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Un largo recorrido judicial tiene a 146 personas a la espera de recibir las prestaciones que les debe una empresa estadounidense que hace 17 años quebró, despidió a todos los empleados y dejó el país sin pagar ni un colón.
Se trata de la firma de origen estadounidense Continental AFA Dispensing Company, que tenía 20 años en Costa Rica produciendo pistolas de spray o atomizadores para exportación, hasta que cerró las puertas abruptamente el 25 de julio del 2008.
En aquel momento, su gerente en el país, Danilo Serrano Pinto, había confirmado que la casa matriz le envió un “escueto” correo electrónico en el que le avisaba que, por problemas financieros, debía cerrar la planta, ubicada en el Parque Industrial de Cartago, en El Tejar de El Guarco.
Serrano, hoy de 78 años, sigue esperando el dinero que le corresponde, mientras recuerda la llamada que recibió en la que le dijeron que no le pagarían prestaciones, a pesar de que trabajó allí desde que la empresa fue fundada por unos estadounidenses que luego la vendieron a la compañía financiera que decidió cerrarla.
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“Me dijeron, ‘vea, cierra la empresa, nosotros estamos cerrando la empresa en Estados Unidos y la vamos a cerrar también en Costa Rica. El viernes tiene que despedir a todo el mundo, y no les vamos a pagar las prestaciones’”.
“Cuando me di cuenta de la situación, les dije: ‘en Costa Rica las leyes son diferentes a las de Estados Unidos. Cuando hay una quiebra, primero se le paga a los empleados y luego a los proveedores o lo que quede. Pero me dijeron que no, que no tenían que pagar porque eran una empresa en zona franca”.
La propuesta de Serrano era que vendieran el edificio, con un valor aproximado de $1,5 millones, de los cuales cerca de $500.000 irían para las prestaciones, y el millón restante sería de la compañía.
“Me dijeron: ‘no, no, no, sencillamente no’. Y me cortaron toda comunicación”.
En seguida, 220 empleados demandaron a la empresa. Algunos ante el Juzgado de Trabajo de Mayor Cuantía de Cartago, y la mayoría ante el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José.
Desde ese momento, se inició un complicado proceso legal que ya se encuentra en fase de ejecución; es decir, una sentencia favoreció a los empleados y aguardan a que una jueza calcule el monto y autorice el traslado del dinero.
Ante consulta de La Nación, el Poder Judicial confirmó que el expediente 08-001969-0166-LA se encuentra en fase de ejecución de sentencia. Fue trasladado al Juzgado de Ejecuciones Materia Laboral del I Circuito Judicial de San José, para continuar con el proceso de cobro de los montos otorgados en sentencia.
Maribel Maroto, quien trabajó durante 18 años en la compañía y llegó a ser jefa de área con 90 personas a su cargo, afirmó que únicamente falta la firma de la jueza del Juzgado de Ejecuciones, donde la demanda se encuentra desde abril del 2024, pero ella debe revisar que cada uno de los 146 montos estén correctos.
Maroto, de 62 años, agregó que una vez el Juzgado dé la orden, se enviará un edicto con la fecha del remate del inmueble que Continental AFA Dispensing Company poseía en Cartago.
Lo que alguna vez fue una empresa exportadora con más de 200 personas, ahora es una enorme bodega vacía, donde solo quedan vigas, cascarones de dos automóviles, maleza y latas de zinc dispersas por el suelo.
La maquinaria de trabajo fue robada durante estos años, y un torbellino ocurrido el 29 de junio arrancó el techo del inmueble, acentuando su abandonado aspecto.
Después de tantos años, las decenas de exempleados solo aguardan que cualquier día les notifiquen que la propiedad será vendida y el dinero que les pertenece les será devuelto.
“Justamente el 25 de julio cumplimos 17 años de estar en ese proceso. Es increíble que ellos no hayan hecho absolutamente nada por ayudar a los trabajadores a que puedan obtener ese dinero”, mencionó Maroto, quien ahora se dedica a atender un puesto de BN Servicios.
El largo camino legal
Desde un principio, el expediente enfrentó múltiples atrasos; entre ellos, que los representantes de la empresa nunca se presentaron ante las autoridades judiciales, lo que obligó al Juzgado a buscar un curador procesal, es decir, un abogado designado a representar a la parte demandada cuando esta no comparece.
Siete años después de presentada la demanda, el Juzgado de Trabajo emitió una primera sentencia a favor de los empleados, que les dio una esperanza de que pronto se resolvería el asunto.
Sin embargo, un error procesal dejó por fuera del expediente a uno de los trabajadores, por lo que la sentencia quedó anulada.
En el 2017, se emitió otra sentencia con todos los empleados involucrados, y en abril del 2019 se dictó la sentencia de ejecución, que ordenaba el giro de ¢608 millones a favor de los 146 afectados: ¢280 millones como monto principal de prestaciones (vacaciones, aguinaldo, preaviso y derechos por maternidad), ¢207 millones por intereses legales y ¢121 millones por indexación, es decir, la diferencia a su favor al ajustar los montos según la inflación.
Pero ahí no acabó el proceso, pues el bufete que representó a los demandantes reclamó que las costas legales, que se giraban en su favor, fueran de solo un 15% del total de la condenatoria, pues consideraban que debían ser del 25%.
Finalmente, el 17 de abril del 2020, el Tribunal de Apelación de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José le dio la razón al bufete, y ajustó las costas legales a un 25%.
Los exempleados están a la espera de que el Juzgado de Ejecuciones les indique cuánto dinero les corresponderá, pues tanto los intereses como la indexación deberán ser calculados de nuevo.
