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Cuatro sospechosos de formar una organización que robaba combustible no podrán salir del país ni cambiar su domicilio, mientras se les investiga dentro del Caso Huachicoleros, en el que también es imputado el empresario Gilbert Bell Fernández, alias Macho Coca.
La Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) informó de que los cuatro hombres, de apellidos Barrantes Varela, Maitland Sterling y dos de apellidos Soto Rivera, se entregaron a las autoridades el pasado martes, tras casi dos meses en fuga.
Luego de ser indagados y trasladados al Juzgado Penal de Limón, el juez les impuso las medidas cautelares de impedimento de salida del país, firmar semanalmente en la Fiscalía de Limón y mantener domicilio fijo. Además, a uno de los imputados –Soto Rivera, conocido como Gordillo– se le identificó como presunto líder de la banda y debió entregar su pasaporte al Juzgado. Estas medidas estarán vigentes hasta el 10 de junio, confirmó el Poder Judicial.
Las casas de estos cuatro sujetos habían sido allanadas el 10 de diciembre del 2024, durante operativos en las terminales de Recope, en Moín, y El Alto; el edificio Hernán Garrón (Tournón), una oficina de Incopesca, tres estaciones de servicio en Sarapiquí y Poás de Alajuela, así como en casas y predios en el cantón Central de Limón, Guápiles y Alajuelita. Esta fue una de las primeras investigaciones por robo de combustible declaradas como crimen organizado.
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Ese día se pretendía la captura de 18 sospechosos, pero, al cierre del operativo, se confirmó la detención de 10 de ellos, apellidados Molina, Córdoba, Bloonfield, Méndez, Alanis, Camacho, Castellón, Obando, Arrieta y Trigueros.
Bell, quien ya estaba encarcelado desde el 11 de octubre del 2024 por robo agravado de combustible, también fue presentado ante el Ministerio Público por esta nueva causa.
Al parecer, los involucrados usaban una finca de Recope y otras propiedades en Moín para instalar tomas ilegales en el poliducto que se ubica entre la línea marítima de la Refinería y los barcos petroleros. Luego, los hidrocarburos eran vertidos en tanquetas y estañones, para finalmente trasladarlos a otras zonas por medio de autobuses, vagonetas, vehículos livianos, camiones, entre otros. El perjuicio económico se estima en ¢5.000 millones en dos años.
Algunos de los objetivos de los allanamientos eran la captura de tres funcionarios de Recope y otro de una empresa privada, quienes en apariencia colaboraban con las tres bandas en el ilegal negocio. “Durante la línea de investigación, se pudo determinar que, en apariencia, esta actividad ilícita estaba siendo realizada en subgrupos y era liderada aparentemente por un sujeto de apellido Bell”, detalló en aquel momento el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
