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Por primera vez en su historia, la Asamblea Legislativa conocerá un informe de la Corte Plena que recomienda la destitución de un magistrado como forma de sanción.
Ante ello, los legisladores ya empiezan a idear y a consultar cuál es el procedimiento que deben seguir una vez que reciban la notificación de la Corte pues, según indicaron varios de ellos, no hay un camino trazado al respecto.
El caso específico se relaciona con la denuncia por acoso sexual y laboral a una jueza que afrontó el magistrado de la Sala Primera Óscar González Camacho.
La noche del lunes, tras una larga jornada en la que se conoció el informe rendido por un órgano instructor del caso, la Corte Plena decidió que González sí incurrió en esa falta y la calificó como “gravísima”. Tras 36 votaciones, los jueces determinaron que la sanción que corresponde es la destitución y que se lo comunicarán a la Asamblea Legislativa, la cual es la única autorizada por ley para ese despido.
¿Qué harán entonces los diputados ante la gestión de la Corte?
“No tenemos en este momento una ruta clara de cuál es el procedimiento; por eso queremos consultarlo”, respondió el legislador liberacionista y presidente del Congreso, Luis Fernando Mendoza.
“Una vez que llegue la notificación formal, vamos a hacer las consultas a los órganos de asesoría jurídica de la Asamblea. También valoraremos ponerlo en discusión del plenario”, agregó.
Carlos Góngora, jefe de fracción del Movimiento Libertario, apuntó que la Constitución faculta a los diputados para quitar la inmunidad de miembros de altos poderes en casos penales, y que eso podría tomarse como referencia en este caso disciplinario.
“La Sala IV en su oportunidad había condenado a una Asamblea Legislativa que no hizo un debido proceso. Me parece que la cautela debe imperar, ver si la Corte ya hizo el debido proceso, qué garantías se dieron o no”, indicó Góngora.
Similar criterio expresó el representante del Frente Amplio, José María Villalta. “Es un caso que no está claramente normado, pero se deben aplicar procedimientos similares. Hay que esperar que llegue formalmente el caso y luego aplicar un procedimiento que forzosamente incluye un debido proceso”, señaló.
Por su parte, el jefe de bancada del Partido Unidad Social Cristiana, Rodolfo Sotomayor, consideró: “Como es un tema inédito, habrá que cuidar las formas, para no solo garantizar el debido proceso de las partes, sino porque va a sentar un precedente histórico”.
La Ley Orgánica del Poder Judicial establece que cuando amerite la revocatoria de nombramiento de un magistrado, la Corte Plena lo comunicará al Congreso.
‘Desproporcionado’. Este martes, en un comunicado de prensa, González sostuvo que es inocente del acoso sexual que se le achaca.
“Mantengo mi posición de que soy inocente y que acudiré a los remedios procesales que procedan contra esta resolución, que considero injusta y desproporcionada”, indicó el juez en el escrito remitido a los medios de comunicación.
La magistrada de la Sala Tercera Doris Arias explicó que el acuerdo quedaría en firme hasta la próxima sesión de Corte Plena, cuya fecha está por definirse, y que, entre tanto, puede ser objeto de una solicitud de revocatoria o revisión.
Por su parte, Priscila Quirós, jueza de lo contencioso-administrativo, quien denunció a González, dijo estar “satisfecha y agradecida” tras la resolución de la Corte.
“Se demostró que Priscila Quirós no está mintiendo”, apuntó la jueza, quien también denunció penalmente al magistrado por el supuesto delito de violación.
