EscucharLa Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) informó que está a la espera de la fijación de una nueva audiencia de solicitud de medidas cautelares contra cuatro investigados por el caso “Pista Oscura”.
Se trata del exministro de Obras Públicas y Transportes, Mauricio Batalla Otárola; Alejandro Picado Eduarte, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE); Marcos Castillo Masís, director de Aviación Civil; y Henry Villalobos Solís, jefe de la Unidad de Fiscalización de Obras del CNE.
Estas personas figuran en el expediente 24-000454-1218-PE, relacionado con supuestas irregularidades en la declaratoria de emergencia para rehabilitar la pista de aterrizaje del aeropuerto Daniel Oduber y en la ejecución de las obras.
En mayo, la Fiscalía solicitó al Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública una serie de medidas cautelares contra de los implicados. Sin embargo, el Juzgado determinó no acoger la petición de la Fiscalía en su totalidad.
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El Tribunal ordenó únicamente algunas de las medidas contra Batalla Otárola, Castillo Masís y Villalobos Solís. En el caso de Picado Eduarte, no se ordenó ninguna medida cautelar.
Por ejemplo, al exministro Batalla Otárola se le impidió comunicarse, influir, amenazar, intimidar y perturbar de manera directa, por terceras personas o medios electrónicos, redes sociales, llamadas, mensajes, a los testigos en la causa. Esta restricción también rige para Castillo Masís y Villalobos Solís.
La Fiscalía apeló y el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública ordenó realizar una nueva audiencia para conocer la solicitud de medidas contra Picado Eduarte y revisar las que fueron rechazadas inicialmente para Batalla Otárola, Castillo Masís y Villalobos Solís.
Detalles del caso
De acuerdo con el Ministerio Público, en la declaratoria de emergencia se incluyeron los daños en la pista de aterrizaje y se atribuyeron a la tormenta tropical Bonnie y otras ondas tropicales del 2022. No obstante, el ente acusador sostiene que los perjuicios existían antes de esos fenómenos naturales.
Esto permitió modificar un decreto ejecutivo e incluir a Liberia en la emergencia nacional, habilitando una contratación por $39,9 millones adjudicada a la empresa Constructora MECO. Con la declaratoria de la emergencia, los trámites para ejecutar las obras se simplifican.
Aparte de Castillo, Villalobos, Batalla y Picado, en esta causa se investiga a otras 10 personas, entre ellas Luis Amador Jiménez, exministro del MOPT; Natalia Díaz Quintana, exministra de la Presidencia; y el exdirector de Aviación Civil, de apellidos Naranjo Elizondo, entre otros.
