Desde las 6 a. m. de este martes, los policías penitenciarios comenzaron con la reubicación de 200 reos de la cárcel de San Sebastián, en San José, hacia la prisión Jorge Arturo Montero Castro, conocida como La Reforma, en Alajuela.

¿La razón? El Ministerio de Justicia necesita cumplir con una orden impuesta el 15 de octubre por el juez de Ejecución de la Pena, Roy Murillo, que exige reducir la población penal de San Sebastián (centro exclusivo para indiciados) debido a que casi duplicaba su capacidad máxima.

Al pasado 30 de setiembre, allí había 1.005 reos, cuando el tope es de 590; la sobrepoblación era, en ese momento, de 70%.

En caso de que la población penal sea similar a la del mes pasado, con estas reubicaciones el centro quedaría con cerca de 800 reos. Es decir, aún queda bastante trabajo por realizar.

En la resolución, Murillo prohibió nuevos ingresos e indicó que, en un plazo no mayor a los tres meses, debía generarse un plan remedial para bajar el hacinamiento.

En caso de desacatamiento, se podría revivir la orden de cierre definitivo de esa prisión, la cual fue emitida por un juez en el 2016.

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Según detalló Justicia, los reos reubicados tienen ya una condena, pero tuvo que dejarlos recluidos allí por una alerta sanitaria que impedía los traslados intercarcelarios debido al brote de paperas que afecta al sistema penitenciario desde setiembre.

No obstante, cuando recibieron la orden de trasladarlos, las autoridades penitenciarias corrieron para vacunar a los 200 reos contra esa enfermedad y así poder facilitar la reubicación.

¿Mejores condiciones?

Ellos fueron llevados a tres módulos de La Reforma que fueron remodelados: D5, donde permanecerán 125 de los trasladados; Casa Papaya (50); y el B-8 (25).

Según José Bermúdez, director de Adaptación Social, los nuevos sitios “cuentan con excelentes condiciones”; sin embargo, en fotografías enviadas por la cartera, se observa que la remodelación consistió en pintar los módulos y en colocar viejos camarotes que son de fabricación artesanal.

En efecto, en una de las imágenes facilitadas por Justicia, se observa que colocaron hasta ocho camarotes en pasillos de algunos de los módulos.

Se envío al Ministerio una serie de preguntas para conocer un poco más sobre estas remodelaciones y el plan para cumplir con la orden judicial.

De momento, lo único que han dicho al respecto es que, para diciembre, estaría lista la sección conocida como Arco Modulares.

Ese espacio albergará a 600 privados de libertad y, según Justicia, está siendo construida por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).