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Los abogados del expresidente Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002) insistieron a la Sala de Casación que el caso ICE-Alcatel está prescrito y solicitaron que se confirme su absolutoria.
Así lo hizo ver Eduardo Araya esta mañana en una audiencia de casación que se desarrolla desde ayer en el edificio de la Corte Suprema de Justicia, dirigida por cinco magistrados suplentes.
Rodríguez fue condenado, en abril del 2011, a cinco años de prisión como instigador para que se exigieran dádivas a la empresa Alcatel a cambio de un contrato de telefonía celular.
Sin embargo, en diciembre del 2012 el Tribunal de Apelación de Goicoechea absolvió al expresidente y a seis imputados más argumentando la prescripción de la acción penal y la ilegalidad de una prueba clave obtenida en Panamá.
Ese último fallo fue en favor de Guido Sibaja Fonseca, Édgar Valverde Acosta, Luis Adrián Quirós (con penas de 15 años), Joaquín Fernández Alfaro, Eliseo Vargas García y Eduardo Fonseca García (dos años).
Prescripción. Eduardo Araya explicó que Miguel Ángel Rodríguez fue informado de los delitos por los que se le investigaban el 15 de abril del 2004.
A partir de esa fecha, la Fiscalía tenía dos años y medio para elevar el caso a juicio, es decir, antes del 15 de abril del 2007, pero la audiencia preliminar se realizó el 10 de setiembre de ese año, es decir, cinco meses después, cuando ya estaba prescrito
Ilegalidad de prueba. Por otro lado, Araya sostuvo que la prueba 588, sobre las cuentas bancarias en Panamá de la sociedad Marchwood Holding, fue incorporada al proceso ilegalmente, pues nunca hubo una orden de un juez costarricense para recolectarla.
Esas cuentas bancarias eran la prueba clave de la Fiscalía para acreditar que dinero proveniente de Alcatel había ingresado en cuentas panameñas relacionadas con exdirectivos del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y con la esposa del exmandatario Rodríguez, Lorena Clare, a través de la cuenta de la empresa Servicios Notariales Q. C.
