La Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico solicitó este viernes a la Fiscalía Anticorrupción abrir una investigación contra el viceministro de Seguridad Pública, Manuel Jiménez Steller, por el presunto delito de procuración de impunidad.
La petición se debe a que, siendo fiscal adjunto de Limón, en febrero del 2022, el actual viceministro firmó una solicitud de sobreseimiento en favor de seis sospechosos de traficar 2,5 toneladas de cocaína.
La Fiscalía contra el Narcotráfico solicitó abrir la causa luego de analizar el expediente en el que se investigó a los presuntos miembros del grupo criminal conocido como “La H” o “Los hondureños”. El análisis se hizo por solicitud del fiscal general Carlo Díaz.
Según el artículo 62 de la Ley de Psicotrópicos, el delito de procuración de impunidad ocurre cuando un empleado público procura la impunidad o evasión de la justicia en favor de personas investigadas por narcotráfico. Conlleva una pena de tres a diez años de cárcel, así como la inhabilitación de cargos públicos.
El Ministerio Público aclaró que la Fiscalía Anticorrupción puede abrir la investigación por este presunto delito, pero también puede agregar nuevas causales si lo considera necesario durante la fase preparatoria de la investigación.
En un comunicado dado a conocer este jueves 7 de agosto, el viceministro Jiménez Steller admitió que firmó la solicitud de sobreseimiento en favor de los seis investigados, pero argumentó que actuó correctamente con base en las pruebas disponibles.
Según publicó el medio de comunicación CR Hoy, al conocer la solicitud firmada por el hoy viceministro, la entonces fiscala general a. i., Sara Arce, presentó una enmienda jerárquica para trasladar el expediente a la Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada. Ella consideró que no se valoró la totalidad de la prueba y que era necesario acusar a los sospechosos.
En consecuencia, la Fiscalía de Delincuencia Organizada los acusó el 22 de diciembre del 2022 y se está a la espera del juicio, pero los investigados quedaron libres tras la solicitud de sobreseimiento sellada por el actual jerarca de gobierno. Uno se fue a Honduras y falleció en ese país, mientras que otro fue detenido en Panamá con un cargamento de droga.
Este caso se inició cuando, al parecer, la Policía descubrió una lancha con 2,5 toneladas de cocaína, en el 2020.
Jiménez Steller argumenta que sus decisiones se tomaron tras un análisis exhaustivo de los elementos probatorios recabados durante la investigación, los cuales “no permitieron establecer vínculo alguno entre los sospechosos y los hechos investigados”.
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Según comunicó el Ministerio de Seguridad, el viceministro refrendó la solicitud de sobreseimiento emitida por el fiscal auxiliar a cargo de la investigación y el Tribunal de la Inspección Judicial ratificó, posteriormente, la legalidad de la actuación de dicho fiscal. Jiménez agregó que sus acciones no fueron irregulares ni hubo errores en cuanto a la valoración de la prueba.
El Ministerio aseguró que la lancha narco fue abandonada en la playa, y los sospechosos no fueron detenidos ahí, sino horas después en otro lugar.
Una publicación realizada por Crhoy el 6 de agosto dice que, en la acusación presentada por la Fiscalía Adjunta de Delincuencia Organizada, se señala que todos los imputados fueron descubiertos mientras “poseían, trasladaban y transportaban los sacos con clorhidrato de cocaína”.
Otra publicación de Crhoy sostiene que se omitió como prueba la confesión de uno de los acusados, quien reconoció ser el conductor de un camión donde las autoridades encontraron cocaína.
Por su parte, el Ministerio de Seguridad Pública comunicó que Jiménez Steller, en su rol como fiscal de Limón, desarrolló una investigación objetiva y apegada al Código Procesal Penal.
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