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“Con ella entendí que la palabra amistad entre mujeres sí existe, sin envidia ni falsedades, sobre todo con lealtad, y que llega cuando menos te lo esperas”.
Ese texto, acompañado de un emoji de corazón en una fotografía, habría sido clave para que una mujer de apellidos Hernández Chaves, vinculada con el secuestro de una adolescente, quedara en libertad tras la audiencia de medidas cautelares.
La madre de la joven, que fue retenida durante cuatro años y obligada a trabajar en una pulpería, la habría entregado como moneda de cambio por un crédito gota a gota.
El caso se relaciona con una investigación por delitos de violación, secuestro extorsivo, trata de personas y asociación ilícita que derivó en cinco allanamientos el pasado 5 de enero en Goicoechea y Tibás, en los que se detuvo a Hernández Chaves; a la madre de la adolescente y a dos sujetos apellidados Gómez (18 años) y Hernández (24).
Una fuente judicial, vinculada con el caso, explicó que durante la audiencia de medidas cautelares, la defensa pública de Hernández aportó capturas de pantalla de redes sociales en donde alegó que entre la supuesta víctima (quien actualmente tiene 19 años) y la sospechosa, existía un vínculo de amistad y no una relación delictiva.
Y ese habría sido uno de los argumentos que acogió el Juzgado Penal de Cartago para negar la prisión preventiva que solicitó el Ministerio Público contra la imputada.
La Nación consultó a la Defensa Pública por los argumentos usados en favor de la sospechosa; sin embargo, mediante un correo respondieron que el caso está “siendo tramitado por las autoridades competentes, por lo que, al tratarse de un proceso penal en investigación, no es posible referirse a los hechos”.
La investigación
Según el expediente del caso, en el 2021, la madre de la entonces menor de edad había adquirido un crédito gota a gota con la imputada Hernández Chaves, alias Mami. Sin embargo, en lugar de disminuir, la deuda había aumentado hasta ¢6 millones.
Por esa razón, y como forma de pago, la mujer habría entregado a su hija para que trabajara de manera forzosa y sin remuneración desde setiembre de 2021.
El documento señala que dicha decisión “fue tomada por las imputadas sin contar con el consentimiento de la persona menor ofendida, ya que la imputada de apellidos R. B. captó a la menor de edad ofendida aprovechándose de su parentesco como madre, que esta era menor de edad y además con la manipulación de que si no trabajaba para la imputada Hernández Chaves, perderían su casa”.
La víctima, agrega el documento, estuvo bajo ese régimen de explotación en una pulpería de Purral de Goicoechea hasta el 19 de diciembre de 2025. Allí se desempeñaba “bajo extensas jornadas de trabajo, sin remuneración alguna, mal alimentada o en ocasiones hasta sin alimentación del todo”.
Presuntamente, a la menor se le impedía salir a la calle y era agredida físicamente con golpes y un cable eléctrico, así se describen en un hecho ocurrido en setiembre de 2021, cuando la joven salió de su cautiverio para ir a la casa de su papá que se ubicaba en un sitio cercano.
La ofendida regresó a los días y, en represalia, la sospechosa Hernández Chaves le habría encargado a cinco sujetos conocidos con los alias de Gordo, Chacucil, Chesky, Chucun y a otro de nombre Daniel, para que castigaran a la joven. “Procedieron a introducir a la agraviada al lado de la pulpería, le quitaron la ropa y procedieron a agredirla con un objeto contundente mediante la utilización de cables eléctricos y electricidad, de modo que la pusieron en una lata y le echaron agua, electrocutándola toda la noche”.
Escape y secuestro
La noche del 18 de diciembre del 2025, la víctima durmió a su presunta captora al suministrarle una pastilla en el café, fue así como en la madrugada del día siguiente, la joven escapó. Sin embargo, dos días después secuestraron a un adolescente de 13 años, familiar de la víctima de explotación.
Al menor lo abordaron en el centro de Cartago y lo trasladaron en un carro hasta San José, a un búnker ubicado en Bajo Piuses, en Cinco Esquinas de Tibás, donde agredieron al niño y mediante mensajes de WhatsApp extorsionaron a la madre para que entregara ¢6 millones a cambio de su liberación.
Gracias a un descuido de uno de los secuestradores, el menor pudo escapar la mañana del 21 de diciembre y pedir ayuda a la Fuerza Pública, tras lo cual, la Policía Judicial allanó las viviendas de los imputados y los detuvo menos de un mes después.
El Juzgado Penal de Cartago se declaró incompetente para llevar la causa 25-006645-0058-PE y trasladó el asunto al Juzgado Penal del II circuito Judicial de San José, que se ubica en Goicoechea, alegando que el trámite del caso corresponde a ese despacho porque los hechos ocurrieron en Purral y Bajo Piuses.
Por ahora, los cuatro detenidos, incluida Hernández Chaves, quedaron libres y solo deben firmar periódicamente en un despacho judicial mientras avanza la causa. Empero, la Fiscalía apeló esta disposición y solicitó una nueva audiencia de medidas cautelares, que está pendiente de fecha en Goicoechea.
