Escuchar
El Ministerio Público le solicitó al Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de Limón, aplicar un criterio de oportunidad a favor de Edwin Danney López Vega, alias Pecho de Rata, con el objetivo de suspender la persecución penal en su contra por el delito de legitimación de capitales y agilizar así su extradición.
La petición la planteó este miércoles, apenas un día después de que el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de San José avalara la extradición tanto de López, como de Celso Gamboa Sánchez, requeridos en Estados Unidos por tráfico internacional de drogas.
Según el expediente, la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales y de Persecución Patrimonial requiere que se prescinda del juicio en Costa Rica, al argumentar que López Vega debe responder ante la justicia norteamericana. La solicitud fue presentada por el fiscal auxiliar Henry Meza y avalada por el fiscal general.
“Por disposición del señor fiscal general de la República, Carlo Israel Díaz Sánchez, se solicita la aplicación del criterio de oportunidad al imputado Edwin Danney López Vega de conformidad con el artículo 22 inciso d) en relación con el artículo 23, ambos del Código Procesal Penal”, señala el escrito presentado ante el Tribunal.
La petitoria establece que el objetivo es “mantener suspendido el ejercicio de la acción penal, a la espera del dictado de la sentencia en firme de la causa que se tramita por parte del Tribunal del Distrito de Estado Unidos para el Distrito Este de Texas” en el que figura alias Pecho de Rata, quien está recluido desde junio del año pasado en Máxima Seguridad de La Reforma.
Red de cuello blanco y testaferros
La causa que la Fiscalía pretende suspender detalla “una sofisticada estructura de lavado de dinero” que supuestamente operó entre 2004 y 2014. López Vega, quien descontó prisión por dos condenas previas (una de diez años impuesta en 2005 y otra de diecisiete años en 2014), habría infiltrado el sistema financiero nacional con la ayuda de profesionales y familiares.
La acusación señala a una notaria pública, de apellidos Gómez Cubero, y a un funcionario del Banco de Costa Rica (BCR), de apellidos Rivera Ferrera, como piezas clave en el esquema.
Según la pesquisa, la organización utilizó testaferros para adquirir propiedades y justificar ingresos inexistentes. Uno de los casos fue la adquisición de una finca en Cahuita, valorada en más de ¢165 millones, para lo cual utilizaron a un joven de 20 años, de apellidos Carmona Hunter, quien “obtuvo una constancia de ingresos de un contador con datos falsos [...] lo que le permitió ser sujeto de crédito y recibir financiamiento del Banco de Costa Rica, ello, a sabiendas que no sería quien disfrutaría del bien”.
En dicha propiedad, la organización construyó locales comerciales como el Bodegón y bares, cuyas rentas supuestamente eran desviadas a las cuentas de López Vega, para dar apariencia de legalidad al dinero del narcotráfico.
Escrituras falsas y vehículos de lujo
El expediente revela cómo, en apariencia, la notaria Gómez Cubero confeccionaba “testimonios de escrituras públicas falsas y la elaboración de contratos ficticios”, para engañar a los controles bancarios. En una ocasión, habría alterado el precio de una compraventa, inflando el monto de $40.000 a $60.000 en el documento presentado al banco para justificar depósitos de efectivo.
Además, López Vega y su pareja, Itzel Tyndal Walker, sostiene la Fiscalía, adquirieron vehículos del año, incluyendo un Toyota Hilux y un Toyota Fortuner por más de $116.000 y sin financiamiento. Para ocultar el rastro del dinero, utilizaron un esquema de “pitufeo” o pagos fraccionados mediante terceros, incluyendo depósitos hechos por un menor de edad y transferencias desde Nueva York sin justificación lícita.
López Vega se mantiene vinculado al proceso de extradición bajo el expediente 25-000071-0016-PE, de concretarse la petición del Ministerio Público, se aceleraría su envío a Estados Unidos.
