Carlos Cerdas Araya, uno de los empresarios investigados por el Caso Cochinilla, fue trasladado de celdas judiciales en Goicoechea al Complejo Penitenciario La Reforma, en San Rafael de Alajuela.
Así lo confirmó el Ministerio de Justicia, este jueves, mediante un breve comunicado.
“Hace pocos minutos el señor Cerdas ingresó al Complejo Occidente, en San Rafael de Alajuela, para cumplir con su periodo de aislamiento en un espacio individual del Centro Nacional de Atención Específica”, indicó.
Cerdas, dueño de la constructora MECO, fue detenido el pasado lunes a eso de las 9:20 a. m. en Escazú, en las cercanías del centro comercial Multiplaza, confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
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La captura se ejecutó minutos después de que se conociera que el Tribunal Penal de Hacienda señalara la ineficacia de las fianzas que se les impuso el 27 de junio anterior y le impusiera cuatro meses de prisión preventiva, tanto a él como a Mélida Solís, propietaria de la compañía H Solís.
Ambos empresarios figuran entre los sospechosos en una investigación sobre supuestos actos de corrupción con contratos públicos de obras viales.
Inicialmente, Cerdas fue colocado en celdas judiciales debido a que los centros penales de hombres tienen sobrepoblación y no había un lugar disponible con seguridad suficiente para tenerlo recluido.
Mientras tanto, Solís fue llevada el mismo lunes a la cárcel Vilma Curling, en Desamparados, pues ese centro no tiene problemas de sobrepoblación.
El caso Cochinilla trascendió el lunes 15 de junio, cuando se realizaron más de 50 allanamientos que permitieron la detención de 30 personas, mientras que otras 40 también están siendo investigadas sin haber sido detenidas. Los nombres de esas personas todavía no han trascendido.
Se trata de empresarios de constructoras, así como empleados y exempleados del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y de otras dependencias del Estado.
A los implicados se les atribuye la presunta malversación de fondos del Conavi, que generó un déficit de ¢78.000 millones entre el 2018 y el 2020 en contratos de obra pública y se tramita en la causa 19-000025-1218-PE, y es conocida como Caso Cochinilla.
En la documentación judicial se detallan supuestos sobornos con licor, dinero en efectivo, vehículos y “favores sexuales” concedidos a funcionarios a cambio de favorecer a ciertas constructoras que competían por proyectos financiados con fondos públicos.
En este caso la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) presentó una acción civil resarcitoria donde solicita el pago de ¢59.000 millones en favor del Estado.
La demanda civil se dirige contra 78 personas entre físicas y jurídicas, sea los funcionarios públicos investigados, así como a los particulares y empresas involucradas.
Con la interposición de la acción civil resarcitoria, el Estado pretende la indemnización y restitución del daño material y social causado por las acciones imputadas por el Ministerio Público, precisó un comunicado de la Procuraduría.
El monto que se solicita se estableció de manera prudencial por ¢45.184 millones por concepto del daño material, a lo que se suman ¢13.555 millones por el daño social causado por los presuntos sospechosos.
Asimismo, la PEP indicó que el monto puede variar conforme el avance de la investigación.