EscucharEntre el 2020 y el 2023, las denuncias por delitos cometidos por menores de edad incrementaron en un 110,7%, pasando de 6.599 delitos a 13.911. De acuerdo con Patricia Vargas, magistrada de la Sala de Casación Penal y coordinadora de la Subcomisión Penal Juvenil, las causas de la criminalidad son múltiples, por lo que “es un fenómeno complejo, que no se soluciona a golpe de ley”.
“Las leyes contribuyen, son una herramienta útil, pero la respuesta a un problema social tiene que ser de carácter social. Por ejemplo, si estamos hablando de personas que se involucran en la delincuencia por falta de oportunidades, lo que tenemos que crear son oportunidades”, aseguró.
En entrevista con La Nación, la letrada abordó estas y otras necesidades que enfrentan los jóvenes en la sociedad actual y que influyen en su involucramiento en las actividades ilícitas, así como al aumento de los delitos cometidos por este grupo etario.
– ¿Qué considera que puede influir para que un joven se interese en la criminalidad?
– A mí me habla un poco de la forma de ser por el desarrollo maduracional que tienen los niños, niñas y adolescentes en este país. Son personas que tienen una menor capacidad reflexiva y pueden ser un poco más espontáneos en las conductas que cometen.
“En medio de este periodo tenemos el tema de la pandemia, verdad, tenemos el tema del apagón educativo, un retroceso en las oportunidades que tienen para formarse y mantenerse lejos de los hechos delictivos, todo esto de la mano con un aumento de ciertos fenómenos de criminalidad que son cada vez más complejos, como la delincuencia organizada”.
– ¿El aumento en las denuncias contra menores obedece a un reforzamiento en la cultura de la denuncia o en un aumento en la criminalidad juvenil?
– En la delincuencia, siempre hay una cifra de hechos que no se denuncian. Sí ha existido un incremento de las denuncias; sin embargo, una cosa es una denuncia y otra cosa es cómo culmine el proceso.
“Creo que también ha existido un esfuerzo por parte del Poder Judicial y el Ministerio Público para que la gente se acerque a denunciar. Es necesario que la gente entienda que tiene todo un aparato de administración de justicia para procesar estos casos. Nadie tiene por qué tomar la justicia por sus propias manos y menos todavía tiene por qué sentirse desamparado y pensar que no tiene respuesta ante un hecho que le afecta”.
– De los delitos cometidos por menores, que tuvieron un aumento, ¿cuál considera más alarmante?
El aumento de los homicidios dolosos, que, bien que mal, no es tan dramático como en otras delincuencias, pero yo creo que sí hay que considerarlo. Esto no puede pasarse por alto porque tenemos personas menores cometiendo delitos dolosos en una mayor medida. Hablamos de 127 casos si sumamos homicidios dolosos y tentativas de homicidio solo en el 2023.
“Existe un incremento de los abusos sexuales contra personas menores de edad, pasamos de 374 en el 2019 a 1.338 en el 2023, pero esto no es exclusivo de personas menores de edad. Lo vemos en adultos también y es una preocupación constante”.
– ¿Cómo el crimen organizado llama la atención de los jóvenes?
No soy psicóloga o trabajadora social para responderlo con autoridad, pero sí tengo claro que lo que los jóvenes no encuentran en la familia, como seguridad y protección, van a buscarla, porque es lo propio de la edad, en otros espacios que no siempre son los mejores. Si los padres no pueden brindar seguridad y protección, debería de ser el Estado, entonces por ahí tenemos un trabajo importante que hacer.
– ¿Qué acciones se deben tomar de manera inmediata para frenar este aumento en la delincuencia juvenil?
Muchos de estos temas pasan por un tema también de educación sobre el respeto de los derechos de las demás personas. Las personas menores de edad tienen que encontrar la capacidad primero de empatía, de ponerse en los pies de los demás, y aprender a respetar los derechos de los demás y trabajar por supuesto el tema de control de impulsos, insisto.
“Todos los jóvenes necesitan un soporte, necesitan información, necesitan que les ayuden a crecer, a desarrollarse como personas adultas, y en este momento las respuestas institucionales en ese sentido están siendo muy débiles, muy, muy débiles”.
– ¿De qué manera se pueden incentivar a los jóvenes a no involucrarse en la criminalidad?
– El Estado sí o sí tiene que estar en aquellas comunidades que hoy policialmente se pueden identificar como zonas rojas, zonas conflictivas, generando espacios seguros para la niñez y para la adolescencia costarricense, donde se puedan formar, estudiar y soñar. Donde el Estado no está abriendo espacios a ese tipo de sueños, hay otros que sí lo están haciendo y en ciertos lugares, los líderes o los referentes que se están construyendo no son positivos.
“Si estas oportunidades no se dan, lamentablemente crecen estas personas en la marginalidad, crecen en la exclusión, y el día de mañana se convierten también en personas adultas excluidas”.
– ¿Cree que el acceso a la educación y las oportunidades para los menores se ve dificultado por el origen y las condiciones socioeconómicas de estos?
– Hoy esos procesos están dificultando muchísimo en el país y creo que tiene que ser objeto de atención por parte de las instituciones a las que les corresponde poner atención, o que tienen la responsabilidad porque así se le designó por ley, por la Constitución Política, de abordar esas temáticas, cada uno desde su rol.
“Asumir la responsabilidad que le corresponde para garantizarle un futuro a esta niñez, si es que queremos revertir la situación que estamos viviendo, que es un proceso quizá no tan rápido, porque las respuestas sociales no son tan veloces. Pero yo creo que es el camino seguro para evitar que hoy tengamos una generación perdida y el día de mañana otra y así sucesivamente”.
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