Este lunes arrancó el juicio contra un hombre de apellidos Saborío Soto a quien se le acusa de presuntamente lanzar un gato desde un sexto piso y provocarle la muerte en noviembre del 2019 en Curridabat. La audiencia empezó a las 8 a. m. en el Tribunal Penal de Goicoechea y se espera que se extienda en los próximos días.
Julia Rojas, fundadora y presidenta de la asociación protectora de animales Catrix, indicó que adicional a la pena privativa de libertad, están solicitando una acción civil resarcitoria de ¢25 millones para la castración de animales, pues son conscientes que es ‘poco probable’ que el imputado vaya a prisión.
“Una ley que tiene una condena máxima de dos años implica que es muy poco probable que una persona sin condena previa vaya a la cárcel; generalmente se hace una suspensión de la pena y las personas van a firmar y para nosotros esto no cumple un propósito, o no va a sentar un precedente”, mencionó a este medio.
“Nosotros somos conscientes de que no podemos traer el gato de vuelta a la vida, pero sí podemos por medio de un monto económico evitar, a través de la castración, que animales de la calle tengan un sufrimiento similar al que pudo haber pasado este animalito”.
El Ministerio Público le atribuyó al sospechoso el delito de muerte animal, que puede castigarse hasta con dos años de prisión, según lo estipula la Ley de Bienestar de los Animales que rige desde el 2017.
“Lo lanzó desde el balcón del apartamento y desde un sexto piso, provocando que el felino cayera a unos 27 metros de altura y causando la muerte del animal”, dijo la fiscal Natalia Rojas al inicio del debate.
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Ana Marcela Saborío, representante de la organización Catrix, agregó que, “con alevosía y premeditación de los actos, se observa al demandado civil arrojando desde un sexto piso a un felino adulto de color dorado”.
En tanto, la defensora de Saborío, Ariana Berrocal, solicitó al Tribunal que se le exigiera a las asociaciones y medios de comunicación que no se utilizara la imagen del imputado, porque en el pasado ‘se le ha tachado de asesino y ha recibido amenazas tanto él y su familia’.
Según Julia Rojas, si se le diera acogida a la pretensión económica, se podrían castrar cerca de 2.000 gatos. Solo en Puntarenas centro se estima que hay 10.000 felinos en condición de calle. Estudios de veterinaria revelan que de nueve gatos que nacen sin hogar, ocho podrían morir antes de los dos meses, explicó la presidenta.
“No estamos buscando dinero, estamos buscando castraciones y evitar sufrimiento animal. Si este caballero tiene posibilidad de volver a estar bien en la sociedad, consideramos que sería por medio de una acción civil, porque a las personas no les duele firmar una vez al mes, pero que les toquen la bolsa sí genera incomodidad. Nosotros somos una organización inscrita en Hacienda y estamos autorizados a recibir donaciones”, añadió.
Rubén Rodríguez, representante de la Asociación Cinológica Autónoma Nacional de Costa Rica (ACAN) y parte querellante del proceso, comentó que el proceso podría extenderse por varios días por la gran cantidad de testigos involucrados. De acuerdo con Rodríguez, el sospechoso se abstuvo de declarar durante la audiencia.
Antecedentes
El expediente de este caso se abrió en agosto del 2020 cuando circuló un video donde se observaba a Saborío arrojar al animal desde un balcón en una torre de apartamentos en Curridabat. No obstante, las investigaciones de la Policía Judicial determinaron que el hecho ocurrió en noviembre del 2019.
Un día después de difundido el video, el 2 de agosto del 2020, el acusado publicó una carta donde se ponía a las órdenes de la Fiscalía para asumir la responsabilidad por el acto cometido.
“Cuando se dieron estos hechos, hace varios meses, yo estaba en una de mis peores crisis, y hasta había intentado quitarme la vida, por lo que terminé internado en un hospital de San José. Bajo los efectos del alcohol y drogas, respondí a la presión social de las otras personas que estaban conmigo ese lamentable día, realizando esta terrible acción”, agregó en aquel momento.
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Animal fue lanzado a casi 30 metros de altura
La autopsia del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) determinó que el gato fue lanzado desde una altura de 27,98 metros. Después de caer, caminó 30 metros hasta llegar a un parque de perros donde lo encontraron y auxiliaron, pero ahí falleció.
La caída le provocó fracturas de cadera multifocales severas, luxación de sínfisis mandibular severa, contusiones pulmonares multifocales severas y hemorragias subcutáneas diafragmáticas y pericárdicas severas.
El 26 de agosto del 2020, Saborío fue arrestado en Trejos Montealegre, Escazú y posteriormente recibió como medidas cautelares firmar una vez al mes, mantener un domicilio fijo y la prohibición de acercarse a animales o mascotas.
Inicialmente el Ministerio Público valoró la posibilidad de llevar el caso vía Justicia Restaurativa, es decir, que el implicado asumiera la culpabilidad de los daños y se sometiera a un tratamiento de drogas bajo supervisión judicial, siempre y cuando estuvieran de acuerdo las partes involucradas en el proceso; sin embargo, las asociaciones querellantes defensoras de animales no aceptaron esta alternativa.
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Casos similares
Este lunes, agentes del OIJ detuvieron a un hombre de 56 años presuntamente implicado en el delito de bienestar animal. En apariencia, el 29 de agosto pasado, el detenido habría lanzado un saco con diez gatos recién nacidos cerca del cauce del río Reventado en barrio Santa Gertrudis, Guadalupe de Cartago. Un oficial de la Policía logró rescatar a los felinos pero cuatro de ellos estaban muertos por una supuesta asfixia por sumersión.
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En febrero de este año, una pareja de apellidos Espinoza Leslie y Zúñiga Palladino, fueron sentenciados a dos años de prisión por ahorcar a su mascota, un perro al que amarraron con un mecate a una ventana, pero la cuerda era tan corta que el animal no alcanzaba el suelo y murió ahorcado.
Los hechos por los que resultaron condenados ocurrieron en setiembre del 2017, en Rincón de Herrera, en La Guácima de Alajuela. Por lo reducido de la pena, tanto Espinoza como Zúñiga se les otorgó el beneficio de ejecución condicional de la sentencia, es decir, no ingresaron a un centro penal, mientras que durante un periodo de tiempo establecido no cometan ningún otro delito. También tienen prohibido tener mascotas durante los próximos cinco años.
