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Gabriel Aguilar Vargas, jefe de despacho del presidente Rodrigo Chaves y ministro de Justicia designado por Laura Fernández, estaría en la mira de las autoridades judiciales por un incidente ocurrido con policías administrativos y de Tránsito el domingo en el centro de San José.
Los hechos ocurrieron durante un operativo de la Fuerza Pública y la Policía de Tránsito en avenida primera, entre calles 16 y 20, cerca de las parada de buses de Contrasuli, que viajan a Puriscal, y de la terminal conocida como la Coca Cola.
Según información en poder de las autoridades, Aguilar, quien conducía un vehículo Toyota, Prado, placas BWY144, quedó detrás de otro auto en el retén instalado en vía pública y habría pitado para presionar a los oficiales con el fin de seguir su trayectoria.
Fuentes que estuvieron en el sitio aquella noche, relataron a La Nación que Aguilar fue abordado por los agentes, quienes le explicaron que se trataba de una operación de rutina. No obstante, el actual jefe de despacho del presidente Rodrigo Chaves, presuntamente se negó a bajarse del auto y a identificarse, al tiempo que habría insultado a personal de Fuerza Pública y Tránsito y los grabó o fotografió con su teléfono celular.
Las placas del vehículo, inscritas a nombre de la esposa de Aguilar, quedaron decomisadas según consta en la página del Consejo de Seguridad Vial. Según se indica en esa plataforma, el parte se registró a las 7:40 p.m. del domingo y se le atribuye estar estacionado en contravención a las prohibiciones del artículo 110 de la Ley de Tránsito.
Este aplica una multa de ¢51.577 al conductor que estacione su vehículo en calzada afectando la visibilidad o poniendo en peligro la seguridad de los demás.
Josélito Ureña, secretario general del sindicato de la Policía de Tránsito, confirmó que tiene conocimiento de estos hechos, por lo que enviará una carta al ministro de Transportes, Efraim Zeledón, ya que al parecer el alto funcionario habría llegado al sitio donde ocurrió el incidente.
Entre los aspectos por los que el sindicato pide cuentas, es por la supuesta solicitud que habría hecho el ministro para que las placas del vehículo en que se movilizaba le fueran devueltas, situación que no ocurrió. Ademaś, se investiga si el director de Tránsito, Martín Sánchez, también llegó al lugar.
El fiscal general, Carlo Díaz, ante una consulta de La Nación, confirmó que valoran abrir una investigación “como corresponde, para determinar si se cometió o no un delito”. En caso de que así hubiera ocurrido, el paso a seguir sería trasladar la causa a la Fiscalía General, cuando Aguilar asuma el cargo de ministro, que por tener un fuero especial de protección, corresponderá al jefe del Ministerio Público.
Este medio consultó al jerarca de Transportes por este caso poco antes del mediodía; sin embargo, no recibimos respuesta al cierre de esta información.
