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El economista Gerardo Corrales ganó una querella por difamación contra el empresario Andrés Ignacio Pozuelo, presidente de Alimentos Jack’s, tras un proceso judicial que concluyó con una condena por ofensas a su honor y reputación.
El origen del caso fue un comentario publicado por Pozuelo en Facebook, donde descalificó públicamente a Corrales luego de que este diera su opinión sobre el tipo de cambio del dólar en una entrevista con el diario La República, hace aproximadamente un año.
El tribunal resolvió que las expresiones utilizadas por Pozuelo, en las que tildó a Corrales de “bateador” y “farsante completo”, constituyen una ofensa directa y no una simple crítica a argumentos técnicos, por lo que le impuso sanciones económicas y medidas correctivas.
El comentario expresado en aquella ocasión fue: “No hay nada más odioso que un seudo experto que crea saber cuál es el punto equilibrio del precio de algo. Corrales es un bateador y un farsante completo”, según confirmó el propio Corrales.
El abogado penalista Federico Campos Calderón, representante legal de Corrales, explicó que la acción inició como una querella privada por delitos contra el honor, acompañada de una acción civil resarcitoria.
“Don Gerardo dio una opinión técnica en un medio de comunicación, y sobre eso, el señor Pozuelo tuvo una reacción realmente violenta, utilizando calificativos denigrantes contra su honor, reputación personal y profesional. Eso motivó que presentáramos la querella. Se intentó una instancia de conciliación y retractación, pero Pozuelo no aceptó ni siquiera pagar la compensación a la que se le condenaría después”, explicó Campos.
El tribunal resolvió, además de una multa, que Pozuelo deberá realizar un aporte de ¢2 millones a una fundación que trabaja en favor de mujeres agredidas, como parte de la acción civil. Dicho monto no será para beneficio personal de Corrales, enfatizó el abogado.
“En juicio, el señor Pozuelo alegó que nunca tuvo la intención de ofender, que solo era una opinión. Pero el tribunal, por mayoría, concluyó que sí hubo ofensa porque las expresiones fueron claras y directas”, agregó Campos.
El abogado también recalcó que ser una figura pública no da derecho a que otros ataquen la dignidad de una persona bajo el pretexto de libertad de expresión.
“Una figura pública debe tolerar críticas a sus argumentos, pero nunca ofensas personales. Eso fue lo que demostramos en juicio”, subrayó.
Otras sanciones ordenadas por el tribunal incluyen borrar los comentarios ofensivos de su perfil de Facebook, Publicar una disculpa expresa en el periódico La Nación y cubrir las costas judiciales del proceso.
Por su parte, Gerardo Corrales destacó que este fallo representa un precedente para limitar los abusos en redes sociales y defender el derecho al honor en Costa Rica:
“Hoy es un día histórico. Se ha vuelto deporte nacional atacar y descalificar personas en lugar de discutir argumentos. Esta sentencia reafirma que hay libertad de expresión, pero quien abuse de ella debe responder”, expresó Corrales tras conocer la resolución.
