El joven asesinado la tarde de este jueves en Paso Canoas (en la frontera con Panamá), afrontó su primer lío judicial a los 18 años, por supuestamente agredir a dos policías. Se trata de Christopher Barrantes Marchena, de 23 años, quien murió luego de recibir varios balazos mientras se encontraba en un local que tenía en la zona junto con un amigo suyo, de apellidos Castro Salazar, de 20, quien también resultó herido en el ataque.
De acuerdo con la sentencia N°. 127-2016, dictada por el Tribunal de Flagrancia de Corredores, el 7 de noviembre del 2016, Barrantes fue condenado a un año de cárcel por el delito de resistencia agravada, cometido en perjuicio de la autoridad pública. Por no tener antecedentes le otorgaron el beneficio de ejecución condicional de la pena por tres años, tiempo en el que no debía delinquir.
En ese fallo judicial se explica que el 13 de octubre del 2016, dos oficiales de la Fuerza Pública llegaron hasta la plaza de deportes de Barrio San Jorge de Paso Canoas para abordar a otro individuo, quien al parecer llegaba hasta esa zona para vender estupefacientes. Cuando supuestamente los policías hacen su trabajo de identificación y requisa del hombre, empiezan a ser agredidos verbalmente por tres muchachos que estaban a poco más de 50 metros de distancia.
Uno de los oficiales, de apellido Trejos, declaró que los jóvenes les gritaban entre otras cosas: “Hijuep... policías, busquen trabajo”. Ante esos hechos, ambos supuestamente se acercaron al trío para pedirles bajar los ánimos. Dos de ellos, agregaron Trejos y Campos (el otro policía), sí colaboraron con la autoridad y se tranquilizaron, pero Barrantes al parecer no.
Se dio una trifulca entre los efectivos de la Fuerza Pública y el joven, quien los habría golpeado en la cara y en las extremidades superiores. Por esa razón fue detenido y puesto a las órdenes judiciales. Poco menos de un mes después, fue sentenciado a prisión; no obstante, el defensor público Víctor Reyes interpuso un recurso de apelación, ya que consideró que las versiones de los oficiales tenía contradicciones “groseras” y daban un escenario muy diferente entre sí.
Además, insistió, los policías detuvieron a Barrantes para “disfrazar un delito de abuso de autoridad cometido en pleno ejercicio de sus funciones”, ya que, según su teoría, la discusión entre los involucrados se dio porque el encartado los estaba grabando y eso, supuestamente, no fue de agrado de los funcionarios públicos.
En la resolución 2017-014, del 20 de enero del 2017, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago le dio la razón al imputado y ordenó anular lo resuelto, así como realizar un juicio de reenvío. Se desconoce qué ocurrió en el nuevo debate.
El homicidio
Barrantes y su amigo Castro se montaron un negocio en esa zona, en donde tenían máquinas para jugar, así como lotería a la venta. Este jueves, a las 6 p. m., estaban en el sitio como era costumbre, cuando llegaron dos sujetos en moto y abrieron fuego contra ellos. Producto del ataque, Barrantes murió y el otro sujeto quedó herido.
Tras ser alertados de la situación, los agentes judiciales llegaron para hacer el análisis de la escena, en la cual encontraron alguna droga. Lo anterior, aunado a la versión de que ese local comercial era una mampara para hacer los negocios ilícitos, hace pensar al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de que se trató de un ajuste de cuentas relacionado con el narcotráfico.
De momento, el caso permanece en investigación para poder dar con los responsables, así como para confirmar el móvil del ataque.
