Dentro de una vivienda en Alajuela, una niña de nueve meses y su hermana, de dos años, morían de hambre. A manos de sus padres, en cuestión de meses, ambas se deterioraron hasta que la piel se unió con sus huesos y, la mayor de ellas, por desnutrición severa, apenas lograba ponerse de pie.
Las autoridades llegaron tarde. El 26 de junio del 2023 la bebé falleció en su propia vivienda y su hermana, por poco, corrió el mismo destino. Hoy se recupera, pero las secuelas del maltrato la persiguen.
“Una de las imágenes más difíciles de recordar para mí, que la tuve en mente durante mucho tiempo después del juicio”, lamentó Floribeth Rodríguez, coordinadora de la Fiscalía Adjunta de Atención de Hechos de Violencia en Perjuicio de la Niñez y Adolescencia (Fanna), durante una conferencia de prensa en la víspera del Día del Niño.
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Los padres de las niñas fueron condenados a 40 años de prisión cada uno, tras acogerse a un proceso abreviado, y el caso no solo engrosa las estadísticas de violencia, sino que también refleja la realidad que enfrentan algunos niños y adolescentes en Costa Rica, una situación que se ha agravado entre el año pasado y el primer semestre de 2025.
Denuncias incrementan
Rocío De La O, fiscala adjunta de la Fanna, señaló que en 2024 el Ministerio Público recibió 7.000 denuncias por delitos contra menores de edad, principalmente por incumplimiento o abuso de la patria potestad, amenazas, lesiones, agresión con armas y homicidio calificado.
En 2024, la Fiscalía registró 1.851 casos de incumplimiento. Solo en los primeros seis meses de 2025 ya se contabilizan 1.128, lo que proyecta un cierre de año por encima de los 2.000.
“Esto es preocupante y esto nos lleva a todos a tomar medidas en beneficio de esta población, porque están siendo víctimas de agresiones físicas, psicológicas y los principales autores están en su seno familiar”, aseveró De La O.
La misma tendencia al alza se refleja en las denuncias por amenazas, que ocurren cuando un menor es intimidado por adultos en su intimidad, en centros educativos o incluso por el crimen organizado.
En 2024, el Ministerio Público registró 753 casos y solo en el primer semestre de 2025 ya suman 725.
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La fiscala explicó que la mayoría de estas amenazas surgen de conflictos vecinales o situaciones escolares, donde adultos intimidan a menores. En cuanto al crimen organizado, reconoció su presencia, aunque los casos relacionados son indagados por la Fiscalia de Delincuencia Organizada.
Lesiones y agresión con armas
Tras las amenazas, el siguiente delito más común son las lesiones, que se configuran cuando existe una incapacidad superior a cinco días, según lo certifique un médico forense. En apenas seis meses de 2025 se contabilizaron 486 casos, superando la totalidad de los 483 reportados en 2024.
De acuerdo con De La O, la agresión con armas —que puede ser cualquier objeto usado para causar daño a un menor— también muestra una alarmante tendencia. Se trata de castigos físicos aplicados por terceros encargados del cuidado de los niños, pero que no ejercen responsabilidad parental.
En este caso, durante el primer semestre de 2025, se registraron 254 denuncias. De continuar así, el año cerraría con más de 500, muy por encima de los 367 reportados en 2024.
Asesinados por sus padres
El último delito más denunciado es el homicidio calificado. “Si vemos los números en frío, podría pensarse que es poco, para ser personas menores de edad que mueren en manos de su mamá, de su papá, por el síndrome de la persona menor de edad agredida, son muchos”, afirmó la fiscala.
En 2024 murieron 14 menores de cinco años bajo estas condiciones, y en los primeros seis meses de 2025 la cifra ya suma 10.
“Son personas que sufren por un tiempo determinado agresiones de todo tipo hasta que mueren, por lesiones graves que luego se detectan en las autopsias”, agregó la fiscala.
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Una llamada salva una vida
Floribeth Rodríguez, coordinadora de la Fanna, subrayó que los niños con lesiones más severas son los más pequeños e indefensos, quienes no pueden llamar por teléfono ni pedir ayuda, por lo que una denuncia por una sospecha razonable puede salvar su vida.
“Aquí es muy importante hacer un llamado a la sociedad, si usted se da cuenta de que en una casa hay niñas o niños muy pequeñitos y usted no ve que los saquen o que salgan a cualquier parte o que los lleven en un coche, ya eso es un llamado de atención”, afirmó Ramírez.
La fiscala señaló que, en varios casos que terminaron con la muerte de un niño, vecinos o personas cercanas habían notado señales —moretones en la piel, menores que pedían comida o que mostraban resistencia cuando debían regresar con sus padres—, pero eligieron guardar silencio.
Tal fue el caso de la niña de nueve meses fallecida por hambre y de su hermana, severamente desnutrida, en Alajuela. En su entorno cercano, se ignoraron señales. “Los familiares sabían que estaban ahí, vecinos y vecinas sabían que estaban ahí”, dice Rodríguez.
Para ella, ambas sufrieron abandono por parte de sus progenitores, pero también por parte de una sociedad que cerró los ojos ante situaciones que debieron haberse denunciado.
“Esto tiene que ser un llamado de atención”, dice.
Si usted sospecha que un menor de edad podría estar en riesgo, puede denunciar a través del 9-1-1, llamar a la línea confidencial del OIJ al 800-8000-645, o al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) al 1147.