Una banda conformada por 38 personas se dedicaba a cometer fraudes millonarios y estafas de naturaleza notarial- registral en contra de ciudadanos, en su mayoría extranjeros, y de entidades bancarias.
Todos fueron aprehendidos durante 19 allanamientos realizados este miércoles en diferentes provincias del país, como San José (Moravia, San Francisco de Dos Ríos), Cartago (Tres Ríos), Liberia y Heredia, luego de una investigación que se extendió por unos tres años.
Entre los detenidos hay abogados, contadores, un empleado del Banco de Costa Rica (BCR) de Curridabat, un funcionario de la agencia de vehículos BMW, dos funcionarios de la Dirección General de Aduanas y tres de una empresa privada.
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La organización contaba con tres líderes, dos hombres, de apellidos Marsh y Román, y una mujer apellidada Larios. Ella cuenta con formación jurídica, mientras que Román es abogado.
¿Cómo operaba la organización?
Los cabecillas tenían un grupo de confianza en el que figuran al menos dos defensores y dos contadores, quienes junto con otros sujetos se dedicaban a reclutar a "frenteadores" o testaferros, a quienes les creaban perfiles financieros falsos.
Las autoridades identificaron que las personas reclutadas regularmente carecían de trabajo o ganaban muy poco; sin embargo, se desconoce cuánto les pagaba la organización por su complicidad.
Una vez listos los falsos perfiles, los "frenteadores" acudían a diferentes entidades bancarias o financieras para pedir créditos, en los cuales una propiedad que había sido obtenida de manera ilícita funcionaba como garantía.
"Al ser el perfil falso, de inmediato se incumple el contrato de financiamiento que se hacía. Además, ese mismo perfil era utilizado para obtener carros de lujo, como Mercedes Benz, Audi y BMW, que luego eran traspasados a otras personas", detalló el fiscal general Jorge Chavarría.
Trascendió que los terrenos que respondían por esos créditos en ocasiones pasaron a manos de bancos, los cuales no podían proceder con su venta debido a que su verdadero dueño finalmente era otra persona.
También hay propiedades que actualmente están en manos de terceros, que también son víctimas del hecho delictivo.
Ni la Fiscalía ni el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) tienen la cifra sobre la cantidad de personas que perdieron sus propiedades debido a los movimientos de la agrupación, pero se estima que al menos serían unos 31 afectados.
"Hay una importante cantidad de personas afectadas, se afectó la fe pública, se sembraron hechos falsos y se confeccionaron documentos ficticios. Además, se provocó fraude, estafa y perjuicio económico a entidades bancarias y al erario público", explicó el director del OIJ, Wálter Espinoza.
El jerarca añadió que estos casos son complejos porque los bienes se traspasan a nombre de muchas personas, por lo que el rastreo es más complejo.
El dinero obtenido en los préstamos era utilizado por la banda para comprar carros, los cuales tienen un valor superior a los $100.000 cada uno.
Según el OIJ, el grupo adquirió 22 automóviles, de los cuales 20 fueron recuperados durante el tiempo en el que se desarrolló la indagación.
La pesquisa permitió determinar que la organización tenía contactos en Panamá, donde se pretendía entregar los vehículos a cambio de otros de un modelo similar. Asimismo, se determinó que el grupo también planeaba vender los autos en partes.
Labores específicas
Las labores del funcionario del BCR, de apellido López, era informar a la banda sobre los requisitos que solicitaban las instituciones bancarias y financieras para la obtención de créditos, eso les permitía que, a la hora de hacer los perfiles falsos se cumplieran todos los requerimientos.
En total, las autoridades tienen documentada la creación de 22 perfiles de ese tipo.
En tanto, la labor de Moya, quien trabajaba en la BMW, era aprobar créditos y canalizarlos.
Finalmente, los dos contactos en Aduanas, en este caso en la de Limón, identificados con los apellidos Harrintong y Montoya, ayudaban al grupo a pasar artículos sin pagar impuestos o pagando menos de lo que correspondía. Los otros tres empleados aduaneros involucrados, apellidados Quirós, Fernández y Solera, estaban contratados en una firma privada.
Se desconoce el monto económico que recibía cada uno de los funcionarios por colaborar con el grupo criminal.
Uno de los abogados detenidos es un hombre de apellido Martínez, padre de la fiscal adjunta de Limón, Karolina Martínez Solano, quien está casada con el fiscal adjunto contra la Delincuencia Organizada, Francisco Fonseca Ramos. Según la Fiscalía, ellos no tuvieron relación con este caso.
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En los operativos se decomisaron varios documentos como evidencia que serán utilizados para el avance de la investigación.
El despliegue policial de este miércoles requirió la presencia de 325 investigadores, 17 jueces y 17 fiscales.