizaron una jacket, una media y dentro de esta una uña.
La familia de la muchacha reconoció las prendas y por ello un día después un grupo de agentes judiciales ingresó y encontró restos óseos, un zapato y un pedazo de tela de jeans. El trabajo se extendió por más días y el 1.° de octubre se ubicó una vértebra y dos costillas.
El 5 de octubre, las autoridades confirmaron que los restos pertenecían a Bonilla y con ello la investigación se concentró en otras diligencias.
Sánchez Ureña descuenta prisión preventiva en la actualidad y, a pesar de los intentos de su defensor, su medida cautelar no ha sido modificada. A él, la Fiscalía Adjunta de Narcotráfico y Delitos Conexos le atribuye un presunto delito de homicidio calificado.
Unión de esfuerzos
Por otra parte, sobre el caso la anestesióloga María Luisa Cedeño Quesada, asesinada el 20 de julio en una habitación del hotel La Mansion Inn, en Manuel Antonio de Quepos, Puntarenas, el OIJ detalló que se han hecho varias diligencias en los últimos meses.
Wálter Espinoza destacó la necesidad y el trabajo de varios especialistas, quienes han aportado a la investigación.
Además, el jefe policial recalcó que el abordaje “pronto” permitió detener en menos de 24 horas a un sospechoso. Se trata de un bailarín de club nocturno, de apellidos Herrera Martínez, quien fue aprehendido dentro de las instalaciones del alojamiento temporal.
Incluso, las pericias de ADN y de saliva hechas por la Policía Judicial lo inculpan a él.
“Se logró aglutinar los esfuerzos de una gran cantidad de factores internos del OIJ. Nos referimos a unidades caninas, especialistas en huellas, en sangre y médicos. También, tuvimos una participación determinante del odontólogo forense, de representantes del departamento de Medicina Legal y trabajadores que se especializan en temas fotográficos”, aseguró Espinoza, quien también destacó el liderazgo de la investigadora a cargo del caso.
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Para el jerarca, ante situaciones de este tipo es fundamental la unión de esfuerzos con el Ministerio Público, ya que a partir de eso es que se obtienen resultados.
Alfonso Ruiz Ugalde, abogado de la familia de Cedeño, dijo que sobre esta investigación la participación del OIJ aún no está finalizada, ya que hay nuevas gestiones planteadas por las partes.
“Restan informes, ampliaciones y gestiones nuevas, planteadas por casi todas las partes. Igual, resta la apertura de todos los dispositivos decomisados. Aún no está finalizada la participación del OIJ”, puntualizó el litigante.
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