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A Víctor Julio González Sánchez, un instalador de cámaras de seguridad, lo secuestraron el 22 de febrero del 2019 a las 7:30 p. m., cuando salió para recibir a una mujer en el portón de su casa en Buena Vista de San José de la Montaña, en Barva de Heredia.
Tres individuos lo metieron a la fuerza en un vehículo. Al día siguiente, a las 2 a. m., su madre recibió una llamada donde le pidieron ¢5 millones por su liberación. En ese momento la familia respondió que el caso lo tenía el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Para conmoción de los allegados, a González lo hallaron asesinado el lunes 25 de febrero en la mañana, en la quebrada Cañas, a su paso por Desamparados de Alajuela.
Dinámica del secuestro
Hechos ocurrieron en San José de la Montaña
FUENTE: Elaboración propia con datos del OIJ y la Fiscalía. || E.J. y C.F. / LA NACIÓN.
El caso de González Sánchez, que se desarrolló en tres días, es uno de los diez que se registraron entre el 2015 y el 2019, en que las personas secuestradas nunca recobraron su libertad.
Así lo consigna el más reciente informe estadístico elaborado por la Dirección de Planificación del Poder Judicial, con base en datos suministrados por la Oficina de Planes y Operaciones del OIJ. En dicho documento no se incluyeron las cifras del 2020, pues las mismas no han sido tabuladas aún.
En esos cinco años ocurrieron 61 secuestros y 73 afectados. De ese total, diez personas nunca recobraron la libertad, pues ocho fueron asesinados y hay dos cuyo destino se desconoce todavía.
En cambio, 56 regresaron a sus hogares. Hay otros siete secuestros, todos sucedidos en el 2016, de los cuales no hay datos y el informe los señalan como casos desconocidos.
Respecto a los fallecidos, cuyas identidades no fueron reveladas, hay un hecho que sucedió en el 2017 por el cual la familia pagó ¢5 millones como rescate.
En el 2018, hubo otras cinco víctimas. A dos les dieron muerte luego de que los captores recibieron $4.000; otras dos fueron asesinadas tras pagar ¢14 millones y la quinta víctima, al cierre de ese año, seguía sin aparecer.
Sin embargo, el cuerpo de ese secuestrado fue localizado en el cementerio de Quepos el 5 de setiembre del 2019. Se trata del estadounidense William Sean Creighton Kopko, por quien la familia pagó $1 millón por su liberación. Por ese asunto hay seis detenidos en espera de juicio.
Las últimas dos personas asesinadas fueron en el 2019 y en ninguno se pagó rescate. Uno de los casos es el de Víctor Julio González, por quien se condenó, el pasado 25 de mayo, a una mujer y dos hombres a penas de 20 y 19 años, respectivamente.
El documento judicial señala que en el 2015, hubo dos personas secuestradas cuyo paradero actualmente se desconoce.
Retenidos por plata
El informe sobre esta modalidad delictiva, que abarca del 2015 al 2019, fue conocido por el Consejo Superior del Poder Judicial el 23 de febrero anterior.
El documento advierte que solo se analizaron secuestros extorsivos, que son “retenciones de personas por la fuerza y en contra de su voluntad, con el fin de exigir dinero o el cumplimiento de determinadas condiciones a cambio de la liberación, ocurridas en el territorio nacional”.
El análisis se centra en los hechos acontecidos durante el año 2019 pero en los datos se incluyen sucesos de los cuatro años previos, con el fin de hacer algunas comparaciones o tendencias de esta criminalidad.
Según las cifras, en el 2019 sucedieron 13 secuestros con 14 víctimas. Seis casos fueron en San José, tres en Puntarenas, dos en Heredia, uno en Guanacaste y otro en Cartago.
Según el reporte, el secuestro extorsivo tiene como finalidad la demanda de un pago por la liberación de la víctima. Con fundamento en esa premisa, se tiene que en el 2015, solo en uno de los casos se pidió dinero y en los restantes diez se desconoce.
En el año siguiente, de los 16 casos, en dos se solicitó una suma de dinero, en siete casos no, y en otros siete esta información es desconocida.
Para el 2017, de los diez casos contabilizados, se solicitó rescate en cinco, en cuatro no, y en un caso esta información es desconocida.
En el año 2018, de los 11 secuestros, en ocho exigieron una cantidad de dinero específica y en tres no se pagó.
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Respecto al 2019, de los 13 casos reportados en seis se pagó la exigencia o rescate monetario y en siete no. El informe no detalla, en muchas ocasiones, el monto de los desembolsos.
Los analistas hacen ver que desde el 2014 hasta la fecha en que se cerró el estudio, hay una tendencia a aumentar los casos de secuestros en Costa Rica, pues pasó de cuatro casos en el 2014 a 16 en el 2016.
Luego al siguiente año bajó a diez y en el 2019 alcanzó los 13 casos. Hay que reiterar que las cifras correspondientes al 2020 no han sido entregadas por el OIJ.
El documento judicial no precisa la cantidad de asuntos resueltos, pero hay que recordar que el OIJ siempre ha insistido en que los secuestros tienen un alto grado de resolución.
Otro dato interesante que se puede extraer de la documentación es que generalmente en los secuestros la cantidad de imputados es mucho mayor que las víctimas. Esto debido a que en ocasiones se hacen asociaciones para cometer el delito.
Durante el 2019 se detuvo a 28 personas implicadas en los casos aclarados de secuestro, pero no se da a conocer la cantidad de hechos resueltos.
Así mismo, se menciona que en ese año se dio un secuestro extorsivo el cual duró un mes y seis días, que es el de mayor duración en el período del 2015 al 2019.
Severas penas
Según el Código Penal, en su artículo 215, el delito de secuestro extorsivo castiga “con prisión de diez a quince años a quien secuestre a una persona para obtener rescate con fines de lucro, políticos, político-sociales, religiosos o raciales.
“Si el sujeto pasivo es liberado voluntariamente dentro de los tres días posteriores a la comisión del hecho, sin que le ocurra daño alguno y sin que los secuestradores hayan obtenido su propósito, la pena será de seis a diez años de prisión”.
La pena será de quince a veinte años de prisión si el autor logra su propósito, si el hecho es cometido por dos o más personas, si dura más de tres días, si el secuestrado es menor de edad, mujer embarazada, persona incapaz, enferma o anciana, si la persona secuestrada sufre daño físico, moral, psíquico o económico, debido a la forma en que se realizó el secuestro y si se ha empleado violencia contra terceros que han tratado de auxiliar a la persona secuestrada.
La pena será de veinte a veinticinco años de prisión si se le infligen a la persona secuestrada lesiones graves o gravísimas, y de treinta y cinco a cincuenta años de prisión si muere.
