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El 11 de mayo del año anterior, cuando intentó fugarse del centro penitenciario La Reforma, en San Rafael de Alajuela, junto con otros ocho presidiarios, el reo Johel Araya Ramírez estaba convencido de que podía lograrlo.
Ya lo había hecho una vez, cinco años atrás, al protagonizar otro violento escape en el ámbito de Máxima Seguridad de esa cárcel.
Pero en esta segunda ocasión, la huida terrestre quedó frustrada y, en el camino, fallecieron dos delincuentes y un vigilante.
Aunque las autoridades impidieron la fuga, el caso de Araya reveló una serie de debilidades en esa prisión.
La Policía detectó que los reos habían podido alquilar una casa donde pensaban esconderse. Además, contaban con un vehículo que los esperaba afuera y armas dentro y fuera de la prisión.
También, que los presidiarios tuvieron la complicidad de funcionarios penitenciarios y que usaban a su antojo un celular y hasta un radio de comunicación. Dos semanas después de esa fallida huida, Araya, de 45 años de edad, murió en su celda a causa de una golpiza que le propinaron unos custodios.
Pero, desde entonces, la Policía ha tenido que enfrentarse con más rebeliones, barrotes fáciles de cortar y otras tentativas de escape.
Una de ellas, ocurrió el 9 de noviembre, cuando tres presos intentaron irse por una alcantarilla de aguas negras.
En enero de este año, se suscitaron alrededor de cuatro revueltas que dejaron heridos.
Diagnóstico. Fernando Ferraro, viceministro de Justicia, dijo ayer que el caso de Araya obligó a a evaluar el funcionamiento policial en las cárceles. “Se ha venido revisando el trabajo que hace la Policía, su organización, su localización, así como la frecuencia e intensidad de las requisas”.
Pese a ello, las alertas sobre nuevos intentos de escape, siguen escuchándose.
