El año pasado, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) atendió a 137.000 niños y adolescentes víctimas de abandono, violencia y negligencia. La información publicada por este diario el domingo 23 de junio no permite clasificar los casos según su gravedad, pero no es difícil imaginar que quienes acuden al PANI por lo general lo hacen movidos por una profunda preocupación.
El número de niños y adolescentes atendidos equivale al 11% de la población menor de edad del país y no hay registro de un año con mayor exigencia de intervenciones para salvaguardar los derechos y la integridad de las víctimas. A lo largo del 2023, el PANI recibió una denuncia cada 4,2 minutos, es decir, 14 por hora y 340 al día.
A contracorriente de esos números, el presupuesto del PANI pasó de ¢97.400 millones a ¢90.900 millones entre el 2023 y el 2024. El recorte de ¢7.000 millones afecta a una institución ya cuestionada por una larga serie de errores y omisiones, a menudo atribuidos por sus jerarcas a la falta de recursos para atender los problemas, crecientes en número y complejidad, de la niñez y adolescencia en todo el territorio nacional.
La remoción del menor del ambiente donde corre peligro es una de las medidas más obvias a disposición del PANI, pero la institución se vio obligada a reducir entre un 17% y un 21% los subsidios entregados a las familias dispuestas a asumir la custodia. También puso freno a la entrega de nuevos subsidios.
La ayuda mensual del llamado acogimiento familiar con subvención (AFCS) disminuyó este año de ¢132.000 a ¢109.000 en el caso de menores sin condiciones especiales de salud y de ¢158.000 a ¢123.000 en el de los niños y los adolescentes con discapacidades. La magnitud del golpe financiero salta a la vista. Al cierre del 2023, había 16.218 niños y adolescentes confiados a diversas modalidades de protección.
Pero el drama de los menores no solo se agrava por la escasez de los recursos transferidos al PANI. Todo el andamiaje estatal de apoyo al segmento más vulnerable de la población se ha venido debilitando. El país está sembrando vientos y cosechará tempestades, como bien dice el refrán.
La contracción comienza por la reducción del presupuesto para la educación. En el 2023, los recursos destinados a ese rubro representaron un 5,4% del producto interno bruto (PIB). El año siguiente cayeron al 5,2% y la Contraloría General de la República (CGR) advirtió de que sería el más bajo en una década, pero la marca será superada el año entrante con un presupuesto equivalente al 4,8% del PIB, es decir, ¢65.199 millones menos. Apenas en el 2020, la cifra fue del 7,3% del PIB.
Con la reducción del gasto social orientado a la niñez, sufren los programas de becas Avancemos, los comedores escolares (programa CEN-Cinái), el transporte y otros servicios orientados a mantener a los niños y los adolescentes en las aulas, donde gozan de relativa protección frente a las amenazas del entorno, incluido el crimen organizado.
La red de cuidado infantil, ideada para ofrecerles la misma protección a los niños en edad preescolar mientras sus padres se ausentan para ganar el sustento, tampoco ha podido expandirse hasta donde es necesario. El servicio debió ampliar su cobertura en un 15% entre el 2018 y el 2022, según el plan estratégico interinstitucional, pero apenas creció un 1,6%, dice un informe de la Contraloría General de la República de octubre del año pasado.
Dar la espalda a la niñez y adolescencia, como se la estamos dando, tendrá en el futuro grandes costos en paz social y oportunidades de desarrollo desperdiciadas. Costa Rica se había venido distinguiendo por comprender esa realidad y actuar en consecuencia. Urge retomar el buen camino.
