EscucharEl alcalde de Santa Cruz, Jorge Arturo Alfaro Orias, fue denunciado por presuntamente intentar favorecer a la empresa de autobuses Transporte Inteligente de Guanacaste, para que se apurara la entrada en operación de la nueva ruta de 258 kilómetros entre Santa Cruz, Tamarindo y San José.
La base de esta denuncia, interpuesta por un particular, es una carta sin fecha, firmada por Alfaro Orias y dirigida a Manuel Vega, quien fungía en febrero del 2022 como director del Consejo de Transporte Público (CTP), órgano adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Transportes y encargado de adjudicar las rutas de transporte público de todo el país.
En la misiva, el alcalde pide a la entidad “que finiquite las acciones necesarias para la puesta en operación, lo antes posible, de la nueva empresa denominada Transporte Inteligente de Guanacaste, adjudicada con la concesión de la ruta 1502 Integrada San José – Santa Cruz – Tamarindo – Flamingo y viceversa tanto por el Puente de la Amistad como por Liberia, carretera Interamericana Norte”.
Según el denunciante, el abogado Melvin Reyes Parajón, el alcalde hizo esa solicitud a pesar de que en aquel momento (a principios de año) no se había realizado la audiencia pública de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) para definir los precios de los pasajes de esta ruta.
Dicho recorrido fue adjudicado por el CTP el 27 de julio del 2022, y una semana después el acuerdo adquirió firmeza. El 28 de mayo de este año, la autobusera inició operaciones.
Alfaro señala en la carta que es una “urgente necesidad” para los pobladores del cantón de Santa Cruz el contar con un servicio de transporte de pasajeros de “óptima calidad”.
Asimismo, el alcalde indica en el documento que tiene conocimiento de que la licitación pública que promovió el CTP se basaba en un programa riguroso de “modernización del transporte de pasajeros del cantón”, lo que calificó como un “verdadero avance” para los habitantes de Santa Cruz que por décadas han experimentado malas condiciones en la prestación de transporte público.
“Las comunidades y las autoridades del gobierno local confiamos plenamente en que dicha decisión será en beneficio de la colectividad, es hora de que el cantón cuente con autobuses de última generación para la travesía hacia la ciudad capital para fortalecer el desarrollo social y económico al tiempo que se garantiza la seguridad y dignidad de la población con un servicio moderno y eficiente”, concluye la misiva.
El expediente
La denuncia por este asunto se presentó el pasado 14 de marzo, según precisó el abogado Reyes Parajón. Al respecto, el Ministerio Público confirmó a La Nación que la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, con sede Santa Cruz, informó que, dentro del expediente 22-000002-1957, se tramita una denuncia en contra de Alfaro, por el presunto delito de tráfico de influencias.
“El caso está en investigación, por lo que no es posible brindar más detalles, en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal”, señaló la institución.
Sobre el delito de tráfico de influencias, el artículo 52 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública impone penas de prisión de dos a cinco años “a quien directamente o por interpósita persona influya en un servidor público, prevaliéndose de su cargo o de cualquiera otra situación derivada de su situación personal o jerárquica con este o con otro servidor público, ya sea real o simulada, para que haga, retarde u omita un nombramiento, adjudicación, concesión, contrato, acto o resolución propios de sus funciones, de modo que genere, directa o indirectamente, un beneficio económico o ventaja indebidos, para sí o para otro”.
Alfaro fue electo alcalde en el 2020, con la agrupación cantonal Partido Auténtico Santacruceño. Este medio solicitó una reacción del jerarca al encargado de prensa de la Municipalidad de Santa Cruz, quien respondió que hasta finales del mes pasado, el alcalde no había recibido la notificación sobre este expediente.
En ese mismo legajo, Reyes también pidió que se investigue la supuesta construcción de una piscina en la casa del alcalde.
Otro caso en el municipio santacruceño
El 3 de setiembre, La Nación reveló que un oficio del departamento de Recursos Humanos de la Municipalidad de Santa Cruz señaló que desde el 2020 y hasta este 2022, se duplicó la cantidad de personal que labora por “servicios especiales”, es decir, personal que labora para el ayuntamiento, pero de manera temporal, lo que incrementa los gastos salariales del ayuntamiento.
El crecimiento coincide con el ingreso de Alfaro al municipio. Las plazas por servicios especiales se conciben como remuneraciones al personal profesional, técnico o administrativo contratado para realizar trabajos de carácter especial y temporal, que mantienen una relación laboral menor o igual a un año, según la Contraloría General de la República (CGR).
La alcaldía de Santa Cruz había contestado que toda contratación de funcionarios por servicios especiales, se hace al amparo del artículo 118 del Código Municipal, “dando como ventaja que el trabajador queda sujeto a su rendimiento, tal y como funciona en servicio privado, y permite probar en ejercicio la eficacia de la plaza”.
