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La situación ya no es excepcional. El asesinato de una mujer a manos de su esposo en La Mona de Golfito ocurrió a pesar de que él había sido denunciado por violencia doméstica.
De hecho, el Juzgado confirmó que el año pasado dictó medidas de protección en favor de Heisel Badilla Barrias, de 30 años, para mantener alejado a su cónyuge, de apellido Zúñiga, de 32.
Él había sido desalojado de la casa y no podía acercarse a ella. Tampoco podía agredir a Badilla de ninguna manera y la víctima podía acudir al auxilio policial en caso de incumplimiento.
Esa restricción fue establecida por un año a partir del 22 de octubre del 2018, pero solo un día después de aquella solicitud, la víctima gestiónó el levantamiento.
Esa última gestión no se dio de manera automática. Ante la duda por el súbito cambio de actitud de la mujer, el Juzgado ordenó un estudio al Departamento de Trabajo Social y hace 12 días, el 11 de marzo del 2019, el Juzgado de Familia de Golfito acordó levantar la restricción con base en el informe del equipo especializado levantar la restricción y considerando los hechos denunciados en su oportunidad
Sin embargo, la decisión apenas estaban en proceso de notificación, por lo tanto las medidas de protección seguían vigentes, informó el Departamento de Prensa del Poder Judicial.
La valoración familiar de los trabajadores sociales no encontró razones para extender las medidas de protección.
Según vecinos la pareja vivía junta de nuevo y la víctima no alertó de nuevas agresiones, más bien en redes sociales publicaban fotos de actividades de fin de año en las que estaban juntos.
Badilla era madre de cinco niños; Zúñiga es padre de los tres menores. La pareja era oriunda de Golfito y habían contraído matrimonio hace tres años.
El abogado penalista Daniel Vega, explicó que en muchos casos de violencia doméstica, la mujer que está bajo esa situación es manipulada por el agresor para que quite las medidas.
“En esos casos el problema es que si el Juzgado quita las medidas y luego la persona es asesinada, al primero que se responsabiliza es al juez por quitar las medidas sin verificar”, dijo Vega.
Por esa razón, es normal que la autoridad judicial solicite a un equipo especializado que analice la situación y evitar que se dé esa circunstancia.
En este caso, añadió el penalista, habría que analizar si el informe de trabajo social que iba a ser notificado a esta pareja se basaba en parámetros efectivos, o por el contrario si habría alguna “negligencia” al levantarlas sin percatarse de que la agresión seguía.
“Puede darse el hecho de que la pareja influya y manipule a los trabajadores sociales para dar a entender que no había nada”, dijo.
Vega dice que son muchos los escenarios que surgen en casos de violencia doméstica. A veces la víctima no se quiere alejar de la persona agresora porque se crea una dependencia y “más bien la persona antes de sentirse víctima, se siente culpable de lo que está pasando. No sé si en este caso fue esa la circunstancia", puntualizó.
Se expone a penas de hasta 35 años
El Juzgado Penal de Golfito dictó un año de prisión preventiva contra Zúñiga Fuentes, sospechoso de asesinar con un cuchillo a su esposa.
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El hombre se expone a penas entre 20 y 35 años, según lo que dispone el artículo 112 del Código Penal, misma pena que dispone la Ley de Penalización de la Violencia Contra las Mujeres (N.° 8589).
El asesinato de Badilla ocurrió tras una discusión entre la pareja, en La Mona de Golfito.
Según las primeras investigaciones, el agresor le propinó varias estocadas en el tórax, brazos y caderas a Badilla. Los gritos de la mujer alertaron a los vecinos que solo vieron el momento en que el hombre escapaba de la escena, mientras ella moría en la sala.
La búsqueda por parte de policías y vecinos permitió dar con Zúñiga en las cercanías del Depósito Libre Comercial de Golfito, a unos cinco kilómetros del lugar. Allí fue detenido y puesto a las órdenes de las autoridades judiciales.
La Fiscalía de Golfito solicitó prisión preventiva, para continuar con la investigación en contra de Zúñiga por el delito de feminicidio.
La medida cautelar fue dictada la tarde de este miércoles luego de la declaración indagatoria que realizó el Ministerio Público y que concluyó esta madrugada, a la 1 a. m.
La investigación se tramita bajo el expediente 19-000597-062-PE, informó la oficina de prensa del Ministerio Público.
Niños con abuela materna
De igual manera, desde que ingresó la alerta, funcionarios de la oficina del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) de Golfito intervinieron en el caso.
Los cinco menores, de 13, 11, 5, 3 y 2 años –cuatro mujeres y un varón– quedaron por ahora bajo el cuidado de la abuela materna.
De forma paralela, se inició la intervención psicosocial y legal por parte de esa entidad, acción conocida como el Proceso Especial de Protección.
La oficina de prensa del PANI indicó que están valorando recursos familiares maternos y paternos, para definir el destino de los menores, tres de los cuales son hijos del sospechoso.
