Las pruebas recabadas el 14 de junio del 2021 en 57 allanamientos simultáneos en constructoras, el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y casas de funcionarios y ejecutivos, con motivo del Caso Cochinilla, serán abiertas un año después.
La apertura de la evidencia se realizará entre el 6 de junio y l 5 de agosto del 2022. Así consta en una resolución emitida el 11 de marzo del 2022 por el juez Jean Pablo Monge Madrigal.
“Por tratarse de una diligencia en la que es necesario el respaldo de una gran cantidad de información, se hace ver que la misma se llevará desde las 8 a. m. y hasta las 16:30 p. m. todos los días”, resolvió Monge.
Aún falta de resolver un recurso de revocatoria con apelación en subsidio para determinar si la audiencia será virtual o de forma presencial.
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En el Caso Cochinilla, las autoridades judiciales investigan la existencia de una supuesta red de corrupción mediante la cual se habrían malversado fondos públicos en proyectos viales, con sobornos y pago de dádivas, entre los años 2018, 2019 y los primeros trimestres del 2020.
En los allanamientos, los agentes judiciales decomisaron más de ¢34 millones, así como unos $100.000 y gran cantidad de artículos electrónicos. La investigación se sigue bajo el expediente 19-000025-1218-PE.
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El pasado 14 de junio, día de los allanamientos, también fueron detenidos 30 implicados; 12 son trabajadores del Conavi y un pensionado. Entre los detenidos están los empresarios Carlos Cerdas Araya y Mélida Solís Vargas, de las constructoras Meco y H. Solís, respectivamente. Estas firmas lideran la construcción de obras viales en el país.
En el expediente del caso, se investigan supuestos sobornos con licor, dinero en efectivo, vehículos y hasta favores sexuales, para premiar a ciertas constructoras que competían por proyectos financiados con fondos públicos.
¿Por qué tardaron un año en decidir abrir la prueba recabada?
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Según explicó Erick Gatgens, abogado de Melida Solís, antes se había solicitado abrir la prueba del allanamiento, pero ellos cuestionaron dicho procedimiento ya que se iba a realizar sin la presencia de un juez; solo iban a estar presentes la Fiscalía y Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
“Se aceptó por parte del Tribunal de Apelación que era necesario la presencia de un juez durante la apertura de la evidencia, pensaría que esa fue la razón principal por la que duraron un año en decidir abrir la evidencia”, manifestó Gatgens a La Nación.
